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domingo, 16 de junio de 2013

Corrupción llevó al borde del abismo a Ferrominera Orinoco

Los trabajadores despedidos esperan respuesta  

Clavel A. Rangel Jiménez
crangel@correodelcaroni.com

(Domingo, 16 de Junio de 2013)  En noviembre de 2012 Sabbagh atribuyó el allanamiento de la Gerencia de Comercialización a chismes y defendió la suficiencia de controles internos. El miércoles, el presidente Nicolás Maduro pasó de la presunción al señalamiento directo como “corrupto” al anunciar que lo habían capturado y puesto preso.

Hace poco más de dos meses y medio, el entonces presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh culpaba al sindicato y a las paralizaciones en la empresa de conducirla a la ruina. Un informe de auditoria de 2011 reflejaba que en la productora de mineral de hierro había sobre facturas por 263 mil dólares. 


No era la primera vez que la gestión de Sabbagh era señalada por manejos turbios. Correo del Caroní ofrece un recuento de los secretos a voces y denuncias de los trabajadores de corrupción, conflictos laborales, tráfico de drogas y mapa político en la estatal. ¿Hasta dónde está dispuesto el Gobierno nacional a buscar a los responsables del atolladero en el que está FMO?

Ferrominera Orinoco (FMO) inició 2013 con serios problemas de caja. Pese al celebrado incremento de la producción, entre los trabajadores era un secreto a voces que -cada vez más- la nómina de la empresa dependía de préstamos bancarios y triangulaciones.

Faltaban los recursos, pero el entonces presidente de la estatal, Radwan Sabbagh, resolvía. No se sabe cuánto le costó a Ferrominera las maniobras financieras del gerente que, en ruedas de prensa, dejaba entrever que la factoría era la única que, pese a todo, no era subsidiada por el Gobierno.

Con su habilidad logró salir este año de tres protestas, la última de ellas alcanzó ocho días y terminó con la firma de un acta en la que se comprometía a cancelar, en dos partes, dos grandes conceptos: un anticipo por el retraso en la discusión del contrato y el pago de los domingos (2006-2012), una vieja deuda reconocida por la compañía.

Durante el conflicto, acompañado de los gerentes y presidentes de las briqueteras, entre ellos el nuevo titular de FMO Iván Hernández, Sabbagh había dicho que no podía cancelar lo que se pedía porque el presidente Hugo Chávez sólo había autorizado recursos para Sidor y las empresas del aluminio.

“Lo que quiero decir que este paro ha quebrado a la empresa, lo digo muy responsablemente; éste, junto con otros paros más”, dijo en esa rueda de prensa el 1 de marzo.

Su aseveración generó que trabajadores y sindicato respondieran. “Si la empresa está quebrada es por la corrupción”, afirmó el secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, en un pronunciamiento al que llevó un informe de auditoria de 2011 en el que la estatal constaba sobrefacturas por 263 mil dólares durante la gestión de Pedro Escobar en el Departamento de Aduana y Tráfico. Aquel documento fue sólo un ejemplo.

A esa respuesta se unió el exsecretario de Organización de Sintraferrominera, Alfredo Spooner, quien hasta entonces no había hecho públicas sus desavenencias con quien fuera su aliado hasta 2012, luego de perder las elecciones sindicales y haber sido “traicionado”, según dijo, por su propio equipo.

“No me van a decir que en tres días se quiebra una empresa ¿tú crees eso? ¿Quién está administrando la empresa? ¿Los trabajadores?”, comentó.

Fractura roja
El pronunciamiento de Spooner hizo claro que había un cisma en las relaciones que, en al menos cuatro años, le habían beneficiado políticamente. Muchos trabajadores decían que quien realmente mandaba en la industria era el dirigente sindical y no Sabbagh.

El incondicional respaldo del Movimiento 21 -brazo sindical del gobernador Francisco Rangel Gómez- ante las posiciones de la factoría, lo hicieron ganarse el rechazo de la mayoría de los empleados en las elecciones de julio del año pasado.

Durante su romance, el M21 y la empresa justificaron la encarcelación de González, atribuyeron la muerte del trabajador Hernán Quivera a una acción de la oposición “desestabilizadora” y responsabilizaron al dirigente del homicidio de Renny Rojas ocurrido el 9 de junio de 2011 en el portón de la compañía.

Tanto así que en las elecciones de 2012, Spooner fue el único candidato que recibió la visita del gobernador del estado Francisco Rangel Gómez en su cierre de campaña.

En ese acto, Rangel y Sabbagh le alzaron la mano a Spooner como el candidato de la revolución, juraron amar a Guayana y se felicitaron y piropearon entre sí por sus “eficientes” gestiones al frente del gobierno de Chávez.

Pero con el triunfo de Rubén González, el mismo a quien el Gobierno metió preso por encabezar una huelga y condenado a siete años de prisión, el juego político cambió y la posición del presidente de la estatal se hizo un poco más conciliadora.

Habilidoso
Sabbagh fue conocido en Ferrominera como un gerente pragmático. Llegó a la estatal por las influencias de Rangel Gómez, quien lo promovió en el cargo después de que abandonara la presidencia de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), donde trabajaron juntos.

El ahora acusado de corrupción por el presidente Nicolás Maduro y preso, salió en defensa de Rangel aquellos días de abril de 2002, cuando el entonces presidente de la CVG colocó su cargo a la orden del breve mandato de Pedro Carmona Estanga.

Pese a la postura que asumió Sabbagh, el presidente Hugo Chávez siempre lo favoreció. La mayoría de las visitas del “comandante” se organizaban en locaciones de Ferrominera consideraba un bastión de la revolución.

Los sucesos más escandalosos ocurrieron precisamente en esos años. Un trabajador muere por una explosión en la Planta de Pellas, encuentran -dos veces- toneladas de cocaína en un buque en el muelle de Palúa y fallece un empleado en el portón de la fábrica por arma de fuego, un hecho sin precedentes en la historia de las empresas básicas.

Contrabando de mineral
Es hasta noviembre de 2012 cuando la Dirección de Inteligencia Militar allana la Gerencia de Comercialización. La investigación fue negada por el presidente Sabbagh el 20 de noviembre y lo atribuye a “chismes”.

Aseguró que la factoría tenía suficientes controles internos que impedían el contrabando de mineral de hierro, que salieran más toneladas de las que medía la empresa y que se hayan estado llevando material sin control.

En menos de seis meses y una semana después de su destitución, una comisión mixta del Estado allana la Gerencia de Comercialización y Finanzas. Varios gerentes fueron citados a declarar, así como propietarios de firmas vinculadas a la comercialización de mineral de hierro.

Sabbagh afirmó que se trataba de una averiguación rutinaria y que la citación del gerente Jorge Cañas, los dueños de empresas Manuel Mustafá y Carlos Viera, entre otros, no apuntaban al verdadero blanco. En cambio, acusó a José Ramón Rivero, Alfredo Spooner y José Gil -parte del equipo de Rangel Gómez- de estar detrás de la “campaña” en su contra.

La investigación que se desarrolló en esos días se hizo en la Gerencia de Comercialización al verificar la legalidad de los contratos y la venta de mineral de hierro, a empresas intermediaras, contraviniendo así el decreto de Nacionalización del Hierro de 1974.

Pasó un mes sin mayores cambios gerenciales y noticias sobre las averiguaciones, cuando el presidente Nicolás Maduro anunció el miércoles la detención de Sabbagh “por corrupto” al cumplirse ocho días del inicio de un paro en exigencia del pago de beneficios, en su mayoría descontados a los trabajadores, pero no cancelados.

El reclamo de los ferromineros coincide con el nombramiento de Iván Hernández al frente de la industria, quien promete sanear y poner orden en una fábrica que -a pocos días de su designación- no tiene flujo de caja, ni siquiera para pagar la nómina.

Entre las irregularidades, se comenta la entrega de los principales servicios a transnacionales, la demora intencional de los buques -en complicidad con empresas navieras- que generó cancelación de moras millonarias que redujeron el precio del mineral a precios irrisorios, la no certificación de los tonelajes despachados y la venta del mismo a empresas intermediaras a precio preferencial.

Algunas de esas denuncias las hizo el secretario general de Sintraferrominera Rubén González en 2011, cuando la estatal comenzó a contratar camiones para el traslado de mineral desde Ciudad Piar, justificando los continuos descarrilamientos en la vía férrea.

Un grupo de empleados hizo público en 2011 un comunicado en aporrea.org en el que denunciaban una serie de irregularidades, pero sus señalamientos no prosperaron.

En 2012 la estatal obtuvo pérdidas superiores en 39 por ciento a las de 2011, enviando casi 60 por ciento de su producción al mercado internacional según la memoria y cuenta del Ministerio de Industrias.

La detención del expresidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh, marca un precedente en la historia de Guayana. Es el único titular de una empresa básica detenido por corrupción en Guayana, pero no el único acusado por irregularidades en los últimos 14 años.

Dirigentes sindicales de la región han pedido que se extienda la averiguación a todo el parque industrial y que se vaya al fondo de la corrupción en Guayana.


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