Estefanía Rosales
El Carabobeño
Las calles, las casas, las patrullas, las cárceles; ningún lugar está a salvo del último instrumento del delito que ha llegado a manos de los criminales: las granadas. Venezuela, con 18 fallecidos, es la nación latinoamericana con más muertes por el uso de este artefacto entre enero de 2013 y marzo de 2015. En Colombia [segundo en decesos] estos explosivos fueron utilizados por grupos armados al margen de la ley (FARC y ELN), mientras que en Venezuela este “privilegio” corresponde al hampa. Son reveladores los resultados preliminares del estudio de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc por sus siglas en inglés), presentados durante la 13a reunión del Observatorio del Crimen Organizado en América Latina y el Caribe. La mayoría de los casos ocurrió en la Región Central, específicamente en Aragua, Distrito Capital y Miranda. “No es nuevo el tema de las granadas, ha estado con cierta latencia, lo que adquiere relevancia es el uso también de otros tipos de artefactos bélicos”, aclara el director de la ONG Paz Activa, el sociólogo Luis Cedeño.
A pesar de que Colombia reportó el mayor uso de estos materiales explosivos [más de 50], Venezuela superó a este país en letalidad. Quizás por la impericia de los victimarios al utilizarlas, poniendo en riesgo su propia vida, deduce Cedeño. Dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) son manipuladas por especialistas, entrenados para el uso de estas armas, concuerda el profesor de Criminalística de Universidad de Carabobo Andrés Monsalve.
Una granada de mano pesa alrededor de 400 g. Contiene una carga explosiva altamente poderosa y fragmentos metálicos conocidos como metralla. Para accionarla es necesario retirar el anillo de seguridad, activándose los mecanismos iniciadores, que encienden una mecha dentro del contenedor y al quemarse -al cabo de unos 4 o 7 segundos-, hace contacto con un propulsor del explosivo, estallando. -Una vez que detona, produce un efecto densidad, lo que llamamos onda de choque. A medida que se expande deja de ser una sustancia y se convierte en presión y calor, ilustró Monsalve. Todo lo que no sea lesionado por la onda puede ser alcanzado por la metralla. El impacto del trozo metálico es equivalente a un disparo. El radio de acción de la granada depende del tipo, las ofensivas pueden llegar hasta 12 m y las defensivas hasta 25 m.
Las incógnitas
No hay información oficial sobre producción de granadas, ni registros auditables. “En los rubros de adquisiciones a 14 países no hemos podido auditar este tipo de información, con lo que podría suponer que se están produciendo en el país. El problema está en que no se emite información sobre esta materia en los datos de Cavim”, señala la presidente de la ONG Control Ciudadano, la abogada Rocío San Miguel. La única información disponible es la disminución de la producción en las industrias donde se procesa la materia prima para las armas: 16,56% en Químicos y Explosivos y 17,80% en la División Metalmecánica [Memoria y Cuenta del Ministerio de Defensa 2015].
“La opacidad en los sistemas de gobierno dificulta la contraloría democrática sobre los poderes públicos, especialmente en temas tan delicados como el control de armas y municiones - sostiene la abogada -. Venezuela no ha sido un país de tráfico ilícito de armas y municiones como otros países del mundo. De manera que es mucho más preocupante la tenencia ilegal de armas: están entrando o produciéndose legalmente y terminan de manera ilegal en manos de la población civil. Pareciera que agentes del Estado están aprovisionando ilegalmente a la población civil”.
En manos equivocadas
Una noche de mayo, sujetos en motocicleta arrojaron dos granadas a la sede del Cicpc Villa de Cura. Diez minutos más tarde, otro ataque se registró en el Cicpc Turmero. El 5 de junio, delincuentes quemaron 9 motos de Policaracas e hirieron a siete funcionarios con las esquirlas de una granada en la Cota 905, en Caracas. Más recientemente, el 16 de junio, un recluso accionó una granada en el Centro de Coordinación Policial de Santa Lucía; la explosión causó la muerte de un recluso y un policía municipal de Paz Castillo (Caracas). Aragua, Miranda y Caracas han sido las regiones que han vivido los episodios más dramáticos. En Carabobo, granadas con los seriales borrados son incautadas frecuentemente por los cuerpos de seguridad del estado, de acuerdo con informaciones de prensa.
Las granadas tienen un código para identificar el lote de producción y la fecha de fabricación, datos asociados a la unidad asignada. “¿Para qué borrarles el serial?” se pregunta el profesor Andrés Monsalve. “La acción demuestra que salió de alguna institución legal. Los parques de municiones tienen estrictos controles de seguridad, cualquier persona no puede entrar y tomar una granada. En algún momento estuvieron en un arsenal de la FANB y fueron a tener a las manos del hampa”, enfatizó el profesor de Criminalística.
El problema de fondo es ético, las FANB tienen que realizar auditorías constantes de sus parques de municiones, mejorar la selección de su personal y revisar sus protocolos de control para determinar por qué tantas armas especiales se han escapado del cuartel, evitando que siga registrándose tal irregularidad, recomendó Monsalve.
Acceder a estas armas requiere poder económico y logístico, razona Cedeño, las bandas que consiguen granadas deben sostener el costo que implica adquirirlas para amedrentar a las fuerzas de seguridad del Estado, con una capacidad de fuego muy inferior a estas organizaciones delictivas. “El delito organizado opera dentro del Estado a través de la corrupción y uno de sus principales objetivos es la impunidad, porque le da un claro mensaje a los delincuentes: Venezuela es un país liberado de la justicia, uno de los grandes logros del delito organizado”.
Las calles, las casas, las patrullas, las cárceles; ningún lugar está a salvo del último instrumento del delito que ha llegado a manos de los criminales: las granadas. Venezuela, con 18 fallecidos, es la nación latinoamericana con más muertes por el uso de este artefacto entre enero de 2013 y marzo de 2015. En Colombia [segundo en decesos] estos explosivos fueron utilizados por grupos armados al margen de la ley (FARC y ELN), mientras que en Venezuela este “privilegio” corresponde al hampa. Son reveladores los resultados preliminares del estudio de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc por sus siglas en inglés), presentados durante la 13a reunión del Observatorio del Crimen Organizado en América Latina y el Caribe. La mayoría de los casos ocurrió en la Región Central, específicamente en Aragua, Distrito Capital y Miranda. “No es nuevo el tema de las granadas, ha estado con cierta latencia, lo que adquiere relevancia es el uso también de otros tipos de artefactos bélicos”, aclara el director de la ONG Paz Activa, el sociólogo Luis Cedeño.
A pesar de que Colombia reportó el mayor uso de estos materiales explosivos [más de 50], Venezuela superó a este país en letalidad. Quizás por la impericia de los victimarios al utilizarlas, poniendo en riesgo su propia vida, deduce Cedeño. Dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) son manipuladas por especialistas, entrenados para el uso de estas armas, concuerda el profesor de Criminalística de Universidad de Carabobo Andrés Monsalve.
Una granada de mano pesa alrededor de 400 g. Contiene una carga explosiva altamente poderosa y fragmentos metálicos conocidos como metralla. Para accionarla es necesario retirar el anillo de seguridad, activándose los mecanismos iniciadores, que encienden una mecha dentro del contenedor y al quemarse -al cabo de unos 4 o 7 segundos-, hace contacto con un propulsor del explosivo, estallando. -Una vez que detona, produce un efecto densidad, lo que llamamos onda de choque. A medida que se expande deja de ser una sustancia y se convierte en presión y calor, ilustró Monsalve. Todo lo que no sea lesionado por la onda puede ser alcanzado por la metralla. El impacto del trozo metálico es equivalente a un disparo. El radio de acción de la granada depende del tipo, las ofensivas pueden llegar hasta 12 m y las defensivas hasta 25 m.
Las incógnitas
No hay información oficial sobre producción de granadas, ni registros auditables. “En los rubros de adquisiciones a 14 países no hemos podido auditar este tipo de información, con lo que podría suponer que se están produciendo en el país. El problema está en que no se emite información sobre esta materia en los datos de Cavim”, señala la presidente de la ONG Control Ciudadano, la abogada Rocío San Miguel. La única información disponible es la disminución de la producción en las industrias donde se procesa la materia prima para las armas: 16,56% en Químicos y Explosivos y 17,80% en la División Metalmecánica [Memoria y Cuenta del Ministerio de Defensa 2015].
“La opacidad en los sistemas de gobierno dificulta la contraloría democrática sobre los poderes públicos, especialmente en temas tan delicados como el control de armas y municiones - sostiene la abogada -. Venezuela no ha sido un país de tráfico ilícito de armas y municiones como otros países del mundo. De manera que es mucho más preocupante la tenencia ilegal de armas: están entrando o produciéndose legalmente y terminan de manera ilegal en manos de la población civil. Pareciera que agentes del Estado están aprovisionando ilegalmente a la población civil”.
En manos equivocadas
Una noche de mayo, sujetos en motocicleta arrojaron dos granadas a la sede del Cicpc Villa de Cura. Diez minutos más tarde, otro ataque se registró en el Cicpc Turmero. El 5 de junio, delincuentes quemaron 9 motos de Policaracas e hirieron a siete funcionarios con las esquirlas de una granada en la Cota 905, en Caracas. Más recientemente, el 16 de junio, un recluso accionó una granada en el Centro de Coordinación Policial de Santa Lucía; la explosión causó la muerte de un recluso y un policía municipal de Paz Castillo (Caracas). Aragua, Miranda y Caracas han sido las regiones que han vivido los episodios más dramáticos. En Carabobo, granadas con los seriales borrados son incautadas frecuentemente por los cuerpos de seguridad del estado, de acuerdo con informaciones de prensa.
Las granadas tienen un código para identificar el lote de producción y la fecha de fabricación, datos asociados a la unidad asignada. “¿Para qué borrarles el serial?” se pregunta el profesor Andrés Monsalve. “La acción demuestra que salió de alguna institución legal. Los parques de municiones tienen estrictos controles de seguridad, cualquier persona no puede entrar y tomar una granada. En algún momento estuvieron en un arsenal de la FANB y fueron a tener a las manos del hampa”, enfatizó el profesor de Criminalística.
El problema de fondo es ético, las FANB tienen que realizar auditorías constantes de sus parques de municiones, mejorar la selección de su personal y revisar sus protocolos de control para determinar por qué tantas armas especiales se han escapado del cuartel, evitando que siga registrándose tal irregularidad, recomendó Monsalve.
Acceder a estas armas requiere poder económico y logístico, razona Cedeño, las bandas que consiguen granadas deben sostener el costo que implica adquirirlas para amedrentar a las fuerzas de seguridad del Estado, con una capacidad de fuego muy inferior a estas organizaciones delictivas. “El delito organizado opera dentro del Estado a través de la corrupción y uno de sus principales objetivos es la impunidad, porque le da un claro mensaje a los delincuentes: Venezuela es un país liberado de la justicia, uno de los grandes logros del delito organizado”.
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