Desde el pasado 04 de febrero ocurre en
Venezuela uno de los peores accidentes de toda la explotación petrolera en el
país, cuando una tubería rota del
Complejo Operacional Jusepín, estado Monagas, derramó una cantidad hasta hoy
desconocida de crudo la cual se expandió 140 kilómetros, contaminando las aguas
del rio Guarapiche, una de las principales fuentes de líquido de la ciudad de
Maturín. El daño al afluente de agua fue de tal magnitud que obligó a la
suspensión total del servicio tanto a los hogares de la capital del estado como
a los diferentes centros de salud, además de la suspensión de clases en cinco
municipios de la región. A pesar de la falta de información oficial, se estima
que los daños al ecosistema son graves e irreversibles, dañando la producción de
alimentos de la zona con la consecuente pérdida de las cosechas y afectando a
decenas de pequeños y medianos agricultores.
El previsible cerco a la información, sin
embargo, no ha tenido un contrapeso en la difusión de noticias por parte de un movimiento
ambientalista y verde tan proactivo como articulado. Todo lo contrario. Una
parte de las iniciativas ecologistas, que durante la década de los 90´s
protagonizaron diferentes e importantes luchas, ha sido cooptado por el Estado
bolivariano. Muchos de los viejos activistas hoy ocupan diferentes puestos de
responsabilidad en el gobierno bolivariano, incluyendo el Ministerio de
Ambiente. Además, siendo la estatal petrolera PDVSA la principal receptora de
ingresos del país y la primera fuente de financiamiento de los programas
sociales conocidos como misiones, ha inmovilizado el cuestionamiento de las
consecuencias sociales y ambientales de la explotación de recursos minerales. Muchos
de los “ecologistas” que durante la década de los 80´s y 90´s criticaban
duramente la principal fuente de contaminación en el país, la actividad
petrolera, tienen 12 años sumidos en un silencio cómplice. No fueron pocos
quienes ingresaron a la industria tras la recomposición burocrática del año
2003, cuando casi 20.000 trabajadores de la empresa fueron despedidos tras el
llamado “paro petrolero” de finales del 2002. Algunos, incluso, han intentado
el malabarismo de teorizar sobre la existencia de un “ecosocialismo” basado en
la profundización de la economía primario exportadora en el país. En la otra
acera, sin embargo, el panorama no es más alentador. Algunas de las
organizaciones ambientalistas más conocidas reciben financiamiento de las
compañías transnacionales energéticas para proyectos de “desarrollo sustentable”.
Si se revisa el último directorio conocido de grupos ambientalistas en el país
se podrá constatar que de un centenar de organizaciones, ninguna trabaja la
afectación del medio ambiente producido por la extracción de minerales e
hidrocarburos. Como un elemento adicional a la parálisis se encuentra la
electoralización de la agenda de los movimientos de base venezolanos, los
cuales mientras ocurre una de las peores tragedias ecológicas de los últimos
años se encuentran movilizados casi exclusivamente en la campaña electoral de
alguno de los dos bandos.
En Venezuela no existe una discusión acerca
de un proyecto de país posterior al previsible agotamiento de los recursos
energéticos. Bolivarianos y opositores se mantienen en una dura pugna por
controlar la renta petrolera en el país, y sobre ella basan su oferta
electoral. Las luchas de las diferentes comunidades indígenas, campesinas y de
pescadores contra la contaminación energética se desarrollan de manera aislada
y sin interlocutores en otras movilizaciones ciudadanas. Y como ocurre con la
contaminación gasífera en la comunidad kariña de Tascabaña (estado Anzoátegui),
Pdvsa realiza con impunidad el peor de
los chantajes: Si los afectados y afectadas denuncian serán retiradas las
diferentes misiones presentes en la comunidad.
El petróleo, gas, carbón y demás minerales
venezolanos alimentan las calderas de la globalización económica capitalista.
La expansión y arraigo de las empresas mixtas ha revertido la nacionalización
de la industria, ocurrida a mediados de los 70´s. Centenares de familias
humildes sufren diferentes enfermedades y alteraciones genéticas como
consecuencia de la contaminación. Especies animales y vegetales son amenazadas
de extinción por la deforestación de sus hábitats y la afectación de las
fuentes de agua.
Comunidades indígenas son desplazadas de sus tierras
ancestrales y pierden su cultura debido al impacto de los enclaves carboníferos
y petroleros. La cultura producto de la renta petrolera nos ha hecho un país
cada vez más dependiente e importador, que alimenta los delirios
estadocéntricos, la carrera armamentista y la militarización del país.
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