Después de 4 años de total opacidad, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó cifras sobre indicadores económicos en el país.
Un reporte publicado en la web del ente, referido a los indicadores del Producto Interno Bruto (PIB) hasta el tercer trimestre de 2018, reveló que entre el tercer trimestre del 2013 y septiembre del 2018 la economía venezolana se contrajo en 52,3%, confirmando así la dramática recesión económica y dejando al desnudo la demagogia oficial promovida en cientos de discursos de Maduro y su cúpula, y en las promesas plasmadas en la inconstitucional «ley» del Plan de la Patria 2013-2019, oferta electoral de Maduro.
El BCV en mora constitucional con los venezolanos al no publicar cifras sobre los indicadores económicos, cedió a las presiones del Fondo Monetario Internacional, quien amenazó con imponer sanciones al ente e impedir acceder a los Derechos Especiales de Giro -un mecanismo del FMI dirigido a proporcionar liquidez al sistema económico mundial y complementar las reservas oficiales de los países miembros del órgano- y envió en noviembre pasado la información requerida por el Fondo. Apenas este martes, los venezolanos pudimos conocer dicha información que, aunque incompleta, refleja la dramática crisis de la economía venezolana.
Según la información divulgada por el BCV, entre el tercer trimestre de 2017 y el tercero de 2018, el PIB se contrajo en 22,5%; la actividad petrolera cayó un 25,8% y la no petrolera un 22%. El Banco Central de Venezuela omitió divulgar información sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del año 2019, sin embargo indicó que la inflación registrada en 2018 ascendió a 130.060%, contrastando ampliamente con la cifra de 1.698.488% de inflación calculada por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional para el cierre del pasado año.
El engaño al desnudo
Las metas del “Plan de la Patria” y su contraste con la realidad actual -incluso con la incompleta y tardía información del BCV-, reflejan el fracaso de una oferta engañosa de quienes hoy están aferrados al poder.
Desde 2015 se vienen generando cifras históricas de inflación en Venezuela. En dicho período la inflación tuvo su nivel histórico más alto desde 1950, año en el cual el Banco Central de Venezuela (BCV) comenzó a registrar dicho índice en el país. Maduro impuso entonces un nuevo record al superar los índices más altos de inflación que se habían registrado hasta ese momento y que correspondían a los años 1989 (81%); 1994 (70,8%) y 1996 (103,2%), períodos en los cuales se realizaron severos ajustes económicos.
El Plan de la Patria 2013-2019, oferta electoral del candidato Maduro en 2013, e instrumento convertido inconstitucionalmente en ley durante la anterior gestión de la Asamblea Nacional, planteaba metas como un Índice de Desarrollo Humano de 0,800; 15,00% de pobreza general y 0% pobreza extrema, para el año 2019. Asimismo, las promesas de Maduro situaban la inflación promedio anual en 20% y una tasa de crecimiento promedio anual entre 3,0% y 4,0%.
En la Venezuela gobernada por Maduro el crecimiento de la desigualdad social y la extinción de la movilidad social son las principales consecuencias de la indolencia y el empobrecimiento generalizado y deliberado de la población.
Entre 2012 y 2017 el país cayó dieciséis puestos en el indice global de Desarrollo Humano (IDH), según reveló el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su último informe correspondiente a la data levantada hasta el año 2017. Venezuela se sitúa en el puesto 78 de 189 países analizados por el organismo, y en 8º lugar entre los países de América Latina, en una lista que lidera Chile con el índice más alto de la región, y que cierra Haiti -en el puesto 168 global-, con el IDH más bajo del continente.
El retroceso experimentado por Venezuela es uno de los mayores en el indicador que refleja los logros nacionales en materia de salud, educación y nivel de ingresos. Según el PNUD la renta per cápita de Venezuela disminuyó un 25,8% entre 1990 y 2017. De acuerdo al informe del IDH del año 2012, el ingreso nacional bruto per cápita de Venezuela se situaba en 11.475 dólares; mientras que para el 2017 el PNUD reportó un ingreso per cápita de 10,672 dólares.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en abril de 2019 su informe «Perspectivas de la Economía Mundial«, en el que calificó a Venezuela como un “lastre considerable” para el desarrollo económico de la región. “La economía venezolana se espera que se contraiga un cuarto en 2019 y otro 10% en 2020, un colapso mayor que el proyectado en el informe de octubre de 2018 y que genera un lastre considerable en el crecimiento proyectado para la región y para el grupo de mercados emergentes y economías en desarrollo en ambos años”, destacó el documento.
En octubre pasado el FMI había proyectado una reducción del PIB real de 18% en 2018 y del 5% para 2019, «[…] provocada por el desplome de la producción de petróleo y la inestabilidad política y social”. El organismo estimó entonces que el Producto Interno Bruto per cápita de los venezolanos se redujo en más del 35% durante el período 2013–2017 y previó una disminución de casi un 60% entre 2013 y 2023.
De acuerdo a esa proyección, Venezuela se situaría, junto a Arabia Saudita; Azerbaiyán; República Democrática del Congo; Georgia; Iraq; Líbano; Liberia; Libia y Qatar, como las naciones en las que, en distintos períodos históricos, se ha registrado una caída del PIB per cápita superior al 60%.
La proyección actualizada del FMI para la Venezuela de 2019 augura una catástrofe para los derechos humanos. Una caída del PIB real de 25% -con serias posibilidades de ser aún mayor debido a la grave crisis económica, política y social del país-; una tasa de inflación de 10.000.000% y un indice de desempleo de 44,3% para el cierre del presente año. En su reporte de octubre, el órgano proyectaba una tasa de inflación similar y un indice de desempleo de 38%. Para 2020, el organismo proyecta una caída del PIB de 10%; una inflación de 10.000.000% y una tasa de desempleo de 47,9%.
El histórico retroceso de la economía venezolana y su impacto en el aumento de la pobreza y la exclusión de grandes sectores de la población, coincide con la finalización de la mayor bonanza petrolera de nuestra historia, un período en el cual aumentó la corrupción, el manejo irresponsable de los recursos públicos y el endeudamiento del país. Sumado a estos factores, la agudización de la crisis y la ausencia de respuestas para superarla, obedece fundamentalmente al cierre de los espacios democráticos y la extinción del Estado de Derecho. La adopción de medidas antipopulares y antidemocráticas en el terreno económico, ha erosionado la garantía de los derechos sociales y hace ilusoria la posibilidad de superar la crisis en el menor tiempo posible para mitigar su impacto en la vida de los sectores más empobrecidos y vulnerables.
[Tomado de https://www.derechos.org.ve/actualidad/cifras-del-bcv-dejaron-al-desnudo-las-falsas-promesas-del-plan-de-la-patria-2013-2019.]
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