La detención en Haití de dos sobrinos de Cilia Flores bajo cargos de conspiración para traficar drogas a EEUU, contando con pasaportes diplomáticos, es el más reciente en una larga racha de escándalos de corrupción que se han concatenado desde los primeros años del gobierno chavista.
Pese a que la lucha contra la corrupción fue una de las banderas de Hugo Chávez para enfrentar al degenerado bipartidismo, al llegar al poder su gobierno dejó en la más completa impunidad a los perpetradores de los desfalcos del período puntofijista, algunos de cuyos insignes delincuentes de cuello blanco volvieron al país como socios del chavismo, como el caso del banquero Orlando Castro, famoso por el desfalco de Seguros Progreso. El nuevo gobierno de igual forma dio rienda suelta a una nueva ola de corrupción desenfrenada. Desde que arrancó la ejecución del Plan Bolívar 2000 y la adjudicación de un importante presupuesto para contratar obras y servicios a militares, la corrupción avanzó sin mayores obstáculos. Los generales Cruz Weffer y Rosendo fueron señalados por amasar enormes fortunas, en el caso de Cruz Weffer han transcurrido más de diez años de procesos judiciales sin conclusión. En cuanto a Rosendo, huyó del país luego de participar en el golpe de Estado de 2002.
Chávez personalmente intercedió en favor de su mentor político Luis Miquilena cuando fue acusado por actos de corrupción en el cargo de presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. A raíz del proceso contra Miquilena, Chávez rompió relaciones con el entonces Fiscal General, Javier Elechiguerra, quien había sido abogado defensor de Chávez durante su juicio por rebelión militar en 1992.
El nepotismo facilitó toda clase de negocios turbios. Chávez llevó a su padre, Hugo de los Reyes Chávez, y a su hermano, Adán Chávez, a la gobernación del estado Barinas en períodos sucesivos. Adán también ejerció cargos de ministro y embajador, otros de sus hermanos, Argenis, fue presidente de Corpoelec y Director Ejecutivo de la Magistratura, y Aníbal ha sido alcalde de Sabaneta. Arné Chacón, hermano de Jesse Chacón, quien ejerció varios cargos de ministro bajo el gobierno de Chávez, fue detenido en 2009 por su responsabilidad en la apropiación fraudulenta de fondos de tres bancos privados de los que era directivo, Baninvest, Central y Real. En 2012 fue liberado.
Importantes operadores del chavismo en el sistema judicial también se vieron involucrados en escándalos de corrupción. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Aponte Aponte y Velásquez Alvaray se encuentran prófugos actualmente. Aponte Aponte reconoció en 2012 haber intercedido para favorecer a narcotraficantes y haber preparado sentencias bajo instrucciones precisas del gobierno. Uno de los fallos de Aponte Aponte fue el que determinó que el preso político indígena Sabino Romero fuera trasladado a la Cárcel Nacional de Trujillo, como represalia por las protestas realizadas por indígenas yukpa ante la sede del TSJ en el año 2010. Velásquez Alvaray, quien antes de ser magistrado había sido diputado por el Movimiento Quinta República (MVR), el partido de Chávez, huyó del país al detectarse su responsabilidad en un terrible desfalco en la ejecución de obras de construcción. Velásquez Alvaray fue el primero en proponer la reelección indefinida de Chávez.
