Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque: instrumento para criminalizar la protesta y privatizar la industria petrolera

Por Corriente, Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura)

El pasado 19 de febrero de 2020, el presidente Nicolás Maduro creó la Comisión Presidencial para la Defensa, Restructuración y Reorganización de la Industria Petrolera, con el nombre de «Alí Rodríguez Araque», y aseguró que la misma “tendrá todo el poder para iniciar el proceso de cambios, transformaciones y defensa integral de la industria petrolera”, para aumentar la producción en 2 millones de barriles diarios, acabar con la corrupción y restablecer los derechos de los trabajadores. Dicha comisión cuenta con la participación y el aval de la burocracia sindical roja rojita, encabezada por Wills Rangel, y la misma deja al descubierto las pugnas de poder entre los distintos factores cívico-militares que controlan el Estado. Por otra parte, las personas que integran la comisión nombrada por el gobierno, no tienen nada que ver con nuestra industria.

Con la responsabilidad y claridad que ha caracterizado siempre a la Corriente, Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura), al compañero José Bodas, secretario general de la Futpv, Fran Luna y demás integrantes de nuestra corriente, debemos decirle a los trabajadores y trabajadoras que puedan tener alguna expectativa en esta comisión presidencial, que la misma no viene a resolver los principales problemas que atraviesa la industria petrolera, ni mucho menos a darle respuesta a la dramática situación social y laboral que sufrimos en Pdvsa, ni a aumentar los salarios de hambre que devengamos.

Cabría preguntarse entonces, ¿por qué en este momento el gobierno decide crear esta comisión? Cuáles son sus objetivos?

Responsable pero categóricamente decimos que los objetivos de esta comisión son dos: profundizar la política de criminalización y persecución a los que luchan por sus derechos o cuestionan a la gerencia de Pdvsa, y por otra parte, y estrechamente ligado a lo anterior, avanzar en el proceso de privatización y de entrega de nuestra principal industria a las transnacionales.

Como ya se puede ver en las primeras acciones de la comisión, esta ya está ejecutando una ola de despidos en Pdvsa, así como jubilaciones arbitrarias y forzosas, como el caso de José Bodas y otros compañeros. Hay más de 40 trabajadoras y trabajadores privados de libertad. Algunos de ellos expuestos al escarnio público, acusados y sentenciados como “traidores a la patria”, sin apego al debido proceso, como lo muestran los casos de Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, ambos gerentes en la vicepresidencia de comercio y suministros de Pdvsa, quienes denunciaron procedimientos corruptos en la asignación de contratos a empresarios allegados, y exportaciones fraudulentas.

El plan consiste en la entrega de la industria petrolera al capital transnacional y local, para lo cual se necesita criminalizar a cualquier sector laboral al interior de Pdvsa que se oponga y denuncie la corrupción, la privatización y la ofensiva antiobrera que se viene desarrollando en la industria petrolera desde la gerencia y las empresas mixtas, con el apoyo y complicidad de la burocracia sindical roja rojita, que mantiene secuestrada a la Futpv y los sindicatos de base. Precisamente declaran la emergencia en Pdvsa para justificar la persecución y la arbitrariedad.

Desde C-cura hemos afirmado que el paquete de ajuste del gobierno, tiene su centro en la liquidación sistemática del salario, de las convenciones colectivas y de todos los derechos laborales, para hacernos pagar la crisis económica, favoreciendo a los altos jerarcas militares y civiles que operan en Pdvsa y el gobierno, a la boliburguesía y al capital transnacional, para lograrlo requieren elevar los niveles de explotación de la clase trabajadora y el saqueo de nuestros recursos naturales.

Debemos tener claro que con la comisión presidencial nombrada no habrá ningún cambio significativo en nuestras condiciones de vida y de trabajo. Quizás la gerencia de Pdvsa otorgue uno que otro beneficio. Algunas cajas de comida, pero nada importante y significativo, y será imposible aumentar la producción de petróleo, tomando en cuenta el desastre operativo en el que se encuentra la industria.

Sólo con la lucha y la organización autónoma de los trabajadores y trabajadoras podremos lograr salarios y pensiones igual a la canasta básica indexados mensualmente a la inflación; contrataciones colectivas dignas; retroactividad de las prestaciones sociales de la nómina mayor; luchar contra el robo del fondo pensiones, contra la criminalización de la protesta, contra los despidos y jubilaciones forzosas. Enfrentar las consecuencias de la progresiva privatización de la industria petrolera. Luchar contra el memorándum 2792 y el factor de Equilibrio 9030; para que los asalariados no paguemos ISLR (el salario no es renta), por la eliminación del IVA y la aplicación de impuestos progresivos al capital, por la defensa de la libertad sindical y del sindicato como instrumento de lucha de los trabajadores, porque el petróleo sea 100% estatal, sin empresas mixtas, por la repatriación de los capitales fugados que se encuentran en bancos europeos y paraísos fiscales; por el No pago de la deuda externa fraudulenta y demás medidas necesarias como parte de un plan de recuperación económica, en la perspectiva de crear las condiciones para un gobierno de los trabajadores.

Estos son los elementos centrales de la lucha, para superar las condiciones de hambre y de miseria en la que el gobierno, la gerencia de Pdvsa, las transnacionales y las empresas mixtas pretenden mantener a las trabajadoras y trabajadores petroleros. Sólo con la lucha y la movilización independiente del gobierno, los patronos, de Guaidó y sus partidos proimperialistas, vamos a derrotar esta política hambreadora.

En tal sentido, llamamos a todas y todos los trabajadores petroleros y jubilados a conformar los comités de base para la defensa de la convención colectiva, el salario, la salud, la industria petrolera y los fondos de ahorro de nuestros pensionados y pensionadas, y todos nuestros derechos.

11 de marzo de 2020