Aumentos y derroche

Provea
Esperanza Hermida

La discusión del momento económico que vive el país está asociada a la escasez, la inflación, la devaluación, el control cambiario, la vulneración de derechos económicos y sociales, y más recientemente, al aumento de la gasolina. Ahora bien, en materia de derechos humanos el incremento del combustible tiene una cara ética y es si el dinero generado por su venta, permite desarrollar políticas públicas garantes del acceso a derechos fundamentales, como la salud, alimentación, educación, trabajo decente y seguridad social. 

Sin embargo, los voceros del gobierno nacional no indican el destino que tendrían los fondos provenientes de este aumento, sino que han concentrado su estrategia mediática en justificarlo. Para ello apelan a los análisis que demuestran el subsidio histórico al combustible en un país que como Venezuela, exhibe la discutida cualidad de poseer el menor costo por litro, a nivel mundial y una pobreza que se ubica en el 6,2%.

Por su parte, sectores sociales comienzan a evaluar el impacto que sobre sus vidas tendrá un presunto incremento del combustible, al que algunos analistas ubican en más del 2.000%. La gente más pobre, que es la gente que habita en los barrios de las ciudades y en los pueblos, y las personas que viven de una cada vez más precaria actividad en el campo, son y serán –en definitiva- las más afectadas por cualquier modificación en el valor de la gasolina. También lo serán sectores de la clase media y la economía en general.

Por eso, uno de los aspectos medulares del asunto tiene que ver con el uso de los fondos derivados de este posible aumento, pues constitucionalmente el Estado es propietario y administrador del subsuelo venezolano y de los minerales u otras riquezas que él se encuentran. Si analizamos la experiencia reciente entre 1999 y la presente fecha, se evidencia que ni el rentismo, ni el extractivismo cesaron. Al contrario, Venezuela profundizó su dependencia.

Con este mar de fondo, salta a la palestra la preocupación sobre el destino de un eventual aumento del combustible. Ello pues pareciera inviable la posibilidad de una inversión social responsable y auditable por parte del gobierno, máxime si se parte del balance de las políticas públicas de los últimos años. En este sentido, Provea demostró cuantitativa y cualitativamente, a través de su informe sobre la situación de los derechos humanos, entre 1997 y 2011, que durante los primeros años de gobierno del Presidente Chávez se alcanzaron niveles de mejora en las condiciones de vida de la población, mientras que desde 2006 aproximadamente en adelante, los indicadores evidencian retrocesos en la lucha contra la pobreza.

Entre las regresiones más perversas tenemos la falta de acceso a la salud, a los alimentos y al trabajo decente, al tiempo que el gobierno hizo un uso clientelar de la renta petrolera: otorgó tierras, viviendas dignas y jubilaciones y pensiones, y facilitó la compra de productos de la línea blanca, en años electorales.