Tal y como lo venimos señalando desde hace ya bastante tiempo, las conversaciones entre el Gobierno y la MUD, en forma directa o a través de los negociadores, incluido el representante de Obama, se vienen dando sin que los actores lo hayan informado o ni siquiera reconocido. Estas negociaciones ya han producido algunos resultados, que pueden ser apreciados si se mira objetivamente la realidad de los hechos y se dejan de lado visceralidades, que lo que hacen es entorpecer el buen juicio. La no realización de las elecciones de gobernadores y consejos legislativos de los estados este año, es decir, su suspensión de hecho sin fecha definida, es producto de un acuerdo entre la MUD y el Gobierno; no hay sino que leer las declaraciones del liderazgo opositor para percatarse de ello. No importa que lo nieguen, sus reclamos son el revocatorio y no la realización de las elecciones regionales.
Es imposible pensar en un diferimiento de las elecciones regionales, que en principio favorece al Gobierno, sin pasearse por la posibilidad altamente probable de realización del referéndum revocatorio, como contra medida favorable a la Mesa. De hecho, el Gobierno, a pesar de su discurso incendiario sobre el revocatorio, no ha cerrado las posibilidades de que se haga. Las decisiones del CNE, a pesar de las trabas que ha puesto y de las declaraciones destempladas de líderes del PSUV, terminó confirmando la recolección del uno por ciento de las firmas necesarias para pasar al siguiente paso del proceso de convocatoria. El Tribunal Supremo, tan raudo y veloz en eliminar todas las decisiones de la Asamblea Nacional, no se pronunció declarando fraudulento e ilegal el proceso de recolección de firmas, a pesar de las solicitudes recibidas.
El Gobierno ha permitido que la situación llegue a un estadio donde no puede dar marcha atrás. No importan las motivaciones que se aduzcan: para algunos ha sido la presión popular en las calles (inexistente por cierto hasta el 1° de septiembre pasado) o el miedo que le tienen a Leopoldo López o las amenazas de María Corina. Cada quién que quiera inventarse una explicación es libre de hacerlo. Pero lo cierto es que el Gobierno (yo digo que con motivo de los acuerdos con Shannon) permitió el éxito de esa primera fase de convocatoria del revocatorio. Además, el Gobierno no ha cerrado la posibilidad de que el mismo se haga este año. El plazo de la convocatoria dado públicamente por Tibisay Lucena transcurre entre finales de 2016 y comienzos de 2017, por lo que se puede hacer en cualquiera de estos dos años. Es claro que el Gobierno no decidió desde ya que se hiciera en 2017, lo que significa la existencia de unos acuerdos avalados por los negociadores. Ésta debería ser la lectura del escenario político actual.
Es preciso señalar que los acuerdos políticos de este tipo no contemplan absolutamente todo, pues la política es un hecho social afectado por innumerables variables, que son imposibles de conocer y mucho menos de controlar. El Gobierno podría haber acordado la realización del referéndum, pero dejando la decisión de si es este año o el próximo al resultado de la manifestación de voluntades, que se realizará a finales de octubre venidero. Para cualquiera no cegado por sus pasiones tendría que ser evidente que si, en el acto de manifestación de voluntades, un número muy grande de electores, digamos 7 millones o más, se expresa solicitando la realización del revocatorio, el presidente Maduro estaría prácticamente revocado y tendría que hacer el revocatorio este año o incluso renunciar, ahora sí y no como algunos ilusos políticos proponían a destiempo y sin ninguna fuerza. El sector militar institucional presionaría cualquiera de estas salidas.
El anterior escenario puede ser el más probable; nos llevaría a elecciones presidenciales en diciembre y significaría una derrota para el Gobierno, para Maduro y su camarilla y para el PSUV. La disgregación de lo que se ha dado en llamar el chavecismo se profundizaría y aparecerían, ya claramente en forma pública, distintas fracciones que se atribuirían cada una la herencia política e ideológica (¿?) de Chávez. El capital, sobre todo el financiero, así como los corruptos y vividores, migrarían hacia el nuevo gobierno, como ya lo hicieron en el pasado desde AD y Copei hacia el Movimiento V República y luego hacia el PSUV; el sector militar activo trataría de mantener la mayor participación en el gobierno de los civiles, según la costumbre adquirida estos 17 años. Sería un triunfo de la MUD, y particularmente de Capriles Radonsky y Primero Justicia, quienes fueron los abanderados de la política que finalmente fue asumida por la población y concluyó exitosamente.
Las “mini elecciones” presidenciales que tendrían que hacerse pueden significar un escollo importante para la Mesa. No habría tiempo para elecciones primarias, por lo que el candidato tiene que escogerse de común acuerdo, lo cual no es fácil dada las apetencias de los distintos participantes, preocupados más de saciar sus apetitos voraces que de trabajar por la nación venezolana. No es descartable, ante la gran debilidad del PSUV, que esas mini elecciones puedan ser las primarias de las elecciones presidenciales de finales de 2018, es decir que se presenten varios candidatos por la MUD y quien gane termine el período de Maduro y sea el nominado para el 2018. Tendría cierto peligro, pero en Venezuela se es Presidente con cualquier porcentaje de votos siempre que sea el mayor porcentaje.
Hay otros escenarios menos probables pero igualmente posibles que describiremos en futuros escritos. En cualquier caso finalizaría la polarización política sufrida estos 17 años, lo que abriría posibilidades de participación a otros grupos y partidos políticos.
La Razón, pp A-4, 18-9-2016, Caracas,
Es imposible pensar en un diferimiento de las elecciones regionales, que en principio favorece al Gobierno, sin pasearse por la posibilidad altamente probable de realización del referéndum revocatorio, como contra medida favorable a la Mesa. De hecho, el Gobierno, a pesar de su discurso incendiario sobre el revocatorio, no ha cerrado las posibilidades de que se haga. Las decisiones del CNE, a pesar de las trabas que ha puesto y de las declaraciones destempladas de líderes del PSUV, terminó confirmando la recolección del uno por ciento de las firmas necesarias para pasar al siguiente paso del proceso de convocatoria. El Tribunal Supremo, tan raudo y veloz en eliminar todas las decisiones de la Asamblea Nacional, no se pronunció declarando fraudulento e ilegal el proceso de recolección de firmas, a pesar de las solicitudes recibidas.
El Gobierno ha permitido que la situación llegue a un estadio donde no puede dar marcha atrás. No importan las motivaciones que se aduzcan: para algunos ha sido la presión popular en las calles (inexistente por cierto hasta el 1° de septiembre pasado) o el miedo que le tienen a Leopoldo López o las amenazas de María Corina. Cada quién que quiera inventarse una explicación es libre de hacerlo. Pero lo cierto es que el Gobierno (yo digo que con motivo de los acuerdos con Shannon) permitió el éxito de esa primera fase de convocatoria del revocatorio. Además, el Gobierno no ha cerrado la posibilidad de que el mismo se haga este año. El plazo de la convocatoria dado públicamente por Tibisay Lucena transcurre entre finales de 2016 y comienzos de 2017, por lo que se puede hacer en cualquiera de estos dos años. Es claro que el Gobierno no decidió desde ya que se hiciera en 2017, lo que significa la existencia de unos acuerdos avalados por los negociadores. Ésta debería ser la lectura del escenario político actual.
Es preciso señalar que los acuerdos políticos de este tipo no contemplan absolutamente todo, pues la política es un hecho social afectado por innumerables variables, que son imposibles de conocer y mucho menos de controlar. El Gobierno podría haber acordado la realización del referéndum, pero dejando la decisión de si es este año o el próximo al resultado de la manifestación de voluntades, que se realizará a finales de octubre venidero. Para cualquiera no cegado por sus pasiones tendría que ser evidente que si, en el acto de manifestación de voluntades, un número muy grande de electores, digamos 7 millones o más, se expresa solicitando la realización del revocatorio, el presidente Maduro estaría prácticamente revocado y tendría que hacer el revocatorio este año o incluso renunciar, ahora sí y no como algunos ilusos políticos proponían a destiempo y sin ninguna fuerza. El sector militar institucional presionaría cualquiera de estas salidas.
El anterior escenario puede ser el más probable; nos llevaría a elecciones presidenciales en diciembre y significaría una derrota para el Gobierno, para Maduro y su camarilla y para el PSUV. La disgregación de lo que se ha dado en llamar el chavecismo se profundizaría y aparecerían, ya claramente en forma pública, distintas fracciones que se atribuirían cada una la herencia política e ideológica (¿?) de Chávez. El capital, sobre todo el financiero, así como los corruptos y vividores, migrarían hacia el nuevo gobierno, como ya lo hicieron en el pasado desde AD y Copei hacia el Movimiento V República y luego hacia el PSUV; el sector militar activo trataría de mantener la mayor participación en el gobierno de los civiles, según la costumbre adquirida estos 17 años. Sería un triunfo de la MUD, y particularmente de Capriles Radonsky y Primero Justicia, quienes fueron los abanderados de la política que finalmente fue asumida por la población y concluyó exitosamente.
Las “mini elecciones” presidenciales que tendrían que hacerse pueden significar un escollo importante para la Mesa. No habría tiempo para elecciones primarias, por lo que el candidato tiene que escogerse de común acuerdo, lo cual no es fácil dada las apetencias de los distintos participantes, preocupados más de saciar sus apetitos voraces que de trabajar por la nación venezolana. No es descartable, ante la gran debilidad del PSUV, que esas mini elecciones puedan ser las primarias de las elecciones presidenciales de finales de 2018, es decir que se presenten varios candidatos por la MUD y quien gane termine el período de Maduro y sea el nominado para el 2018. Tendría cierto peligro, pero en Venezuela se es Presidente con cualquier porcentaje de votos siempre que sea el mayor porcentaje.
Hay otros escenarios menos probables pero igualmente posibles que describiremos en futuros escritos. En cualquier caso finalizaría la polarización política sufrida estos 17 años, lo que abriría posibilidades de participación a otros grupos y partidos políticos.
La Razón, pp A-4, 18-9-2016, Caracas,
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por compartir con todos tus comentarios y opiones