Hoy, martes 31 de mayo de 2011, un grupo de representantes de ONG, agrupadas en el Foro por la Vida, acompañamos a la Sra. Elena Brito y Ángela Brito, esposa e hija del Sr. Franklin Brito, al Ministerio Público, con el propósito de consignar un documento que exige una investigación de los hechos que desencadenaron la muerte de Franklin Brito, cuando se encontraba privado de su libertad y recluido forzadamente en el Hospital Militar.
Luego de la
comparecencia de la familia Brito y de su abogado, el Dr. Alberto Arteaga Sánchez,
ante los medios de comunicación social, un grupo de personas identificadas con el
oficialismo se concentraban en las puertas de la Fiscalía para exigir justicia
en los casos de desapariciones ocurridas en las décadas de los 60´s, 70´s, 80´s
y 90’s en el país.
Mientras el
abogado de la Familia Brito declaraba a los medios de comunicación, algunas de
estas personas interrumpieron sus palabras para acusar de “asesinos” a la
familia Brito y al grupo que los acompañaba, mientras rodeaban a los
declarantes. Estas personas comenzaron a asumir características violentas, aupados
por camarógrafos y fotógrafos de medios oficiales e intentando agredir
físicamente a la familia Brito, rodeando y golpeando el taxi en el que
intentaban retirarse del sitio. Una grabación de video captó cuando uno de los
agresores amenazó de muerte a los representantes de ONG´s afirmando que la próxima
vez volverían armados “para hacerse respetar”. Estos hechos ocurrieron bajo la tolerancia
e indiferencia de los funcionarios del Ministerio Público y la Guardia Nacional
quienes, en
el momento de la agresión, cerraron sus puertas.
Estos hechos
se inscriben en un creciente contexto de intolerancia y violencia que pretenden
inhibir la protesta pacífica y las muestras legítimas de exigibilidad de
derechos, propias de un estado democrático, dentro de una estrategia de
criminalización de la protesta que pretende deshumanizar a quienes exigen el
disfrute de los derechos como forma de legitimar posibles agresiones. Asimismo,
coinciden con el uso de presuntas organizaciones sindicales en el estado
Guayana contra defensores de derechos laborales,
lo cual
puede sugerir una nueva modalidad de violación del derecho a la manifestación pacífica.
Los
defensores de derechos humanos, históricamente, hemos estado al lado de las víctimas
y en la lucha por la reivindicación de los derechos que defendemos y no declinaremos
en estos propósitos, a pesar de que el Estado desarrolle una campaña de hostigamiento
y amedrentamiento para intentar acallar nuestras voces.
Por todo lo anterior:
1.
Condenamos la violencia y las manifestaciones de intolerancia e intimidación en
contra de víctimas de violación de derechos humanos, abogados y defensores de derechos
humanos.
2. Exigimos
al Ministerio Público a que investigue estos hechos y todos aquellos que de
manera recurrente han sido puestos bajo su conocimiento, donde se han denunciado
ataques y amenazas en contra de defensores de derechos humanos que permanecen
en absoluta impunidad.
3.
Exhortamos, una vez más, al Estado Venezolano a que abra un diálogo
constructivo con las organizaciones no-gubernamentales para analizar el fondo
de los temas que preocupan en materia de derechos humanos y se puedan tomar los
correctivos pertinentes.
4. Exigimos
al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo su pronunciamiento
acerca del
derecho de acceso a los órganos de administración de justicia de todos los
ciudadanos y ciudadanas sin discriminación por razones políticas.
Foro por la Vida.
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