Revolución y DDHH

María Esperanza Hermida Moreno

PROVEA / Coordinadora de Exigibilidad

Martes, 20 de noviembre de 2012

Sobre el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), se han escrito algunas líneas durante la semana pasada y se escribirán muchas otras en los próximos días, meses y años. En general, se demanda con justa razón que el Estado venezolano cumpla sus obligaciones pendientes en materia de derechos humanos y en consecuencia, que retire la denuncia de la Convención Interamericana de DDHH.

Se pide que el gobierno admita la acción vigilante de los órganos de Sistema Universal e Interamericano de DDHH.

Se le ha exigido además la ejecución de pasos que demuestren signos evidentes de sujeción a estas instancias, como por ejemplo, la ratificación y puesta en plena vigencia dentro del territorio nacional del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo. Algunas lecturas a esta entrada de Venezuela al CDHNU, pudiera conllevar a concluir que se impulsará la labor de las organizaciones de derechos humanos. Otras ópticas critican a las Naciones Unidas…

En materia de derechos humanos, el optimismo frente al Estado nacional y su gobierno debe tener cautela y moderación.

PROVEA ha intentado históricamente a través de diversas vías y mecanismos de incidencia institucional y acciones judiciales, que el gobierno venezolano realice acciones concretas en materia de derechos económicos, sociales y culturales, especialmente en lo atinente a la salud, dotación de viviendas dignas y respeto y desarrollo de los derechos laborales. Desde la entrada en vigencia de la Constitución Nacional, sancionada en 1999, hemos visto pasar por los diferentes organismos públicos competentes en estas áreas, diversos funcionarios y distintos planes, programas, misiones y declaraciones, sin que ello haya significado necesariamente, satisfacción a las demandas de la población. Incluso, a pesar de las enormes sumas invertidas en propaganda, a pesar de las críticas y de las múltiples investigaciones anunciadas o ejecutadas, sobre las acciones gubernamentales realizadas o pendientes, desde PROVEA hemos persistido en la materialización concreta de los derechos humanos en Venezuela.

En el aspecto de vivienda, por ejemplo, han pasado casi tantos ministros por el ente competente, como años tiene la Carta Magna… Apenas desde el 2011 se observa cierto énfasis en la construcción de viviendas por parte del Estado.

En el caso de los derechos laborales, las protestas, paralizaciones, huelgas y reclamos, tanto individuales como colectivos, colman importantes espacios en los medios de comunicación nacional y regional al punto que, aún con la entrada en vigencia de la reforma a la legislación laboral en mayo de este año, la clase trabajadora sigue descontenta producto del incumplimiento a la contratación colectiva y a la ausencia de mejora real en sus condiciones de trabajo, particularmente en lo relativo a la seguridad y medio ambiente de trabajo.

Quienes encabezan estas luchas, se encuentran organizados en combativos sindicatos de las empresas básicas de Guayana y del sector petrolero en Falcón, Morón, Zulia y Anzoátegui. También las demandas provienen de trabajadores de la salud y de empresas “expropiadas” por el gobierno nacional, que no ven satisfechas sus legítimas aspiraciones y por el contrario, denuncian el retroceso en sus conquistas laborales, así como la presencia de enfermedades y accidentes laborales de magnitudes graves.

La salud como derecho humano merece un capítulo especial y muchas líneas de tratamiento… (Quien suscribe constató en octubre de 2012, las terribles condiciones en las que el sistema público atiende a las personas que requieren del servicio que provee el Estado). Lo cierto, más allá de las experiencias puntuales, considerando el análisis de los investigadores en la materia, las inversiones del presupuesto nacional, las denuncias del colectivo de usuarios y usuarias, las demandas de la clase trabajadora del sector y los índices que contribuyen a determinar los márgenes de cobertura y eficacia de las políticas públicas en su aspecto preventivo y curativo, los resultados de los programas “Barrio Adentro”, es que hoy lamentablemente, el derecho a la salud sigue en situación de precariedad en Venezuela. A ello ha contribuido también el elevado índice de inseguridad, que incrementa ostensiblemente la demanda de atención en las emergencias de los centros hospitalarios.

Frente a esa insatisfacción colectiva, se instala necesariamente una esperanza y una actitud de expectativa ante la incorporación de Venezuela al CDHNU: aspiramos un Estado cuyas ejecutorias sean menos evasivas y más comprometidas; pero además exigimos que el Estado venezolano y su gobierno, ahora recientemente ratificado con una importante votación, tenga un desempeño eficaz, cuantificable, demostrable y de avanzada, que trascienda los límites que impone el protocolo diplomático.

Si Venezuela fuese un Estado y contase con un gobierno revolucionario, ocupar esta silla que aleatoriamente hoy podemos designar con el número 47 en el CDHNU, implicaría aprovechar la circunstancia histórica de haber sido designada durante un período dentro las primeras décadas del siglo XXI y dar lecciones a otras naciones, fundamentadas en el ejemplo propio. Si es cierto que las autoridades venezolanas desean irrumpir de manera revolucionaria en el concierto de las naciones del planeta, hoy estarían preocupadas por cumplir puertas adentro lo que a otros se les reclama, para levantar una poderosa voz fundada en la moral, que haga posible –por fin- que nuestra especie avance hacia el respeto y el desarrollo de los derechos humanos.