Por: Simón
Rodríguez Porras (USI)
Tomado de laclase.info
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La historia
reciente de las relaciones entre el gobierno venezolano y el régimen colombiano
es una demostración palmaria del modo en que se expresan los intereses de la
burguesía emergente chavista en la política internacional. Como su máximo
representante político, el Presidente promueve un proyecto nacionalista al cual
resulta ajeno el internacionalismo revolucionario, y un antiimperialismo
discursivo que contrasta con una disposición cada vez mayor a ceder en todos
los terrenos a los requerimientos del gobierno de los EEUU y sus aliados.
La razón de
fondo es que el sector social al que representa no aspira a realizar ninguna
revolución social, su proyecto es sostenerse en la administración del Estado
capitalista y cerrar la crisis abierta con la rebelión popular de febrero de
1989. En esta perspectiva, las acciones gubernamentales no se explican como una
serie incoherente y desordenada de inexplicables “errores”, como prefieren
llamarlos los seguidores del Presidente, sino como el reflejo zigzagueante de su
debilidad intrínseca, la de un gobierno burgués que no logra cerrar una etapa
de crisis y por lo tanto oscila entre reformas y contrarreformas, posiciones
independientes y claudicaciones al imperialismo, entre apoyarse en la
movilización popular para presionar a sus enemigos burgueses y apoyarse en el
aparato estatal burgués para golpear a la movilización popular.
La captura y
entrega ilegal del refugiado político de nacionalidad sueca Joaquín Pérez
Becerra en abril de este año por parte del gobierno de Chávez, así como la
actual detención e incomunicación de Julian Conrado, más decenas de casos en
los que se ha procedido a detener y deportar a presuntos guerrilleros a
Colombia sin que medien los procedimientos establecidos en la Constitución, las
leyes venezolanas y los tratados internacionales, han evidenciado la naturaleza
de los acuerdos en materia militar y de inteligencia entre Chávez y Juan Manuel
Santos; entre los cuerpos represivos venezolanos y el tenebroso aparato
responsable de décadas de terrorismo de Estado en Colombia. La respuesta de
Chávez a las protestas por la entrega de Pérez Becerra provocó una indignación
aún mayor. “Que Chávez es un contrarrevolucionario, el que quiera decirlo que
lo diga”, respondió, e indicó que en vez de quemar la imagen de sus ministros,
quienes estuvieran en desacuerdo con las entregas debían quemar la imagen
presidencial, ya que él personalmente había ordenado las acciones contra Pérez
Becerra (1). Pero es el propio Chávez, con sus acciones, quien se está encargando
de quitarse la máscara de dirigente revolucionario que ha venido ostentando.
Santos, el
"nuevo mejor amigo" de Chávez
Dime con
quién pactas y te diré quién eres. Pocas horas después de la toma de posesión
de Santos, Chávez viajó a Colombia para acordar la normalización de las
relaciones. Santos es un estrecho aliado de los EEUU, como ministro uribista
ordenó el ataque de Sucumbíos, en territorio ecuatoriano e implementó la
política de los falsos positivos, mediante la cual fueron ejecutados miles de civiles.
En la reunión de Santa Marta, en agosto de 2010, Chávez no se limitó a
establecer acuerdos en el ámbito diplomático y económico, sino que estableció
las bases de una coordinación militar y de inteligencia de alto nivel para la
lucha contrainsurgente. En lo sucesivo, el presidente Chávez no sólo se
involucraría en el conflicto interno colombiano, sino que avalaría públicamente
la presencia permanente de fuerzas militares yanquis en el vecino país.
"Colombia (...) es un país soberano para establecer convenios económicos,
sociales y militares con cualquier país del mundo", aseguró Chávez, en
alusión directa a la presencia militar yanqui en el vecino país (2). Su activo
rol como aliado militar y político del régimen colombiano, se complementó con la
claudicación al imperialismo en el terreno de la "lucha contra el
terrorismo". El nuevo escenario lo sintetizó algunos meses después,
afirmando que Santos era su "nuevo mejor amigo" y que no permitiría
que nada descarrilara su alianza (3).
En el marco
de la relación bilateral con Uribe, ya Chávez había dado muestras de
disposición a claudicar al régimen antidemocrático que azota al pueblo
colombiano. En 2007, Chávez indultó a decenas de paramilitares que habían sido
detenidos cerca de Caracas y condenados por conspiración (4). Luego del
bombardeo de Sucumbíos y tras una breve ruptura de relaciones diplomáticas,
Chávez cedió unilateralmente a la posición uribista en la cumbre del Grupo de
Río, realizada en marzo de 2008 en Santo Domingo, y en julio concertó una reunión
en la que presentó a Uribe como su "amigo y hermano". (5) Ante la
protesta organizada por decenas de organizaciones de izquierda contra la visita
de Uribe a Caracas, Chávez cambió el sitio de reunión a Punto Fijo y atacó
públicamente a los convocantes de dicha protesta (6).
Chávez
capitula a la doctrina “antiterrorista” de Bush
El 23 de
abril de este año, el Ministerio de Comunicación e Información difundió una
declaración en la que reconoce que con la entrega de Pérez Becerra a las
autoridades colombianas, el gobierno de Chávez ratifica "su compromiso
inquebrantable en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen
organizado, en estricto cumplimiento de los compromisos y de la cooperación
internacional".(6) En estos términos se justificó la violación de las
leyes venezolanas y el Derecho Humanitario Internacional, al entregar un
refugiado político a sus perseguidores, negándole el derecho a la defensa y a
la asistencia consular, como luego denunciaría la propia delegación diplomática
sueca en el país (7).
Esta
orientación de atropellar los derechos humanos de personas acusadas de
colaborar con actividades “terroristas” no se ha aplicado únicamente en contra
de perseguidos colombianos, sino también en perjuicio de refugiados políticos vascos.
A raíz de la detención arbitraria del refugiado Iñaki Etxeberria, en abril de
2009, el portal Kaosenlared.net hizo un recuento de las acciones del gobierno
venezolano contra miembros de la comunidad vasca. “El Gobierno de Hugo Chávez
detuvo el 31 de mayo de 2002 a Juan Víctor Galarza Mendiola, el 17 de diciembre
del mismo año a Sebastián Etxaniz Alkorta y el 24 de septiembre de 2003 a José
Ramón Foruria Zubialdea. Los tres fueron deportados al estado español y
encarcelados. Una de las personas se comprobó posteriormente que había sido
sometida a tortura y apremios ilegales por parte de las fuerzas de seguridad
del estado español y que el proceso judicial a que fue sometido se encontraba
viciado de irregularidades. Ante demandas efectuadas ante organismos
interamericanos de DDHH, en el transcurso de este proceso, se reconoció que las
deportaciones habían sido ilegales y que no procedían siendo las mismas
violatorias de los derechos humanos”. (8)
En marzo de 2010, el gobierno de Chávez suscribe una declaración conjunta con
el gobierno del Estado español en la que ambos gobiernos rechazan el
"terrorismo en todas sus manifestaciones", brindando de esa manera un
apoyo irrestricto a la política represiva y de restricción de las libertades
democráticas en el País Vasco, amparada demagógicamente en una supuesta lucha
contra el terrorismo. (9) Tres semanas después, el gobierno venezolano da una
muestra de su compromiso antidemocrático con el Estado español al detener
arbitrariamente en la sede del Sebin y luego expulsar al activista Walter
Wendelin (10), quien viajó a Caracas para dictar una charla sobre una propuesta
de proceso de Paz para el País Vasco, patrocinada entre otras personalidades
por el senador estadounidense George Mitchell. Según los gobiernos de Venezuela
y del Estado español, el “terrorismo en todas sus manifestaciones”, incluye un
amplio abanico de actividades políticas legales y pacíficas, como las
desarrolladas por Wendelin.
La doctrina
a la que capitula Chávez propone que los sospechosos de colaborar con
organizaciones terroristas (de acuerdo a la clasificación que a tal efecto
establezcan el gobierno de los EEUU y sus aliados) no son beneficiarios de
garantía legal alguna. En la versión extrema de esta política ejecutada por el
gobierno estadounidense, incluso se autorizó la incomunicación, tortura y
reclusión de los sospechosos en cárceles secretas y campos de concentración. El
resultado ha sido los miles de torturados de Abu Ghraib y otras cárceles de
Irak, los centenares de presos en cárceles secretas en Europa, la instalación
de un campo de concentración en Guantánamo, los escuadrones de la muerte del
ejército yanqui en Afganistán, que realizan asesinatos aleatorios de civiles y
castigos colectivos semejantes a las prácticas nazis en la Europa ocupada,
crímenes expuestos a la luz pública gracias a la divulgación de documentos
internos del gobierno yanqui por parte de Wikileaks.
Avalar que
el gobierno de EEUU y sus aliados ejecuten desapariciones forzadas, torturen, y
encierren en cárceles secretas y campos de concentración a todas las personas
que declaren terroristas, es avalar el fascismo. Es importante subrayar que,
para el imperialismo, toda resistencia es terrorismo. El Congreso Nacional
Africano, el partido de Stephen Biko y Nelson Mandela que luchaba contra el
apartheid en Sudáfrica, era considerado por los EEUU como una organización
terrorista. La resistencia libanesa, que luchaba por expulsar a los invasores
israelíes de su país, también era y sigue siendo considerada por el imperialismo
como terrorista., al igual que las organizaciones palestinas que luchan contra
el colonialismo sionista, o los independentistas kurdos.
Como
revolucionarios, tenemos importantes diferencias con las Farc. No creemos que
pueda suplantarse la lucha de masas con acciones de vanguardia, ni compartimos
la estrategia de propugnar la participación en un gobierno socialdemócrata, de
unidad con sectores burgueses, como planteara Raúl Reyes en una entrevista a El
Clarín en agosto de 2007 (11). Rechazamos su violencia indiscriminada contra
civiles no involucrados en el conflicto, como en el caso de los ataques al
pueblo indígena Awá (12). Y evidentemente no compartimos su valoración del
gobierno de Chávez como un gobierno “socialista y revolucionario”.(13)
Pero estamos
categóricamente en contra de las detenciones arbitrarias y violaciones a los
derechos humanos de las personas acusadas de pertenecer a la guerrilla por
parte de los gobiernos de Chávez y Santos. Entregar perseguidos y refugiados
políticos colombianos a sus perseguidores es convertirse en aliado de un
aparato terrorista de Estado que es responsable de al menos 57 mil
desapariciones forzadas, millones de desplazados, y miles de torturas y otras
atrocidades. (14)
Chavismo o
Revolución
La deriva
reaccionaria que se pone de manifiesto en la política exterior de Chávez, es
una extensión de la política interna venezolana, y obedece a los mismos
intereses. Estamos ante la etapa regresiva de un gobierno que se apoyó en la
movilización popular durante sus primeros años, en los que enfrentó al
golpismo, pero que cada vez más se apoya en el aparato represivo y
administrativo del Estado para aplastar las luchas del pueblo, al tiempo que
normaliza sus relaciones con la burguesía opositora. La prisión política del cacique
yukpa Sabino Romero y el dirigente obrero Rubén González, recientemente
liberados gracias a importantes procesos de movilización y denuncia, demostró
hasta qué punto el gobierno venezolano está dispuesto a utilizar todo el peso
del aparato judicial para acallar la voz de la protesta. Más de 200 dirigentes
obreros y 1000 dirigentes campesinos tienen juicios abiertos por hacer huelga o
recuperar tierras cultivables, una realidad que echa por tierra las consignas
oficiales acerca del "obrerismo" y la "revolución agraria".
Más de 60 dirigentes sindicales y 200 campesinos han sido asesinados por
sicarios, sin que el gobierno haga nada por castigar estos crímenes, mientras
que por el contrario en las empresas básicas de Guayana la burocracia chavista
apela a bandas de rompehuelgas armados para ahogar los reclamos obreros (15).
Un plan de ajuste descarga sobre el pueblo el costo de la crisis, con la
inflación más alta del continente, espoleada por una devaluación del 100%, la
liberación de los precios de los alimentos y el aumento del IVA. Como
contracara, el gobierno otorga amnistía a los golpistas (16), entrega los
yacimientos petrolíferos a las transnacionales a través de las empresas mixtas,
y brinda generosos subsidios al sector empresarial, pagando las compras de
empresas (expropiaciones) a "precios de mercado”. La gran mayoría de las
violaciones de derechos humanos del período puntofijista no ha sido objeto de
investigaciones ni han sido castigados sus responsables. Incluso el Psuv ha
llevado al cargo de diputado a uno de los autores materiales de la Masacre de
Cantaura, para brindarle la cobertura de la inmunidad parlamentaria. (17)
Esta es la
realidad del llamado "socialismo del siglo XXI". Se constata, una vez
más, que ningún sector burgués, así se haga llamar “bolivariano”,
“nacionalista”, o incluso “socialista”, puede jugar un papel revolucionario en
la Latinoamérica de hoy. De ahí la bancarrota de las tesis del “frente
popular”, el “frente antiimperialista”, y todas las variantes bajo las que se presenta
una estrategia de conciliación de clases y revolución por etapas, con la cual
se constriñe la independencia política de los trabajadores y demás sectores
explotados al marco de acuerdos para gobernar con sectores burgueses
supuestamente “progresistas”, “no monopólicos”, “no subordinados al
imperialismo”, etc. Hasta ahora la mayoría de la izquierda en Venezuela y
Latinoamérica ha establecido un paralelismo entre “chavismo” y “revolución”. A
la luz de las recientes acciones contrarrevolucionarias del gobierno
venezolano, quizás por primera vez estos términos empiezan a encerrar para
miles de luchadores una disyuntiva histórica: o apoyar el proyecto burgués de
Chávez o luchar por la revolución socialista.
Notas
En noviembre
de 2010, Chávez aseguró que la alianza con Santos era fundamental para la
unidad latinoamericana: "Hermanos somos y hermanos seremos para siempre.
Que no haya fuerza alguna que sea capaz de generar ningún tipo de daño. Sólo
juntos podremos construir la Patria Grande". (http://laclase.info/nacionales/se-consuma-pacto-reaccionario-entre-hugo-chavez-y-juan-manuel-santos)
4.- http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2008/07/04/hugo-Chavez-llama-ahora-hermano-y-amig.html
5.- Ver
respuesta de Miguel Angel Hernández a las declaraciones de Chávez: http://www.kaosenlared.net/noticia/visita-uribe-ha-removido-fibra-antiimperialismo-pueblo-venezolano
Marino
Alvarado, coordinador de la organización de derechos humanos Provea, también
hace un recuento de estos casos. “Recordemos que el 02 de junio de 2002 el
gobierno deportó a Víctor Galarza ciudadano de origen vasco quien se encontraba
con toda su documentación en Venezuela y tenía más de 12 años residenciado en
el país. Luego, en diciembre de ese mismo año, es decir, seis meses después de
Galarza entregó al gobierno de España a Sebastián Echaniz Alcorta. Por estas
deportaciones arbitrarias el gobierno fue demandado ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Cuatro años después ante la contundencia de
las pruebas de que se había violado la Constitución Venezolana y la Convención
Americana de Derechos Humanos el gobierno admitió los hechos y suscribió el 21
de junio de 2006 un acuerdo amistoso (caso 12.555) (http://www.cidh.org/annualrep/2006sp/Venezuela12555sp.htm)
mediante el cual se comprometió a indemnizar a las dos víctimas. A la fecha el
gobierno ha incumplido en su totalidad el acuerdo suscrito”. (http://www.derechos.org.ve/proveaweb/pactos-y-otros-instrumentos/gobierno-expulsa-a-francia-al-dirigente-de-movimiento-vasco-walter-wendelin.html)
10.-
“Durante cuarenta y ocho horas Wendelin fue detenido de manera arbitraria por
el gobierno venezolano. El domingo policías del Servicio Bolivariano de
Inteligencia procedieron a privarlo de libertad cuando presentó su pasaporte a
funcionarios de inmigración. Inmediatamente fue trasladado a la sede de dicho
organismo policial en Caracas. La detención se produjo violando las normas
establecidas en la Constitución venezolana que establecen que nadie puede ser
privado de la libertad salvo que sea capturado infraganti cometiendo un delito
o mediante orden judicial. Wendelin no había cometido delito alguno en
Venezuela. Tampoco le era aplicable una detención preventiva prevista en el
Tratado de Extradición Venezuela- España puesto como bien lo confirmó en
embajador de España en Venezuela a medios de comunicación de Europa, el
dirigente político no tenía ninguna solicitud judicial por parte de órganos de
administración de justicia de España”. (http://www.derechos.org.ve/proveaweb/pactos-y-otros-instrumentos/gobierno-expulsa-a-francia-al-dirigente-de-movimiento-vasco-walter-wendelin.html)
12.- En la
misma entrevista citada anteriormente, Reyes se refiere al gobierno venezolano
en los siguientes términos: “En el caso de Venezuela vemos a un gobierno revolucionario,
que quiere llegar al socialismo, un gobierno apoyado por la inmensa mayoría,
que también dispone de muchísimos recursos y que sabe administrar bien”. Las
Farc no se han pronunciado hasta ahora acerca de los acuerdos entre Chávez y
Santos. (http://www.tribuna-popular.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1516&Itemid=50)
13.-
Declaración de las Farc sobre ejecución de 8 indígenas Awá
http://www.kaosenlared.net/noticia/guerrilla-farc-posiciona-sobre-ajusticiamiento-8-indigenas-awa
http://www.kaosenlared.net/noticia/guerrilla-farc-posiciona-sobre-ajusticiamiento-8-indigenas-awa
Carta
abierta a las Farc por parte de autoridades indígenas
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