Por: David González/Fabiola Zerpa
Riblia Rodríguez comenzó
a los 30 años de edad una carrera meteórica que la llevó a ser una de
las funcionarias más poderosas de la burocracia agrícola. Su paso por el
Ministerio de Agricultura y Tierras dejó secuelas que se sienten en el
campo
Riblia Rodríguez, ex presidente de Agropatria | Cortesía Omar Burke
La mujer retratada en la fotografía tiene 36 años de edad, pero su
juventud no le impidió convertirse en una de las funcionarias más
poderosas del Ministerio de Agricultura y Tierras. Manejó presupuestos
millonarios, firmó contratos internacionales, decidió sobre
importaciones, designó juntas directivas y removió comisiones de
contratación. Nada le fue ajeno.
Un ascenso meteórico dentro de la burocracia gubernamental la llevó a cargos de conducción de empresas estratégicas, lo que pocas personas de su generación han logrado en los 13 años de gobierno del presidente Hugo Chávez.
Separada hoy de la función pública, evita cualquier exposición ante los medios. La discreción, sin embargo, no matiza las secuelas que dejó su paso por la administración del Estado. Su nombre es ignorado por muchos, pero muy recordado por otros: Riblia Rodríguez.
Antes de presentar la renuncia en diciembre pasado, fue la responsable de gerenciar durante 15 meses la mayor red de importación, fabricación y distribución de insumos agrícolas del país. La estructura contó en 2011 con recursos de 472 millones de dólares y una red de 108 tiendas, 64 de las cuales formaban parte de Agroisleña, grupo expropiado en octubre de 2010 y rebautizado con un nombre que hoy genera desazón: Agropatria.
La cadena quedó, al término de su gestión, necesitada de un auxilio financiero de 330 millones de dólares para la compra de productos, lo que confirmó el estado de deterioro de una empresa que, en manos privadas, se había consolidado como un proveedor seguro del campo en 50 años de operaciones. El presidente Chávez aprobó en enero los recursos a regañadientes sin dejar de advertirle a Yván Gil, sucesor de Rodríguez, que debía devolver "hasta el último dólar".
La más reciente Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras contradijo los reportes oficiales según los cuales la estatización de la empresa había permitido responder la demanda de 400.000 productores agropecuarios en 2011. De acuerdo con el documento fueron sólo 65.000, 15.000 menos que en 2007, cuando el Estado tenía una red propia de sólo 16 tiendas.
Tareas sensibles. La renuncia de Rodríguez cerró un período de 6 años de trayectoria en los altos cargos de la Corporación Venezolana Agraria o CVA (hoy sustituida por la denominada Corporación Venezolana de Alimentos, CVAL). El plazo le bastó para alcanzar la presidencia de la institución, la cual ejerció entre febrero de 2008 y julio de 2009. Eso la convirtió en la cabeza de un consorcio de 40 compañías estatales y mixtas entre las cuales figuran las que habían sido constituidas en sociedad con gobiernos como los de Cuba y China. La lista incluyó además empresas organizadas según rubros: azúcar, cereales, café, cacao, arroz, leguminosas, carnes y pescados constituyen un puñado de ejemplos. En un día de ordinario trabajo, Rodríguez podía presidir una asamblea, como la del 9 de junio de 2009 en CVA Lácteos, en la cual se sustituyó la comisión de contrataciones, se designaron nuevos directivos y se modificaron los estatutos de la organización para permitir la compra de frutas, vegetales y "todo tipo de bebidas", entre otros insumos.
Un repaso podría ilustrar mejor la dimensión de las responsabilidades de Rodríguez. Tuvo a su cargo, por ejemplo, seis centrales de procesamiento de caña adscritos a la filial CVA Azúcar. Entre ellos se encontraban los de Motatán (Trujillo) y Cumanacoa (Sucre), que fueron estatizados en 2006 y 2007.
En abril de 2008 se comprometió a sanearlos y convertirlos en empresas socialistas productivas. Se ganó críticas por las designaciones que hizo en los cargos gerenciales de la empresa y por la conducción del proceso de contrataciones de proveedores. Todavía el sector es un quebradero de cabezas para el Gobierno, que hoy dispone de 10 centrales (65% de la planta nacional) pero produce sólo 20% del azúcar, según cálculos de productores privados.
En la CVA también fue responsable de los hatos El Frío, Santa Rita, El Cedral (Apure) y La Marqueseña (Barinas), que fueron expropiados entre 2006 y 2008 y denominados desde entonces Marisela, Santos Luzardo, Bravos de Apure y Centro Técnico Socialista Florentino. En el último, Chávez pidió una auditoría en 2011 cuando le solicitaron recursos para pagar sueldos: "¿Cómo? ¿Dónde está la plata? ¿Cuántas vacas se han vendido?", preguntó en tono de reclamo a Juan Carlos Loyo, entonces ministro de Agricultura y Tierras.
Rápida escalada. El ascenso de Rodríguez en la CVA fue fugaz. En febrero de 2006 tan solo 4 años después de graduarse como licenciada en Gerencia Agroindustrial en la Universidad de Yacambú, en Lara fue designada vicepresidente de una de las empresas del holding: CVA Cereales y Oleaginosas. Con 30 años de edad asumió un proyecto de importancia simbólica para el Ejecutivo: la construcción de una planta de fabricación de bebidas de soya que sería la primera del Alba, hecha en cooperación con Cuba y Bolivia.
Luego vino el salto: en 2007 pasó a la vicepresidencia de toda la corporación y un año después a la presidencia por designación de Elías Jaua, a la sazón ministro de Agricultura y Tierras. El funcionario volvió a ese cargo a comienzos de 2012 para sustituir a Loyo. El jefe del Estado le dio una encomienda: dedicarle más tiempo a "arreglar" la deteriorada situación del agro que a la Vicepresidencia Ejecutiva, su otra responsabilidad en el gabinete.
La escalada de Rodríguez en el Gobierno aún sorprende a profesores que le dieron clases. "No recuerdo que haya hecho vida política en la universidad", dice Rafael Loyo, quien fue coordinador de la carrera que cursó la ex funcionaria y jurado de la tesis en la que ella presentó un panorama sobre el complejo agroindustrial de Lara. "Como alumna fue aplicada, brillante, constante y puntual", añade el académico.
En una entrevista con Las Noticias de Cojedes en julio de 2011, Rodríguez expresó: "Estoy trabajando para lo que me preparé. Creo en el campo y sus productores honestos, creo en el pueblo campesino. La única forma de demostrar si este proceso es o no de beneficio al colectivo del agro venezolano es con resultados positivos". Chávez dialogó con ella en no pocas ediciones de Aló, Presidente. En junio de 2009, el mandatario la llamó "RR" y le recomendó leer el libro Más allá del capital de Iván Meszaros por encima de otro que la funcionaria repasaba: Rumbo al socialismo del cubano Orlando Borrego, economista y guerrillero que fue titular del Ministerio de Azúcar en Cuba y uno de los conductores de la reforma agraria en ese país.
Cargo clave. Antes de ser reemplazada en la máxima jerarquía de la CVA, Rodríguez tomó una decisión que ninguno de sus predecesores había adoptado: en noviembre de 2008 se autonombró presidente de la Empresa Comercializadora de Insumos Agrícolas (Ecisa), una filial clave de la corporación.
Esa compañía, con sede en Barquisimeto, fue creada en 2005 y sirvió desde entonces como una plataforma para la adquisición de agroinsumos, principalmente a través de las importaciones. En 2010, por ejemplo, compró a Argentina, Canadá y Brasil más de 14.000 toneladas de semillas de algodón, caraota, girasol, maní y papa. El presupuesto para adquisiciones más allá de las fronteras fue de 168 millones de dólares en 2011.
Ecisa también fue utilizada para otro proyecto estratégico en el que Rodríguez tuvo participación central: el de las "agrotiendas socialistas", una cadena de distribución para pequeños y medianos agricultores en los que se venden productos con descuentos de 30%. La red se constituyó para competir con "empresas capitalistas" como Agroisleña, acusada, entre otras cosas, de ser un oligopolio que explotaba a los productores al someterlos a un régimen de dependencia que incluía el pago de financiamientos con sus cosechas. Para muchos la estatización de la empresa de origen español ocurrió, en parte, porque las tiendas gubernamentales no pudieron desplazar a las redes que operaban con la lógica del mercado. El Gobierno dejó claro en el decreto de expropiación de Agroisleña el objetivo de "injertar" el socialismo en la cadena productiva de insumos agrarios.
Rodríguez ejerció la presidencia de Ecisa hasta hace seis meses de manera simultánea con un cargo que reforzó su protagonismo desde octubre de 2010: el de la presidencia de Agropatria. Esa compañía pública, por decisión de Chávez, absorbió totalmente la estructura de la estatizada Agroisleña, que además de una cadena de tiendas poseía nueve empresas, la mayoría de fabricación y procesamiento de insumos como semillas, fertilizantes, herbicidas e insecticidas. La
fusión entre las "gestiones comerciales y operativas" de ambas es descrita en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras de 2011. Los resultados dieron la razón a quienes anticipaban que esa estrategia no era la más inteligente. En el blog Las Líneas de Chávez, una seguidora del mandatario que se identificó como María, del estado Lara, respondió a un artículo titulado "Agropatria" así: "Mientras Ecisa continúe bajo la gerencia de los actuales directivos, todo intento de apropiación de recursos para la agroindustria caerá en saco roto". Un informe de la organización no gubernamental Innova también advirtió en su momento sobre las dificultades que tendría el Ejecutivo para asimilar la empresa: "Es muy posible que no haya evaluado correctamente las dimensiones del problema que tiene que afrontar".
El bajo rendimiento de las agrotiendas socialistas representaba una pista. Bajo la tutela de Rodríguez, la cadena gubernamental duplicó el número de establecimientos hasta alcanzar 44 el año pasado.
Los reportes oficiales del ministerio presentan la cadena como un logro en sí mismo, pero también muestran un inventario de fallas. Se mencionan la carencia de sedes adecuadas, la ausencia de conexiones de Internet, las limitaciones de la flota de transporte y la baja disponibilidad de insumos dadas las trabas burocráticas para adquirirlos. Las ganancias obtenidas 160 millones de dólares en 2011 por ejemplo no sirvieron para cambiar la faz de la red.
El ex gerente de una agrotienda socialista recuerda, por ejemplo, que debía visitar cibercafés para enviar correos electrónicos a la sede central: "No teníamos vehículos y había problemas logísticos. Recibíamos con frecuencia insumos que no necesitábamos en la zona donde estábamos". A pesar de ello, asegura que hasta 2007 la cadena funcionó mejor en comparación con lo que sucedió después: "Mi tienda tenía insumos, pero después la red comenzó a fallar. Al crecer se creó un monstruo". Nildia Avellaneda, ex trabajadora de Ecisa, publicó en Facebook un comentario que grafica la velocidad de los acontecimientos: "Llegamos en 2005 a tierra barquisimetana sin ninguna estructura administrativa y en menos de un año teníamos 13 tiendas". Rodríguez en 2009 defendió la importancia del proyecto: "Durante décadas los campesinos no podían comprar insumos por los precios elevados e inaccesibles".
Decisión cara.
Rodríguez apareció en el Aló, Presidente del 10 de octubre de 2010, apenas una semana después de la expropiación de Agroisleña, para anunciarle al país una buena nueva: la reducción de precios de los productos de la compañía expropiada. Las tarifas bajaron, en promedio, 40%. Recorrió estantes de la tienda de Cagua, en Aragua, y afirmó que se conservarían márgenes de ganancia que harían sustentable la operación. Lo que parecía una medida popular se transformó en un peso muerto. "Se comenzó a operar a pérdida y esa es una de las razones de la quiebra de Agropatria", revela una fuente gubernamental. El informante exculpa a Rodríguez por la decisión que, dice, se adoptó al más alto nivel.
La reducción de los precios estimuló un mercado de contrabando en todo el país. El 26 de abril fueron detenidos en Barinas dos coordinadores de Agropatria que supuestamente trasladaban insumos para ser comerciados ilegalmente.
El procedimiento del Servicio Bolivariano de Inteligencia confirma que existe una averiguación abierta sobre el desvío de los productos, muchos de los cuales terminan en Colombia según agricultores consultados. José Antonio Velásquez, un productor de Mérida, ha denunciado a gerentes involucrados en esas transacciones que, para muchos, contribuyeron a desmantelar la empresa.
En un Aló, Presidente de enero de 2011, Chávez presionó a Rodríguez: "Riblia, el plan de expansión de Agropatria necesito verlo pronto con programas, cronogramas, fechas y metas". La edición dominical se transmitió a propósito del lanzamiento de la Gran Misión Agrovenezuela. Documentos elaborados durante esa actividad reflejaron las quejas de los productores con respecto a la empresa expropiada. En una reunión celebrada en Táchira, el 12 de agosto de 2008, los agricultores informaron acerca de la necesidad de actualización de los inventarios, de la falta de insumos y de la venta a productores falsos. Críticas semejantes, de acuerdo con minutas oficiales, se presentaron en las reuniones efectuadas en Mérida y Aragua. En todos los casos los afectados pidieron la realización de "auditorías sociales" para evaluar la compañía.
Las memorias y cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras muestran un desplome sustancial en la cobertura: Agropatria y la cadena de agrotiendas socialistas sólo pudieron atender 190.000 hectáreas en 2011, 600.000 menos que en el año anterior..
Cuando se cumplió un año de la expropiación de Agropatria, Rodríguez presentó un balance en el que señaló lo contrario: que la cadena había tenido una cobertura de 745.000 hectáreas, lo que resumía el logro de la democratización del comercio de insumos. "Si este grupo de empresas no se hubiera nacionalizado, esas 745.000 hectáreas que llevamos atendidas hasta la fecha, en el contexto de la Gran Misión, no hubieran sido posibles o hubieran sido para la especulación y la usura". Tres meses después renunció y ahora prefiere, según sus allegados, no hablar de sus días en la administración pública.
Una red de almacenes vacíosEl galpón de la tienda de Agropatria en Quíbor, estado Lara, luce inmenso. Unas pocas cajas medianas de productos agroquímicos ocupan el área central y otras están arrimadas a una pared. El almacén está prácticamente vacío, igual que el estacionamiento para los visitantes. Al mostrador, en la parte delantera, muy pocos se acercan para pedir mercancía. Unos llegan con aprensión y otros esperan tener suerte.
Para todos, la expropiación de Agroisleña, ejecutada por el Gobierno en octubre de 2010, no es un hecho del pasado, sino una realidad con la que no consiguen conciliar todavía.
La tienda no tiene mucho para ofrecer a los 2.000 productores de esta zona agrícola larense donde se cultivan 6.500 hectáreas de cebolla, pimentón y tomate que abastecen a todo el país, y se producen semillas. La ausencia de fertilizantes, fungicidas, úrea, desmalezadores, instrumentos de labranza y repuestos alienta la reventa ilegal, que encarece los costos y obliga a los más pequeños productores a desistir de la actividad.
"¿Qué voy a encontrar? Desde que expropiaron Agroisleña no hay ni Gramozon (herbicida) ni más nada. Soy chavista, pero las cosas hay que decirlas con su nombre: faltan insumos".
El desaliento de Félix Pérez, productor de cebolla, es tan pesado como el calor de esa tarde de mayo. Otro comprador se declara afortunado: "Hoy conseguí fungicida. Aproveché, porque no siempre es así".
Dos hombres preguntan si hay filtros de aire para tractores. El encargado señala hacia la esquina. "No. Puede que en la cooperativa". Algunos indican que su producción ha bajado. Un agricultor que prefiere mantener su nombre en reserva señala: "Tengo 50 hectáreas de cilantro y pimentón en El Tocuyo, pero sin insumos no puedo sembrar".
Réplica nacional. Quíbor es un espejo de la situación que se reporta en otras regiones del país.
En el pueblo larense los productores aún calculan cuánta superficie han dejado de sembrar. Según datos oficiales la cadena oficial atendió el año pasado 600.000 hectáreas menos que en 2010.
El ejemplo de Portuguesa es claro. Datos del ministerio y de los agricultores lo revelan. En 2005, los productores de maíz financiados por la empresa de la familia Fraga sumaban 38.000 hectáreas activas, que ese año produjeron 135.964 toneladas del rubro. En 2011, la producción cayó a cero: no fueron atendidos por Agropatria.
Controles. En la tienda de Agropatria de Quíbor hay un aviso escrito a mano. Se indica que a partir del 2 de mayo los requisitos para comprar exigían ser un productor del municipio Jiménez y además presentar cédula de identidad y una constancia del Instituto Nacional de Tierras. Otra notificación advierte que toda compra debe ser retirada el mismo día. Gabriel Izarra, piñicultor, se queja de discriminación. "No me venden porque soy de Barquisimeto.
Ahora me toca comprar Gramozon por ahí a 500 bolívares la garrafa de 5 litros, cuando el precio es de 125 bolívares".
Los cuerpos de seguridad hacen operativos para evitar que los productos de la antigua Agroisleña se comercialicen en otros establecimientos. Estas acciones enrarecen el ambiente en Quíbor. "Caen juntos la Guardia Nacional, el Seniat y la policía, de manera imprevista. Si encuentran algo, se lo llevan", dice Nerys Aranguren, de la comercializadora Moyetones. En el lugar es un secreto a voces que los trabajadores de Agropatria envían gandolas a fincas donde revenden los insumos con sobreprecio.
Auditoría en espera. Elías Jaua, ministro de Agricultura y Tierras, anunció que el 26 de marzo se realizaría una auditoría de insumos en todas las tiendas.
No se conocen resultados, pero puertas adentro los trabajadores quieren explicaciones, pues temen que debido a la inoperatividad de las 11 empresas del consorcio éstas sean cerradas.
Han pedido que se aclare el destino de los 330 millones de dólares que el Ejecutivo entregó a Yván Gil, el presidente de la empresa desde enero.
El malestar movió a los trabajadores de las 11 compañías Serviform, Inica, Proyefa, Syntec, Venezolana de Riego, Metal Zamora, Agropatria Planta Morón, Olaca, Sehiveca, Silos Araure y Servigranos a protestar. El 24 de marzo cerraron la vía principal de Cagua, donde está la sede de la compañía, como mecanismo de presión para que la gerencia reactive las plantas que aseguran se encuentran paralizadas entre 50% y 90%. En esas manifestaciones dijeron que sólo se produce 20% de los insumos y que el resto se importa. "Si esta situación sigue así, podemos perder nuestros empleos", dijo ese día Andrés Salazar de Olaca.
Tres semanas después un tribunal agrario de Aragua y Carabobo otorgó una medida de protección para evitar que eventuales conflictos paralicen las actividades, incluidas las protestas. La decisión acentuó el malestar entre los trabajadores, quienes la interpretaron como un intento de silenciarlos. "¿Será que le quedó grande Agropatria al Ministerio de Agricultura y Tierras?", se preguntó ante la prensa José Leje, de Serviform, a principios de mayo.
Fallas gerenciales. La renuncia de unos y el despido de otros miembros de la gerencia de Agroisleña a causa de la expropiación fue un factor determinante del desempeño negativo, según fuentes del sector.
"Quienes quedaron al frente no sabían cómo hacer las solicitudes de materia prima ni planificar la producción en un negocio tan complejo", dijo uno de los gerentes marginados. El malestar laboral se ha presentado en instalaciones como la de Morón, Carabobo, donde reclaman aumentos salariales.
Fuentes internas señalaron que esta semana comenzaron a recibir insumos para reiniciar la producción de las plantas. Una de ellas, paralizada desde octubre de 2010, volvió a activarse.
Un ascenso meteórico dentro de la burocracia gubernamental la llevó a cargos de conducción de empresas estratégicas, lo que pocas personas de su generación han logrado en los 13 años de gobierno del presidente Hugo Chávez.
Separada hoy de la función pública, evita cualquier exposición ante los medios. La discreción, sin embargo, no matiza las secuelas que dejó su paso por la administración del Estado. Su nombre es ignorado por muchos, pero muy recordado por otros: Riblia Rodríguez.
Antes de presentar la renuncia en diciembre pasado, fue la responsable de gerenciar durante 15 meses la mayor red de importación, fabricación y distribución de insumos agrícolas del país. La estructura contó en 2011 con recursos de 472 millones de dólares y una red de 108 tiendas, 64 de las cuales formaban parte de Agroisleña, grupo expropiado en octubre de 2010 y rebautizado con un nombre que hoy genera desazón: Agropatria.
La cadena quedó, al término de su gestión, necesitada de un auxilio financiero de 330 millones de dólares para la compra de productos, lo que confirmó el estado de deterioro de una empresa que, en manos privadas, se había consolidado como un proveedor seguro del campo en 50 años de operaciones. El presidente Chávez aprobó en enero los recursos a regañadientes sin dejar de advertirle a Yván Gil, sucesor de Rodríguez, que debía devolver "hasta el último dólar".
La más reciente Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras contradijo los reportes oficiales según los cuales la estatización de la empresa había permitido responder la demanda de 400.000 productores agropecuarios en 2011. De acuerdo con el documento fueron sólo 65.000, 15.000 menos que en 2007, cuando el Estado tenía una red propia de sólo 16 tiendas.
Tareas sensibles. La renuncia de Rodríguez cerró un período de 6 años de trayectoria en los altos cargos de la Corporación Venezolana Agraria o CVA (hoy sustituida por la denominada Corporación Venezolana de Alimentos, CVAL). El plazo le bastó para alcanzar la presidencia de la institución, la cual ejerció entre febrero de 2008 y julio de 2009. Eso la convirtió en la cabeza de un consorcio de 40 compañías estatales y mixtas entre las cuales figuran las que habían sido constituidas en sociedad con gobiernos como los de Cuba y China. La lista incluyó además empresas organizadas según rubros: azúcar, cereales, café, cacao, arroz, leguminosas, carnes y pescados constituyen un puñado de ejemplos. En un día de ordinario trabajo, Rodríguez podía presidir una asamblea, como la del 9 de junio de 2009 en CVA Lácteos, en la cual se sustituyó la comisión de contrataciones, se designaron nuevos directivos y se modificaron los estatutos de la organización para permitir la compra de frutas, vegetales y "todo tipo de bebidas", entre otros insumos.
Un repaso podría ilustrar mejor la dimensión de las responsabilidades de Rodríguez. Tuvo a su cargo, por ejemplo, seis centrales de procesamiento de caña adscritos a la filial CVA Azúcar. Entre ellos se encontraban los de Motatán (Trujillo) y Cumanacoa (Sucre), que fueron estatizados en 2006 y 2007.
En abril de 2008 se comprometió a sanearlos y convertirlos en empresas socialistas productivas. Se ganó críticas por las designaciones que hizo en los cargos gerenciales de la empresa y por la conducción del proceso de contrataciones de proveedores. Todavía el sector es un quebradero de cabezas para el Gobierno, que hoy dispone de 10 centrales (65% de la planta nacional) pero produce sólo 20% del azúcar, según cálculos de productores privados.
En la CVA también fue responsable de los hatos El Frío, Santa Rita, El Cedral (Apure) y La Marqueseña (Barinas), que fueron expropiados entre 2006 y 2008 y denominados desde entonces Marisela, Santos Luzardo, Bravos de Apure y Centro Técnico Socialista Florentino. En el último, Chávez pidió una auditoría en 2011 cuando le solicitaron recursos para pagar sueldos: "¿Cómo? ¿Dónde está la plata? ¿Cuántas vacas se han vendido?", preguntó en tono de reclamo a Juan Carlos Loyo, entonces ministro de Agricultura y Tierras.
Rápida escalada. El ascenso de Rodríguez en la CVA fue fugaz. En febrero de 2006 tan solo 4 años después de graduarse como licenciada en Gerencia Agroindustrial en la Universidad de Yacambú, en Lara fue designada vicepresidente de una de las empresas del holding: CVA Cereales y Oleaginosas. Con 30 años de edad asumió un proyecto de importancia simbólica para el Ejecutivo: la construcción de una planta de fabricación de bebidas de soya que sería la primera del Alba, hecha en cooperación con Cuba y Bolivia.
Luego vino el salto: en 2007 pasó a la vicepresidencia de toda la corporación y un año después a la presidencia por designación de Elías Jaua, a la sazón ministro de Agricultura y Tierras. El funcionario volvió a ese cargo a comienzos de 2012 para sustituir a Loyo. El jefe del Estado le dio una encomienda: dedicarle más tiempo a "arreglar" la deteriorada situación del agro que a la Vicepresidencia Ejecutiva, su otra responsabilidad en el gabinete.
La escalada de Rodríguez en el Gobierno aún sorprende a profesores que le dieron clases. "No recuerdo que haya hecho vida política en la universidad", dice Rafael Loyo, quien fue coordinador de la carrera que cursó la ex funcionaria y jurado de la tesis en la que ella presentó un panorama sobre el complejo agroindustrial de Lara. "Como alumna fue aplicada, brillante, constante y puntual", añade el académico.
En una entrevista con Las Noticias de Cojedes en julio de 2011, Rodríguez expresó: "Estoy trabajando para lo que me preparé. Creo en el campo y sus productores honestos, creo en el pueblo campesino. La única forma de demostrar si este proceso es o no de beneficio al colectivo del agro venezolano es con resultados positivos". Chávez dialogó con ella en no pocas ediciones de Aló, Presidente. En junio de 2009, el mandatario la llamó "RR" y le recomendó leer el libro Más allá del capital de Iván Meszaros por encima de otro que la funcionaria repasaba: Rumbo al socialismo del cubano Orlando Borrego, economista y guerrillero que fue titular del Ministerio de Azúcar en Cuba y uno de los conductores de la reforma agraria en ese país.
Cargo clave. Antes de ser reemplazada en la máxima jerarquía de la CVA, Rodríguez tomó una decisión que ninguno de sus predecesores había adoptado: en noviembre de 2008 se autonombró presidente de la Empresa Comercializadora de Insumos Agrícolas (Ecisa), una filial clave de la corporación.
Esa compañía, con sede en Barquisimeto, fue creada en 2005 y sirvió desde entonces como una plataforma para la adquisición de agroinsumos, principalmente a través de las importaciones. En 2010, por ejemplo, compró a Argentina, Canadá y Brasil más de 14.000 toneladas de semillas de algodón, caraota, girasol, maní y papa. El presupuesto para adquisiciones más allá de las fronteras fue de 168 millones de dólares en 2011.
Ecisa también fue utilizada para otro proyecto estratégico en el que Rodríguez tuvo participación central: el de las "agrotiendas socialistas", una cadena de distribución para pequeños y medianos agricultores en los que se venden productos con descuentos de 30%. La red se constituyó para competir con "empresas capitalistas" como Agroisleña, acusada, entre otras cosas, de ser un oligopolio que explotaba a los productores al someterlos a un régimen de dependencia que incluía el pago de financiamientos con sus cosechas. Para muchos la estatización de la empresa de origen español ocurrió, en parte, porque las tiendas gubernamentales no pudieron desplazar a las redes que operaban con la lógica del mercado. El Gobierno dejó claro en el decreto de expropiación de Agroisleña el objetivo de "injertar" el socialismo en la cadena productiva de insumos agrarios.
Rodríguez ejerció la presidencia de Ecisa hasta hace seis meses de manera simultánea con un cargo que reforzó su protagonismo desde octubre de 2010: el de la presidencia de Agropatria. Esa compañía pública, por decisión de Chávez, absorbió totalmente la estructura de la estatizada Agroisleña, que además de una cadena de tiendas poseía nueve empresas, la mayoría de fabricación y procesamiento de insumos como semillas, fertilizantes, herbicidas e insecticidas. La
fusión entre las "gestiones comerciales y operativas" de ambas es descrita en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras de 2011. Los resultados dieron la razón a quienes anticipaban que esa estrategia no era la más inteligente. En el blog Las Líneas de Chávez, una seguidora del mandatario que se identificó como María, del estado Lara, respondió a un artículo titulado "Agropatria" así: "Mientras Ecisa continúe bajo la gerencia de los actuales directivos, todo intento de apropiación de recursos para la agroindustria caerá en saco roto". Un informe de la organización no gubernamental Innova también advirtió en su momento sobre las dificultades que tendría el Ejecutivo para asimilar la empresa: "Es muy posible que no haya evaluado correctamente las dimensiones del problema que tiene que afrontar".
El bajo rendimiento de las agrotiendas socialistas representaba una pista. Bajo la tutela de Rodríguez, la cadena gubernamental duplicó el número de establecimientos hasta alcanzar 44 el año pasado.
Los reportes oficiales del ministerio presentan la cadena como un logro en sí mismo, pero también muestran un inventario de fallas. Se mencionan la carencia de sedes adecuadas, la ausencia de conexiones de Internet, las limitaciones de la flota de transporte y la baja disponibilidad de insumos dadas las trabas burocráticas para adquirirlos. Las ganancias obtenidas 160 millones de dólares en 2011 por ejemplo no sirvieron para cambiar la faz de la red.
El ex gerente de una agrotienda socialista recuerda, por ejemplo, que debía visitar cibercafés para enviar correos electrónicos a la sede central: "No teníamos vehículos y había problemas logísticos. Recibíamos con frecuencia insumos que no necesitábamos en la zona donde estábamos". A pesar de ello, asegura que hasta 2007 la cadena funcionó mejor en comparación con lo que sucedió después: "Mi tienda tenía insumos, pero después la red comenzó a fallar. Al crecer se creó un monstruo". Nildia Avellaneda, ex trabajadora de Ecisa, publicó en Facebook un comentario que grafica la velocidad de los acontecimientos: "Llegamos en 2005 a tierra barquisimetana sin ninguna estructura administrativa y en menos de un año teníamos 13 tiendas". Rodríguez en 2009 defendió la importancia del proyecto: "Durante décadas los campesinos no podían comprar insumos por los precios elevados e inaccesibles".
Decisión cara.
Rodríguez apareció en el Aló, Presidente del 10 de octubre de 2010, apenas una semana después de la expropiación de Agroisleña, para anunciarle al país una buena nueva: la reducción de precios de los productos de la compañía expropiada. Las tarifas bajaron, en promedio, 40%. Recorrió estantes de la tienda de Cagua, en Aragua, y afirmó que se conservarían márgenes de ganancia que harían sustentable la operación. Lo que parecía una medida popular se transformó en un peso muerto. "Se comenzó a operar a pérdida y esa es una de las razones de la quiebra de Agropatria", revela una fuente gubernamental. El informante exculpa a Rodríguez por la decisión que, dice, se adoptó al más alto nivel.
La reducción de los precios estimuló un mercado de contrabando en todo el país. El 26 de abril fueron detenidos en Barinas dos coordinadores de Agropatria que supuestamente trasladaban insumos para ser comerciados ilegalmente.
El procedimiento del Servicio Bolivariano de Inteligencia confirma que existe una averiguación abierta sobre el desvío de los productos, muchos de los cuales terminan en Colombia según agricultores consultados. José Antonio Velásquez, un productor de Mérida, ha denunciado a gerentes involucrados en esas transacciones que, para muchos, contribuyeron a desmantelar la empresa.
En un Aló, Presidente de enero de 2011, Chávez presionó a Rodríguez: "Riblia, el plan de expansión de Agropatria necesito verlo pronto con programas, cronogramas, fechas y metas". La edición dominical se transmitió a propósito del lanzamiento de la Gran Misión Agrovenezuela. Documentos elaborados durante esa actividad reflejaron las quejas de los productores con respecto a la empresa expropiada. En una reunión celebrada en Táchira, el 12 de agosto de 2008, los agricultores informaron acerca de la necesidad de actualización de los inventarios, de la falta de insumos y de la venta a productores falsos. Críticas semejantes, de acuerdo con minutas oficiales, se presentaron en las reuniones efectuadas en Mérida y Aragua. En todos los casos los afectados pidieron la realización de "auditorías sociales" para evaluar la compañía.
Las memorias y cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras muestran un desplome sustancial en la cobertura: Agropatria y la cadena de agrotiendas socialistas sólo pudieron atender 190.000 hectáreas en 2011, 600.000 menos que en el año anterior..
Cuando se cumplió un año de la expropiación de Agropatria, Rodríguez presentó un balance en el que señaló lo contrario: que la cadena había tenido una cobertura de 745.000 hectáreas, lo que resumía el logro de la democratización del comercio de insumos. "Si este grupo de empresas no se hubiera nacionalizado, esas 745.000 hectáreas que llevamos atendidas hasta la fecha, en el contexto de la Gran Misión, no hubieran sido posibles o hubieran sido para la especulación y la usura". Tres meses después renunció y ahora prefiere, según sus allegados, no hablar de sus días en la administración pública.
Una red de almacenes vacíosEl galpón de la tienda de Agropatria en Quíbor, estado Lara, luce inmenso. Unas pocas cajas medianas de productos agroquímicos ocupan el área central y otras están arrimadas a una pared. El almacén está prácticamente vacío, igual que el estacionamiento para los visitantes. Al mostrador, en la parte delantera, muy pocos se acercan para pedir mercancía. Unos llegan con aprensión y otros esperan tener suerte.
Para todos, la expropiación de Agroisleña, ejecutada por el Gobierno en octubre de 2010, no es un hecho del pasado, sino una realidad con la que no consiguen conciliar todavía.
La tienda no tiene mucho para ofrecer a los 2.000 productores de esta zona agrícola larense donde se cultivan 6.500 hectáreas de cebolla, pimentón y tomate que abastecen a todo el país, y se producen semillas. La ausencia de fertilizantes, fungicidas, úrea, desmalezadores, instrumentos de labranza y repuestos alienta la reventa ilegal, que encarece los costos y obliga a los más pequeños productores a desistir de la actividad.
"¿Qué voy a encontrar? Desde que expropiaron Agroisleña no hay ni Gramozon (herbicida) ni más nada. Soy chavista, pero las cosas hay que decirlas con su nombre: faltan insumos".
El desaliento de Félix Pérez, productor de cebolla, es tan pesado como el calor de esa tarde de mayo. Otro comprador se declara afortunado: "Hoy conseguí fungicida. Aproveché, porque no siempre es así".
Dos hombres preguntan si hay filtros de aire para tractores. El encargado señala hacia la esquina. "No. Puede que en la cooperativa". Algunos indican que su producción ha bajado. Un agricultor que prefiere mantener su nombre en reserva señala: "Tengo 50 hectáreas de cilantro y pimentón en El Tocuyo, pero sin insumos no puedo sembrar".
Réplica nacional. Quíbor es un espejo de la situación que se reporta en otras regiones del país.
En el pueblo larense los productores aún calculan cuánta superficie han dejado de sembrar. Según datos oficiales la cadena oficial atendió el año pasado 600.000 hectáreas menos que en 2010.
El ejemplo de Portuguesa es claro. Datos del ministerio y de los agricultores lo revelan. En 2005, los productores de maíz financiados por la empresa de la familia Fraga sumaban 38.000 hectáreas activas, que ese año produjeron 135.964 toneladas del rubro. En 2011, la producción cayó a cero: no fueron atendidos por Agropatria.
Controles. En la tienda de Agropatria de Quíbor hay un aviso escrito a mano. Se indica que a partir del 2 de mayo los requisitos para comprar exigían ser un productor del municipio Jiménez y además presentar cédula de identidad y una constancia del Instituto Nacional de Tierras. Otra notificación advierte que toda compra debe ser retirada el mismo día. Gabriel Izarra, piñicultor, se queja de discriminación. "No me venden porque soy de Barquisimeto.
Ahora me toca comprar Gramozon por ahí a 500 bolívares la garrafa de 5 litros, cuando el precio es de 125 bolívares".
Los cuerpos de seguridad hacen operativos para evitar que los productos de la antigua Agroisleña se comercialicen en otros establecimientos. Estas acciones enrarecen el ambiente en Quíbor. "Caen juntos la Guardia Nacional, el Seniat y la policía, de manera imprevista. Si encuentran algo, se lo llevan", dice Nerys Aranguren, de la comercializadora Moyetones. En el lugar es un secreto a voces que los trabajadores de Agropatria envían gandolas a fincas donde revenden los insumos con sobreprecio.
Auditoría en espera. Elías Jaua, ministro de Agricultura y Tierras, anunció que el 26 de marzo se realizaría una auditoría de insumos en todas las tiendas.
No se conocen resultados, pero puertas adentro los trabajadores quieren explicaciones, pues temen que debido a la inoperatividad de las 11 empresas del consorcio éstas sean cerradas.
Han pedido que se aclare el destino de los 330 millones de dólares que el Ejecutivo entregó a Yván Gil, el presidente de la empresa desde enero.
El malestar movió a los trabajadores de las 11 compañías Serviform, Inica, Proyefa, Syntec, Venezolana de Riego, Metal Zamora, Agropatria Planta Morón, Olaca, Sehiveca, Silos Araure y Servigranos a protestar. El 24 de marzo cerraron la vía principal de Cagua, donde está la sede de la compañía, como mecanismo de presión para que la gerencia reactive las plantas que aseguran se encuentran paralizadas entre 50% y 90%. En esas manifestaciones dijeron que sólo se produce 20% de los insumos y que el resto se importa. "Si esta situación sigue así, podemos perder nuestros empleos", dijo ese día Andrés Salazar de Olaca.
Tres semanas después un tribunal agrario de Aragua y Carabobo otorgó una medida de protección para evitar que eventuales conflictos paralicen las actividades, incluidas las protestas. La decisión acentuó el malestar entre los trabajadores, quienes la interpretaron como un intento de silenciarlos. "¿Será que le quedó grande Agropatria al Ministerio de Agricultura y Tierras?", se preguntó ante la prensa José Leje, de Serviform, a principios de mayo.
Fallas gerenciales. La renuncia de unos y el despido de otros miembros de la gerencia de Agroisleña a causa de la expropiación fue un factor determinante del desempeño negativo, según fuentes del sector.
"Quienes quedaron al frente no sabían cómo hacer las solicitudes de materia prima ni planificar la producción en un negocio tan complejo", dijo uno de los gerentes marginados. El malestar laboral se ha presentado en instalaciones como la de Morón, Carabobo, donde reclaman aumentos salariales.
Fuentes internas señalaron que esta semana comenzaron a recibir insumos para reiniciar la producción de las plantas. Una de ellas, paralizada desde octubre de 2010, volvió a activarse.
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