El
Nacional: Diana Lozano Perafán
Esperanza Hermida, coordinadora de exigibilidad de
Provea, asegura que más de la mitad de los homicidios fueron cometidos por
sicarios
Un total de 36 trabajadores fueron asesinados
en Venezuela entre octubre de 2010 y septiembre de este
año en hechos relacionados con actividades sindicales. El dato está contenido
en el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela,
que la ONG Provea divulgó este mes.
"Ser sindicalista es una actividad de alto riesgo porque el Estado venezolano no garantiza las condiciones para que la actividad sindical se realice con respeto a la integridad personal y a la vida", indicó Esperanza Hermida, coordinadora de Exigibilidad de la organización.
Hermida advirtió que más de la mitad de los homicidios cometidos contra trabajadores, de los que se da cuenta en el informe, fueron perpetrados por sicarios.
Provea señala en el documento que este año se acentuó otra modalidad de violencia sindical.
"Esta vez es promovida por la gerencia de las empresas o por funcionarios con altos cargos del Estado, y consiste en el uso de personas ajenas a las empresas para enfrentar las acciones de los trabajadores".
Para Hermida, esa situación influye en la libertad sindical.
"Estamos frente a un Estado que no persigue la comisión de estos delitos, no determina la responsabilidad de los presuntos autores y no sanciona a los responsables, lo que genera un manto de impunidad que crea una suerte de terrorismo frente al ejercicio de la libertad sindical", afirmó.
Privilegios para el chavismo
La activista en materia de derechos laborales denunció que el Gobierno da trato preferencial a los trabajadores afectos al chavismo.
"Para la dirigencia sindical oficialista encontramos protección, seguridad, respeto y hasta favoritismo versus el trato que recibe el sector no oficialista, que es de discriminación, omisión, negación y descalificación", subrayó.
Hermida aseguró que existen formas de frenar la violencia contra los trabajadores.
"Cuando una autoridad señale que cada vez que haya un trabajador agredido o muerto en el ejercicio de actividades sindicales el Estado va a imponer todo el peso de la ley, seguramente la sola declaratoria de esa voluntad haría retroceder a los grupos que están signando con violencia la actividad sindical", dijo.
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