Por: Simón Rodríguez Porras
Partido Socialismo y Libertad
Ante las masivas protestas de abril a julio, el gobierno cívico-militar huyó hacia delante, imponiendo en elecciones fraudulentas una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) plenipotenciaria, bajo el control unánime del chavismo. Venezuela sufrió un cambio de régimen con el aval de las Fuerzas Armadas. Sin embargo la victoria de Maduro ha sido pírrica, la crisis económica sigue agravándose y la enorme mayoría de la población repudia al gobierno. Y lo más importante es que hay un incipiente proceso de movilizaciones populares y obreras autónomas.
La derrota de las protestas sigue pesando en la conciencia popular. Durante los tres meses de la rebelión que intentó sacar a Maduro, las fuerzas policiales, militares y paramilitares asesinaron a más de cien personas, miles fueron heridos y detenidos, sufriendo vejaciones en calabozos y cuarteles. Todavía hoy, centenares de personas están detenidas por haber protestado. Y se preparan nuevas herramientas represivas. La ANC en noviembre aprobó una “ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, que establece penas de hasta 20 años de cárcel por la emisión de opiniones que promuevan “cualquier forma de violencia”. El gobierno se prepara para las grandes confrontaciones sociales que vendrán, montando un entramado legal dictatorial.
Pero este autoritarismo tiene pies de barro. Desde octubre el país ha caído en la hiperinflación. El ajuste inflacionario aplicado por Maduro para sostener sus pagos de la deuda externa ha sido de tal magnitud que el salario mínimo ha sido reducido a menos de diez dólares mensuales. Los bancos aplican un corralito y solo entregan a los ahorristas en efectivo el equivalente a un dólar diario. En los últimos cuatro años el gobierno ha pagado más de 71 mil millones de dólares a los buitres financieros y ha reducido las importaciones en un 78%. El Producto Interno Bruto se ha reducido en más de un tercio, con lo cual la proporción entre la deuda y el tamaño de la economía es hoy peor que en 2013. Pese a todo, el gobierno continúa asignando dólares a sectores de la burguesía a 0,01% de su valor en el mercado paralelo. Un burdo saqueo al que se suma la entrega del 12% del territorio a transnacionales mineras para la explotación del oro, el coltán y los diamantes, en el Arco Minero del Orinoco, y las consabidas empresas mixtas petroleras con transnacionales.
Los más de 700 saqueos en el año 2016 o el masivo saqueo en la parroquia de El Valle en Caracas el 20 de abril de este año, han sido una respuesta popular desesperada a la decisión del gobierno de recortar drásticamente el consumo de alimentos para sostener los pagos de la deuda externa. Recientemente, el 24 de noviembre, centenares de personas realizaron saqueos en la ciudad centrooccidental de Nirgua, en medio de un operativo gubernamental de venta de productos a precio subsidiado. Más de una cuarta parte de la población está subnutrida. Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) han fracasado como mecanismo compensatorio de distribución de alimentos subsidiados, su verdadera función es la de extorsionar políticamente a los sectores vulnerables.
El “diálogo” de dos aparatos en crisis
La orientación de la coalición de partidos patronales, la MUD, ha sido una extensión de la política del gobierno imperialista de EE.UU. Tanto Obama como Trump han presionado a Maduro para que concurra a negociaciones con la MUD, mediante sanciones financieras individuales a dirigentes chavistas y más recientemente con sanciones que limitan las transacciones con bonos de deuda estatal venezolana por parte de ciudadanos y empresas estadounidenses. Por otra parte, el gobierno de EE.UU. y la MUD han hecho todos los esfuerzos posibles por evitar que el gobierno de Maduro caiga de manera desordenada como efecto de la movilización popular. Cuando en julio de este año la MUD, desbordada por las protestas populares que exigían la salida de Maduro, se vio obligada a proponer la conformación de un gobierno de unidad nacional, la respuesta del gobierno de Trump fue aclarar que solo reconocía al gobierno de Maduro como gobierno legítimo de Venezuela. Un espaldarazo decisivo que dejó en ridículo a las denuncias estridentes de “golpe” por parte de Maduro.
La MUD no sólo aceptó participar en las elecciones fraudulentas de gobernadores. Más aún, aceptó el resultado. Cuatro de los cinco gobernadores opositores se juramentaron ante la ANC y el gobernador del estado Zulia fue destituido por no reconocer al órgano del poder supremo. En el estado Bolívar el candidato de la MUD denunció el fraude pero la coalición no acompañó su reclamo. Finalmente se ha producido una división en la MUD, que oficialmente no participa en las elecciones municipales de diciembre, mientras que los partidos que la integran lanzan candidaturas a alcaldes por su cuenta. El Partido Socialismo y Libertad (PSL) llama a no votar en el proceso fraudulento y a retomar la movilización obrera y popular.
Como era de esperar, las negociaciones en República Dominicana han significado un nuevo retroceso para la MUD, que pretendía conseguir garantías para las elecciones presidenciales a realizarse en 2018. El gobierno ahora supedita la realización de las elecciones presidenciales, para las cuales ya Maduro es candidato, al levantamiento de las sanciones de Trump.
En el gobierno las disputas internas también se intensifican. Maduro desató una razzia contra el sector burocrático encabezado por Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa y ex ministro de Petróleo, quien se desempeñaba desde hace tres años como embajador ante la ONU. Más de setenta gerentes de Pdvsa han sido detenidos bajo cargos de corrupción, incluyendo al sucesor de Ramírez, Eulogio Del Pino. La disputa se agudiza y deja fuera del reparto de la renta petrolera a una de las tendencias burocráticas más debilitadas por la muerte de Chávez. Los militares pasan a controlar directamente Pdvsa, junto a los principales ministerios y a una veintena de empresas de las Fuerzas Armadas.
Por abajo, los trabajadores empiezan a movilizarse. Además de las protestas en las empresas básicas del aluminio y el hierro, arruinadas por el chavismo, ha surgido de un movimiento de lucha por aumentos salariales en la Faja Petrolífera del Orinoco. Durante dos semanas, en el sur de Anzoátegui y Monagas los trabajadores han llevado adelante, con apoyo de las comunidades populares, una huelga de brazos caídos en la industria petrolera. La protesta tiene amplia simpatía entre la mayoría de los más de cien mil trabajadores a nivel nacional.
Para los primeros meses de 2018 se avizoran grandes confrontaciones. Ante el descontento general hacia el gobierno y la MUD, la oposición de izquierda puede postularse como alternativa política, participando en las luchas con un programa económico alternativo, partiendo del no pago de la deuda externa, la nacionalización de la industria petrolera y la confiscación de las propiedades y cuentas de los boliburgueses que realizaron gigantescos desfalcos mediante fraudes de importaciones.
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