Dos derechas y varias verdades

Luis Fuenmayor Toro

La lucha venezolana por el poder no se corresponde con la tradicional idea de una izquierda popular y patriótica, deseosa de sacar al país del subdesarrollo y la dependencia, para mejorar la vida de sus habitantes, enfrentada a una derecha que impulsa todo lo contrario. Las identidades de la MUD y el Gobierno en lo que respecta al modelo rentista petrolero de venta de crudo, ausencia de desarrollo industrial, importaciones masivas, la creación de asociaciones con transnacionales para la explotación petrolera y minera, el control de cambios, la devaluación, la ausencia de crecimiento científico y tecnológico, el mantenimiento de un nivel educativo muy bajo, la inexistencia de empleos complejos, sustentables y bien remunerados, y el desinterés en la construcción de verdaderas ciudades, comprueba que son dos sectores antinacionales en pugna por la teta petrolera y más nada.

La incapacidad, rapacidad e ignorancia del Gobierno ha generado un estado de gran malestar nacional. Existen muchísimas razones para protestar: inseguridad, desabastecimiento, inflación, corrupción, ausencia de servicios y violación de derechos ciudadanos y políticos. Además, el derecho a la protesta es constitucional y no puede ser impedido, como tampoco puede serlo el derecho a la información, hoy cercenado por decisiones dictatoriales arbitrarias del Gobierno sobre los medios de comunicación, incluida la Internet, la restricción de dólares para la importación de papel, la adquisición forzosa de televisoras y periódicos y un manejo político clientelar de las frecuencias radio eléctricas de todos los venezolanos.

El Gobierno es el garante de la seguridad de las personas. Es el único que constitucionalmente puede ejercer la violencia legítima, siempre dentro del mayor respeto de los derechos humanos. Esta facultad no puede ser delegada ni asumida por ningún individuo, grupo o colectivo, por más afinidad que tengan con quienes gobiernan. El Estado no puede permitir la existencia de ningún otro poder, nacional o extranjero, dentro de su territorio y el Estado venezolano no es una excepción. Los grupos armados llamados “colectivos” son ilegales y de la misma naturaleza que los paramilitares de cualquier parte del mundo; el Gobierno no puede utilizarlos, como lo ha venido haciendo por años, para aterrorizar y reprimir las protestas populares o políticas, sean éstas legales o ilegales. Para su control están los organismos del Estado.

Los maltratos, daños, heridas y muertes, ocurridos durante una protesta pública son responsabilidad del Gobierno sin importar quienes los ejecuten y quienes resulten lesionados. Si son organismos policiales los autores, caso claro en las últimas manifestaciones, la responsabilidad gubernamental se incrementa, pues son sus propias fuerzas, cuyas acciones deben ser dirigidas a proteger a los manifestantes y al resto de la población. Si son grupos armados protegidos o permitidos por el Gobierno ya no sólo hay una responsabilidad gigantesca, sino que puede hablarse de la existencia de perversión gubernamental. Recordemos las Águilas Negras de Uribe.

No sé si Leopoldo López o María Corina conspiran. A lo mejor lo hacen como lo hicieron Chávez, Maduro, Jaua, Diosdado y muchos otros. Si hay pruebas, aplíquese la ley, pero eso sí, que no se inventen pruebas ni se tomen simples opiniones como elementos de convicción. Si conspiran, lo tienen que hacer con militares activos, por lo que estos deberían entonces también ser señalados, capturados y juzgados. Es inaceptable que si alguien llama a salir a la calle a enfrentar la política del gobierno, la devaluación, la inseguridad, la corrupción, la escasez y la represión, se le culpe de los vidrios rotos, patrullas incendiadas, los heridos de balas y las muertes ocurridos en las movilizaciones. Inaudito que se le señale como terrorista. Pero, peor aún, es que a quienes dispararon y mataron (SEBIN) ni a sus jefes se les menciona entre los responsables ni se les investiga.

Otro hecho que hace dudar de la ecuanimidad gubernamental es que hayan generado, por la fuerza, un silencio mediático total sobre lo que ocurría. Esta acción viola el derecho constitucional a la información y ningún argumento es aceptable como explicación. Esa acción la toman gobiernos dictatoriales que quieren esconder sus acciones represivas ilegales. La participación protagónica electrónica ha dado la información negada en su momento por la actitud impropia del Gobierno. Y esta información condena claramente no a López sino a los colectivos armados y a las fuerzas de seguridad del Estado, como responsables de los hechos violentos. ¿A quién se detiene ahora?