El derecho a un futuro sostenible

Rafael Uzcátegui (*)

En junio de 2012 se realizará, convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, una conferencia cumbre en Río de Janeiro, Brasil, como continuación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, popularizada como “Cumbre de la Tierra”. Algunos de los acuerdos históricos adoptados en el cónclave fueron el consenso acerca de la promoción del desarrollo sustentable, así como los convenios internacionales sobre cambio climático, desertificación y diversidad biológica. En su momento se definió el “desarrollo sustentable” como el conjunto de políticas que “garantiza las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Generalmente esto se ha entendido como la satisfacción de las necesidades sociales y la erradicación de la pobreza, al tiempo que se favorece el crecimiento económico y se respeta el medio ambiente. 

Diferentes organizaciones y activistas esperan que Río+20 –cómo se conoce a la nueva reunión por los 20 años transcurridos desde la primera reunión- produzca nuevos acuerdos en pos de la preservación del medio ambiente y para la materialización del desarrollo sustentable. Estas expectativas están ligadas a los compromisos y promesas no cumplidos desde hace dos décadas. Algunos datos, incluso, pueden incitar el pesimismo. Hoy en día están generalizadas las inequidades de ingresos entre los diferentes Estados y las diferentes poblaciones de los países. Mientras las exportaciones mundiales han aumentado casi cinco veces, el ingreso per capita mundial apenas se ha duplicado. Paralelamente, el 20% superior de la población mundial disfruta más del 70% del ingreso total, mientras que quienes se encuentran ubicados en la quinta parte inferior sólo reciben el 2% del ingreso mundial. Como ha planteado Chee Yoke de la Red del Tercer Mundo, desde Malasia, “Esta distribución distorsionada de la riqueza económica es el resultado de un sistema financiero internacional desregulado y desestabilizado, y un sistema multilateral de comercio caracterizado por reglas que no son equilibradas y cuyo financiamiento perjudica a los países en desarrollo. Cuando llegan las crisis financieras y económicas, las mayorías –especialmente los pobres- cargan con efectos totalmente desproporcionados”. Por su parte el mexicano Alejandro Chanona afirma que “El concepto de sustentabilidad examina la relación entre el desarrollo económico, la calidad ambiental y la equidad social. Incluye una perspectiva de largo plazo y un enfoque integral de la acción, con el reconocimiento de que es necesario que todos participen en el proceso”.

A pocos meses antes de la realización de la Conferencia Rio+20 la discusión sobre las implicaciones del desarrollo sostenible vuelven a protagonizar las preocupaciones de decenas de organizaciones en todo el mundo. Este es el tema central, por ejemplo, del Informe 2011 de Social Watch, una red internacional de organizaciones ciudadanas para erradicar la pobreza y sus causas, así como para poner fin a todas las formas de discriminación y de racismo. Entre los 66 capítulos nacionales recopilados se encuentra el de Venezuela, titulado “Los infortunios del extractivismo”, cuyo sumario lo resume así: “El modelo implementado por la administración Chávez es una continuación y ampliación del extractivismo, que incurre en fuertes impactos ambientales y supone una impronta instrumental y neoliberal. Es, además,  insuficiente a la hora de atender las urgencias de la sociedad. Pese a algunas mejoras en educación, ha habido retrocesos en otras áreas de derechos básicos, como salud y vivienda.  Los programas de desarrollo social son cancelados o desatendidos, mientras el Gobierno, que desdeña el diálogo con la oposición y la sociedad civil,  atenta contra la democracia implementando cambios sustanciales a la constitución aprobada en 1999. El país necesita diseñar  un modelo de desarrollo realmente sostenible”.   

Como plantea el texto desde comienzos del siglo XX, los modelos de desarrollo aplicados en Venezuela han estado basados en la economía extractiva y exportadora de recursos energéticos. Si bien el presidente Hugo Chávez, en el poder desde 1998, ha cuestionado a los gobiernos del pasado afirmando que su modelo es, en contraposición, “sustentable” y “endógeno”, ha resumido su proyecto como un “Socialismo petrolero”. Por lo anterior diversas organizaciones sociales y de derechos humanos han alertado que la sostenibilidad de las políticas destinadas a los sectores populares, denominadas “misiones”, dependen de los ingresos extraordinarios producto de los altos precios petroleros en el mercado mundial. El capítulo completo puede descargarse en http://www.socialwatch.org/es/node/14122

A diferencia de 20 años atrás, cuando las organizaciones ambientales del país constituían un rico tejido social con una capacidad notoria de autonomía e incidencia pública, en la actualizada el movimiento verde venezolano parece carecer de la iniciativa de aquellos tiempos y de una agenda propia. Sin embargo, nunca es tarde para retomar el camino en pos de, como dice Social Watch, construir el derecho a un futuro mediante un tipo de desarrollo amable con la naturaleza y los seres humanos.

(*) Coordinador de Investigación de Provea
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