El asesinato del cacique Sabino Romero fue la crónica de una muerte anunciada. La lucha que por más de 30 años dirigió él y su familia entre el pueblo yukpa por la demarcación de las tierras en el estado Zulia lo llevó a ganarse el odio de muchos, situación totalmente inadvertida por el Estado venezolano. Por ello, a juicio del director de Provea, Marino Alvarado, las prontas diligencias que desde el domingo adelantan las autoridades venezolanas resultan incrédulas y tardías. “Tienen que aparentar que les duele, porque han quedado desenmascarados. Ya esto se había advertido”.
Tal como asegura Alvarado, a Sabino se le criminalizó no sólo como persona sino como luchador social. Afirma que estuvo entre dos fuegos: las amenazas constantes de los terratenientes y el hostigamiento del Gobierno, “principalmente por el Ministerio de Interior y Justicia bajo la batuta de Tareck El Aissami, quien adelantó una serie de iniciativas para que se le aislara. Mientras que sectores terratenientes se apoyaron mucho en el diario La Verdad del Zulia, donde se hizo una campaña sistemática contra Sabino. Esto, sumado a la actitud de la exministra de Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, quien también hizo una campaña que de hecho logró dividir al pueblo yukpa”.
La última vez que Sabino se trasladó a Caracas, en noviembre de 2012, estuvo en la plaza Bolívar para denunciar que en los últimos 15 meses sicarios habían asesinado a otros 6 indígenas. “Me duele que a los indígenas nos están matando, nos estamos muriendo cada día más a fuerza de plomo por los militares y la policía”, señaló el cacique. En esa oportunidad los yukpas pasaron “roncha” para llegar a la capital, pues fueron detenidos en más de 10 alcabalas, y cuando se movilizaron a la Vicepresidencia de la República tuvieron que esperar horas para ser atendidos, custodiados además por un cordón de seguridad que limitaba su presencia.
AHORA SÍ LES IMPORTAAhora los lamentos por parte del oficialismo han sido muchos. El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol, junto al gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, se apersonó ayer a la Sierra del Perijá para iniciar las investigaciones del hecho fatal que presuntamente ocurrió cuando Sabino se encontraba en una comunidad y fue abordado por dos sujetos en una motocicleta que le dieron varios disparos, en donde también resultó herida su esposa Luisa Martínez de Romero. Según dijo Reverol esto sería parte, “una vez más, de la violencia que pretende imperar esta derecha corrupta sobre los pueblos indígenas que tradicionalmente han ocupado estas tierras de manera ancestral y que de una u otra forma han sido desplazados”.
La defensa del trabajo que presuntamente ha venido desarrollando el Gobierno para minimizar este tipo de conflictos vino del ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, quien afirmó que los pueblos indígenas han sido visibilizados por la “revolución bolivariana”, pues antes sus problemas y denuncias pasaban por debajo de la alfombra durante la “Cuarta República” y ahora van a formar parte de la agenda pública y de las preocupaciones colectivas de los venezolanos. Asimismo, informó que comisiones del Ejército, la Guardia Nacional Bolivariana y el Cicpc se movilizaron la misma noche del domingo desde Machiques hasta la zona de El Tokuko, para realizar las experticias e indagaciones necesarias, de acuerdo con las informaciones suministradas por los propios familiares del líder indígena fallecido. Mientras que el Ministerio Público comisionó al fiscal 76º nacional, Alejandro Méndez, para que investigue las circunstancias en las que ocurrió la muerte.
Según recuerda Alvarado, en esta misma instancia, los yukpas denunciaron no sólo los asesinatos sino la actitud hostil de la que son víctimas por parte de la Guardia Nacional, pero nunca se investigó nada, “y se dejó el camino abierto para que ocurriera esta tragedia. No queremos afirmar que hay una responsabilidad directa, pero evidentemente todo el proceso de criminalización que se hizo desde el Gobierno contra Sabino generó condiciones favorables para que lo asesinaran”. Ni siquiera el llamado de atención de la Comisión Interamericana de DDHH, que en su informe de 2010 incluyó el caso de Sabino como un claro hostigamiento por la reivindicación de sus derechos constitucionales, logró algún efecto de atención en el Estado.
DEMARCACIÓN “CHIMBA”El mismo Villegas recordó que el presidente Hugo Chávez durante el programa Aló Presidente número 318, realizado en agosto 2008, ordenó a sus ministros demarcar tierras del pueblo Yukpa en la Sierra de Perijá. La tarea se llevó a cabo, pero como en su momento lo reclamó Sabino, fue una demarcación “chimba”. Además, apunta Alvarado, cuando se establecieron los límites topes de tierras que se le iban a dar a los yukpas no se les terminó de pagar a los hacendados, “de manera que por una incompetencia del Gobierno se dejó un conflicto, y esto contribuyó a crear un clima de tensión en toda la zona de Perijá, que aún se mantiene”.
Soraya Suárez fue abogada de Sabino en la oportunidad en la que junto a Alexander, Fernández fue encarcelado durante 18 meses por un conflicto interno entre yukpas “resultado de las políticas que se dirigieron desde el gobierno orientadas a enfrentarlos”, según Alvarado. Suárez cuenta que como cacique no sólo peleó por la demarcación de las tierras sino porque los recursos mineros venezolanos se respetaran y no fueran explotados por extranjeros. “Lo que hicieron fue pasarle factura porque en esa larga lucha, aunada a varias organizaciones de DDHH, había logrado recuperar varias haciendas.
De las propias bases del oficialismo saltó el descontento por el asesinato de Sabino, pues un grupo de chavistas, así como miembros de ONG, acudió a la Fiscalía a exigir castigo para este hecho. En las paredes del organismo escribieron frases que hacen referencia al carácter de Romero: “yo nunca hice un disparo”. También con interrogantes para la Fiscal Luisa Ortega Díaz: “¿Hasta cuándo la Fiscalía designará fiscales que ignoran y desestiman la situación de los pueblos indígenas?”.
SEÑALES DE LA DESGRACIALa organización Homo et Natura recogió detalladamente la persecución contra Sabino: Desde el 13 de octubre de 2002 se inicia con la posición parcializada por parte del Cicpc Machiques, cuando por vía telefónica anuncia el comisario Víctor Vivas que era Sabino el que estaba disparando e hiriendo a la gente. El imputado Alexander Fernández Fernández fue detenido y torturado en esa misma instancia policial para que culpara a Sabino y se autoculpara de la muerte de su esposa Nireya Romero y los heridos de los hechos violentos acaecidos en la Comunidad Guamo Pamaocha el martes 13 de octubre de 2009. Un día después, ganaderos de Machiques obstaculizaron el acceso a Chaktapa pese a que Sabino se desangraba consecuencia del impacto de balas en el brazo y en la espalda. Luego de eso, vino la detención y traslado de Sabino del Hospital Coromoto de Maracaibo al Hospital Militar por parte funcionarios del Cicpc Maracaibo y más de 20 efectivos de la Guardia Nacional orientados desde Caracas. Allí no se le permitió visitas de los abogados, prensa y familiares.
El juicio que se hizo en su contra fue viciado, al asignar a un Fiscal predispuesto contra Sabino, Víctor Raúl Valbuena (hoy recusado), con fuerte inclinación a favorecer a los ganaderos de GADEMA y militares agresivos del Fuerte Macoa, además de la imputación de pruebas falsas. Durante la estadía de 10 meses en instalaciones del Fuerte Macoa de Machiques fue torturado psicológicamente. Su esposa, hijas y hermanas fueron obligadas a desnudarse en presencia de los soldados, y su hija Guillermina Romero Martínez casi fue violada por uno de los soldados que controlan las visitas.
El año pasado, la hija de Sabino, Zenaida Romero, fue una de las mujeres heridas por más de 200 militares y ganaderos que dispararon cuando éstas se encontraban ocupando una hacienda de nombre “Medellín” ubicada en el sector río Yaza en el estado Zulia.
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