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domingo, 23 de julio de 2017

Lula condenado por corrupción


Por: Simón Rodríguez Porras

El dirigente del PT, quien ya gobernó entre 2003 y 2010, fue condenado el 12 de julio a nueve años y medio de cárcel en el primero de cinco casos de corrupción por los que se le enjuicia en el marco del operativo “Lava Jato”, que ya ha dejado tras las rejas a varios políticos burgueses y grandes empresarios.

La condena es por “corrupción pasiva” y lavado de dinero, debido a su rol en el esquema de Petrobras, la petrolera de propiedad mixta. A cambio de contratos de la petrolera, Lula habría obtenido un soborno valorado en 1,1 millones de dólares por parte de la constructora OAS, mediante un apartamento tríplex de lujo en la costa del estado de Sao Paulo. El apartamento figura formalmente como propiedad de OAS, pero el ex presidente de la empresa, Leo Pinheiro, admitió que Lula le pidió no ponerlo a su nombre hasta que no culminaran las investigaciones del Lava Jato. Pinheiro también fue condenado.


El juez Sergio Moro hizo una concesión especial en consideración a la condición de ex presidente de Lula, quien podrá apelar la sentencia en libertad, un proceso que puede tomar entre uno y dos años. Mientras no haya una sentencia firme, puede presentarse como candidato presidencial en las elecciones previstas para el año 2018.

¿Por qué no logran parar los juicios contra la corrupción?

En marzo de 2014, como parte de la crisis política que siguió a las enormes movilizaciones juveniles del año anterior y las protestas contra el Mundial de Fútbol, arrancó una investigación por el hallazgo de un centro de lavado de dinero en una gasolinera. Fue creciendo entre delaciones por parte de empresarios y políticos burgueses hasta abarcar a los principales dirigentes de todos los partidos burgueses y a algunos de los más importantes empresarios. Quedó en evidencia la existencia de un cartel de grandes constructoras que a cambio de los contratos de Petrobras financiaban las campañas de los partidos patronales como el PT de Lula y Dilma, el PMDB de Temer y el PSDB de Henrique Fernando Cardoso, entregando jugosos sobornos. También han resultado implicados en las investigaciones otros ex presidentes como Sarney (PMDB, presidente entre 1985 y 1990) quien recibió sobornos para la adjudicación de obras, Henrique Fernando Cardoso (PSDB, presidente entre 1995-2003), cuya campaña fue financiada ilegalmente, al igual que Dilma (PT presidente entre 2011 y 2016), cuyo compañero de fórmula electoral como vicepresidente era el mismísimo Temer, el ahora odiado presidente que también enfrenta varias investigaciones. En una de ellas se le grabó ordenando pagar sobornos a su correligionario del PMDB y ex presidente del Congreso, Eduardo Cunha, actualmente preso también por corrupción.

Pese a las maniobras de todos los partidos patronales por detener la ola de detenciones y condenas por corrupción, existe una gran presión popular para que los juicios avancen y que no haya impunidad, en medio de un gran descontento y una importante crisis económica. El trasfondo de estos procesos judiciales, que han arrojado a la luz la profunda corrupción de la política capitalista brasileña, es la ruptura masiva de los trabajadores y la juventud con los aparatos políticos en los que se ha apoyado la burguesía para gobernar al gigante sudamericano las últimas décadas. El sistema judicial, en el que no puede haber ninguna confianza, más bien ha brindado un trato privilegiado a los corruptos y no ha ordenado medidas como la confiscación de las propiedades acumuladas en base a crímenes de cuello blanco. Tampoco permite la publicación de la lista de implicados elaborada por Odebrecht. Si estos procesos han avanzado es por la terrible crisis política, que ha llevado a escandalosas delaciones y acusaciones mutuas entre los enjuiciados.

Fuera Temer y cárcel para los corruptos

Sectores del chavismo y el PT han reaccionado a la condena presentando el caso como persecución política por parte de la derecha para impedir que Lula se postule a la presidencia. Pero en realidad muy pocos dudan de la culpabilidad de Lula en materia de corrupción. Su gobierno se inició en 2003 precisamente aplicando ese esquema para comprar el apoyo de numerosos diputados de la oposición de derecha para políticas regresivas como las contrarreformas laborales. Durante los trece años que el PT estuvo en el poder, cogobernó con el PMDB y otros partidos patronales. La descomposición ha sido tal que Lula llegó a participar como testigo a favor de Cunha en el juicio al que está sometido, o a defender el mes pasado al presidente ilegítimo Temer, planteando que había que investigar antes de concluir que era corrupto. La enorme mayoría de la población ya ha sacado sus propias conclusiones: solo el 5% apoya a Temer.

Lamentablemente, algunos sectores que se reclaman revolucionarios defienden a los corruptos del régimen brasileño, empleando los más disparatados argumentos, desde los “antipunitivistas” que consideran que no debe exigirse justicia al Estado burgués, hasta quienes consideran que las condenas a los corruptos restringen las libertades democráticas y por lo tanto podrían revertirse en contra de los trabajadores y los sectores populares. Un triste error el de pretender que la izquierda cargue con el peso muerto del desprestigio de Lula y se enlode defendiendo la corrupción del PT. Lo que hay que exigir, mediante la movilización de los trabajadores y la juventud, es juicio y castigo para todos los corruptos, y que se hagan públicos todos los documentos referidos a estas causas. Como plantean los compañeros de la Corriente Socialista de los Trabajadores (CST-PSOL), las huelgas y luchas deben continuar hasta lograr la caída de Temer y que todos los dirigentes políticos del régimen involucrados en la corrupción estén tras las rejas y sus bienes sean confiscados, que las empresas involucradas sean estatizadas y verdaderamente gobiernen las organizaciones del pueblo trabajador.

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