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viernes, 12 de abril de 2013

El golpe contrarrevolucionario de abril de 2002

Por: Orlando Chirino* y Miguel Ángel Hernández** (PSL)

Una mirada desde el movimiento obrero

Nota de los autores: El presente texto, que presentamos al cumplirse una década de los sucesos de abril de 2002, constituye un extracto de un libro cuya publicación estamos preparando para la segunda mitad de este año, titulado "La clase trabajadora y el chavismo".

Quince meses de vértigo

Entre diciembre de 2001 y febrero de 2003, Venezuela vivió una de las crisis políticas más extendidas de su historia. Fueron quince meses de vértigo, durante los cuales las fuerzas políticas que añoraban volver por sus fueros y liquidar el proceso de movilización popular que se profundizó a partir de 1989, se tensionaron al máximo para revertir las reformas políticas iniciadas en el país con el triunfo del candidato Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 1998, continuadas con las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente y con las Leyes Habilitantes del año 2000.


Hemos advertido que la nueva Carta Constitucional, las leyes habilitantes y las primeras decisiones políticas puestas en práctica por el gobierno del presidente Chávez, no amenazaban por lo pronto con producir un cambio trascendental o revolucionario en las tradiciones políticas del país impuestas por el binomio partidista AD-Copei desde 1958, ya que muchas de las instituciones del régimen político y su control, seguían impunemente en manos de los viejos gobernantes del país.

En ese sentido, estaba por verse cuáles serían los procedimientos a establecerse para arrebatarles ese control y cúal sería el desenlace final de la disputa por las principales instituciones del Estado, que estaba cantada entre gobierno y los representantes de la vieja nomenclatura, organizada ahora como oposición política. El aparato administrativo de justicia, las Fuerzas Armadas, PDVSA y otras empresas del Estado, las estructuras sindicales, el sistema educativo superior, los medios de comunicación de propiedad estatal y hasta la diplomacia internacional, sólo para mencionar algunas parcelas, ocupaban primerísimos lugares en la agenda de esa batalla política.

Pero así como afirmamos que no se había producido un cambio revolucionario en el esquema de dominación política del país, no puede desdeñarse un hecho de gran trascendencia, cual era que los dos bastiones partidistas fundamentales del régimen precedente, Acción Democrática y Copei, habían sido desplazados de la dirección del aparato político del Estado, hecho incómodo e insoportable para esa vieja maquinaria política, para los gremios patronales, para la Iglesia Católica, para las multinacionales y principalmente para el gobierno de los Estados Unidos, quienes aumentaban su inquietud al corroborar que Hugo Chávez, primero como insurrecto, luego como candidato y después como Presidente de la nación, no seguía disciplinadamente las directrices emanadas de Washington, del FMI o el Banco Mundial.

Ese hecho en sí mismo, en un contexto de movilización y crecientes exigencias económicas y democráticas de la población, entrañaba la posibilidad de un cambio dramático en la forma de ejercer el poder político en Venezuela. Para los partidos tradicionales una cosa era aceptar una sucesión presidencial luego de un proceso electoral, pero otra muy distinta era constatar y tener que aceptar que el nuevo gobierno no se inscribía en la línea de la alternabilidad consensuada y la repartición de la alforja estatal. Máxime cuando no se trataba de simples presentimientos, sino de una realidad que les abofeteaba a diario con las inclementes alocuciones de Chávez que les acusaba de corruptos, asesinos, responsables de hipotecar los bienes y los recursos naturales de la nación y doblegados ante los designios de las potencias extranjeras.


Para amortiguar los peligros que representaba el gobierno del Presidente Chávez que los denunciaba y confrontaba, los viejos partidos se esforzaron por dar la batalla, pero a cada paso que dieron salieron derrotados en el terreno en que eran expertos, los procesos electorales. En las urnas, la mayoría de la población les cobraba cada vez con más contundencia los desatinos de su obra de gobierno durante cuarenta años.

Fracasada esa vía, tenían que recurrir a otros mecanismos, poco compatibles con su forma regular de actuación, como azuzar el descontento político y económico de las capas medias y altas de la población, apoyándose en la prensa privada y los gremios patronales para magnificar las protestas y dirigirlas en contra del gobierno.

Se volcaron sobre los sectores de la clase media, avivándole recónditos y miserables sentimientos racistas y de odio hacia los estratos más bajos de la población. Le alimentaron el terror a la posibilidad de perder privilegios económicos, sociales y políticos. Le resucitaron el fantasma del comunismo y de manera inescrupulosa asociaron unas tímidas reformas dentro del marco capitalista con la pesadilla totalitaria del estalinismo, o con el tipo de medidas tomadas en los primeros años de la revolución cubana, en los que fueron expulsadas las transnacionales y se expropió a la burguesía. La verdad es que Fidel Castro no sólo había renunciado décadas atrás a promover la revolución en América Latina, sino que abierta y públicamente recomendó a Chávez no seguir el ejemplo de Cuba, en un discurso pronunciado en la Universidad Central de Venezuela, en febrero de 1999. Pero los hechos eran irrelevantes para la campaña sucia de la oposición patronal, abocada a alimentar un movimiento con rasgos fascistas, propagando el terror hacia un futuro cercano en el que, de mantenerse Chávez en el gobierno, la clase media perdería sus viviendas, vehículos, fincas, se le prohibiría viajar o emigrar, y hasta se les confiscarían los ahorros. En esta innoble campaña, los medios de comunicación en manos del gran capital jugaron un papel estelar.

Otro tanto sucedió sobre la clase trabajadora, a la que se propusieron acrecentarle su descontento por las tétricas condiciones laborales que padecían. Así, de la noche a la mañana, la vieja dirigencia sindical adeca y copeyana que antaño se negaba a convocar movilizaciones y paros en contra de los gobiernos de sus partidos, ahora se convertía en el máximo adalid de la protesta y la permanente amenaza de la huelga. Exigencias como mejores salarios, empleo digno, derecho a la negociación de contratos colectivos, libertad sindical, seguridad e higiene en el trabajo y seguridad social, pasaron a convertirse en la piedra angular de la burocracia sindical. Con la fortuna, para ellos, de que la política anti-obrera y anti-sindical del gobierno les facilitaba la tarea.

El triunfo de la burocracia sindical y de sus partidos en las elecciones sindicales de la CTV en octubre de 2001, marcó un cambio en la coyuntura política nacional, ahora favorable para la burguesía opositora y el imperialismo. Después de tres años de fuerte ofensiva del presidente Chávez, la oposición patronal logró contener su situación de retroceso, alcanzando un primer triunfo, potenciando el descontento social y canalizándolo en contra del gobierno y sus medidas.

La nueva situación política del país fue subestimada por el Gobierno, que quiso acelerar el paso para tomar las riendas de Pdvsa, sin tener en cuenta que había sufrido una importante derrota en una batalla en la que había centrado sus expectativas estratégicas para hacerse del control de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, luego de verter una fuerte cantidad de recursos económicos y políticos.

Por su parte, la oposición triunfante sobrevaloró el triunfo y la nueva coyuntura política, la que entendió como la oportunidad propicia para lanzarse a la batalla final en contra del gobierno, que le permitiera desandar el camino de la reforma política vivida durante tres años, y aplastar al movimiento obrero y popular.

En estas condiciones, la polarización se acentúo en el país, reacomodó y delimitó a los diversos actores sociales y políticos, y creó el ambiente para una larga confrontación, que duraría 15 meses, con saldo final a favor del gobierno del Presidente Chávez, pero mucho más que eso, significó un extraordinario triunfo popular, que subvirtió por la vía revolucionaria y no reformista, los caducos cimientos del régimen nacido del pacto de Punto Fijo.

El paro de diciembre de 2001. La primera escaramuza

El 13 de noviembre de 2001, el Presidente Chávez, huyendo hacia adelante ante la derrota en las elecciones sindicales, apretó el acelerador, anunciando 49 leyes aprobadas en el marco de los poderes habilitantes otorgados por la Asamblea Nacional. La reacción de la oposición patronal no se hizo esperar y con Fedecámaras a la cabeza, convocó la realización de un paro nacional, de carácter empresarial, supuestamente contra el decaimiento económico que producirían las medidas adoptadas por el gobierno. El presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, había advertido en declaraciones públicas que no se tolerarían leyes o medidas "de corte izquierdista".

Con la experiencia desarrollada a lo largo del último año, los sectores convocantes del paro patronal estaban al tanto de los excelentes resultados que brindaba utilizar la gravosa situación económica que agobiaba a millones de hogares venezolanos. Hablar de desempleo, inflación, pobreza e inseguridad eran cartas fuertes para arrastrar a la mayoría de la población a protestar en contra del gobierno. Curiosamente, en el repertorio de Fedecámaras, de la CTV y de los partidos de la oposición burguesa no aparecía con mucha fuerza el rechazo a las medidas que ellos consideraban más amenazantes contra el modelo económico imperante el país. Bien sabían que defender la propiedad y ociosidad de terrenos superiores a 5.000 hectáreas no movilizaría al campesinado pobre ni al conjunto de la población, como tampoco podrían obtener buenos resultados entre los pescadores artesanales, si llamasen a oponerse a la ley de pesca y alimentación. Y quedarían al descubierto como agentes de las multinacionales petroleras en caso de explicar públicamente su oposición a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que elevaba los impuestos por regalías a un 30%. Por tales motivos preferían no convertir en banderas los reales objetivos del paro, sino más bien camuflarlos bajo reivindicaciones sentidas de verdad por la población empobrecida.

Una excelente descripción del momento político que se vivía al momento de la convocatoria del paro empresarial, fue realizada por los sectores sindicales clasistas y combativos agrupados en la Corriente “La Chispa” en Valencia, quienes en un boletín distribuido profusamente entre los trabajadores el 5 de diciembre de 2001, manifestaban:

Compañeros trabajadores:
Los empresarios, banqueros y grandes dueños de tierras, apoyados por los partidos políticos que les representan sus intereses y por la burocracia sindical que sigue enquistada en la CTV, están llamando a un Paro Nacional para el día 10 de diciembre del 2001. Explotadores y burócratas dicen que el paro es porque se oponen al desempleo, la pobreza y la inseguridad y para que el Presidente Chávez los escuche. Dicen por lo tanto, que es una acción a favor de los intereses del país.
Nosotros que no somos parte ni apoyamos a este gobierno, estamos en contra de este paro y le decimos a todos los trabajadores que son falsos e hipócritas los argumentos que esgrimen los empresarios, los politiqueros y los sindicaleros para la convocatoria al Paro del día 10.
Fedecámaras convoca el paro porque siente que con la presentación de algunas leyes, que se están discutiendo y aprobando en la Asamblea Nacional, en medio de la Ley Habilitante, se perjudica sus intereses de clase. Los burócratas políticos y sindicales apoyan al paro porque son acólitos a los patronos y porque tienen la intención de echar a Chávez, buscando recuperar sus privilegios anteriores, administrando ellos este estado burgués.
Las verdaderas razones del paro nacional del 10 son:

Porque con la "Ley de Tierras y Desarrollo Agrario" el Instituto Nacional de Tierras ( el gobierno), puede evaluar cuáles son las tierras productivas y las que no son, sus dueños tienen hasta dos años para ponerlas a producir porque si no, puede ser declaradas de utilidad pública, teniendo que pagar un impuesto por tierras improductivas y hasta pueden ser "intervenidas o expropiadas". Eso molesta a los grandes dueños de tierras, porque se acostumbraron por años, a poseer enormes cantidades de hectáreas, muchas de ellas obtenidas de maneras mal habidas, manteniéndolas ociosas y engordándolas para después querer, especular con ellas.
Porque con la "Ley de Pesca y Agricultura" las grandes empresas pesqueras de arrastre y atuneros, no pueden pescar a menos de 10 millas náuticas de las costas y sólo los camaroneros artesanales podrán pescar en bahías y lagunas. Eso está establecido en la mayoría de los países, pero aquí como los tiburones industriales pesqueros se acostumbraron a pescar en donde sea y como sea, entonces se molestan porque ahora esa Ley, busca proteger el medio ambiente y trata de cubrir a los pequeños pescadores artesanales.
Porque con la "Ley Orgánica de Hidrocarburos", independientemente que ahora los empresarios se pueden meter en el negocio de refinar el petróleo y, le da carácter orgánico a la apertura petrolera, cosa que la Ley anterior no permitía, ellos lo que quieren es entrar en la explotación de la producción y exploración petrolera, ya que estos son el lomito y la punta trasera de la "carne de la vaca petrolera".

Los patronos, banqueros y terratenientes están alzados por esas leyes, así como por los proyectos de la Ley de Reformas de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras; la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros; la Ley de Contratos de Seguro; porque en estas se prevé mayor vigilancia y control de parte del estado. ¿Qué quieren estos usureros y estafadores, después del recién pasado de quiebras de bancos y seguros? Ellos quieren seguir haciendo y deshaciendo con el dinero de los ahorristas y del estado sin que nadie ni nada les ponga coto y control.
Mientras los burgueses lloran y se sublevan en contra de esas leyes, no dicen nada en las que abiertamente salen favorecidos, como la Ley de Pequeña y Mediana Industria y otras 10 leyes más. Los patronos son insaciables. Ya consiguieron que la discusión del Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Social fuera postergado para el próximo año, buscando eliminar así los artículos que a ellos no les gusta. Quieren que reformen las leyes aprobadas a su favor. Por supuesto, hay muchos patronos que también quieren salir ya de Chávez para poner un Presidente que le sea enteramente dócil y borrego. Por esas razones convocan al Paro y por esas mismas razones los traidores de Carlos Ortega, Presidente de la CTV y Omar Escalante, Presidente de FETRACARABOBO, también apoyan el paro nacional del 10. Estos burócratas adecos, quieren que salga Chávez para volver sin obstáculos, a sus viejas andanzas de no hacer elecciones sindicales, de venderse y servirles a los multimillonarios.
Este gobierno es burgués y también es incapaz
Así como desenmascaramos las farsantes declaraciones de los patronos cuando dicen que el paro que promueven es porque se oponen a la pobreza y el desempleo, porque si eso fuera verdad, no despidieran masivamente, debieran recortar sus tasas de ganancias y traer los millones de dólares que tienen en el extranjero para invertirlo en el país, en la producción de bienes y servicios, nosotros queremos desenmascarar a este gobierno. Denunciamos también que es verdad, que son alarmantes los índices de desempleo, que sigue creciendo la pobreza y los niveles de inseguridad pública porque este gobierno burgués ha sido incapaz de luchar contra estos problemas que afectan a la mayoría de la población.
Si hay diferencias entre este gobierno y la mayoría de los sectores tradicionales de la burguesía es porque algunos de estos sectores se sienten que no son consultados, como se hacía antes, en la hora de promulgar leyes y hacer política económica. Sin embargo, eso no quiere decir que el gobierno de Chávez es un gobierno anticapitalista o antiimperialista, aun cuando pueda tener con ellos en algunos puntos roces. Tampoco creemos que este sea un gobierno revolucionario, de los trabajadores y el pueblo o socialista. Sí ahora no se consulta a todos los sectores burgueses como se hacía en el pasado, es porque Chávez está imponiendo un nuevo régimen capitalista, fuertemente estatista, respaldado por algunos sectores burgueses como el de la telecomunicación. Este régimen busca el surgimiento de nuevo grupos de capitalistas en donde apoyarse, con la dificultad que en medio de esta etapa del capitalismo globalizado, estos sectores no irrumpen sino se imponen los grandes monopolios como el grupo Polar, los Cisneros y los de las transnacionales, los que buscan minimizar el control del estado.
Chávez tratando de imponer su nuevo régimen hace populismo con los sectores populares que lo llevaron al poder y declara irreverente contra quienes lo critica y se le oponen. No obstante, a la hora de las definiciones Chávez gobierna para la burguesía e inmediatamente que es crítico al imperialismo se retracta. Como Presidente esa ha sido su conducta. En medio de 53 proyectos de leyes que acaban de presentar, incluyó una Ley del Estatuto del Funcionarios Públicos que cercena derechos de los trabajadores, pero fue incapaz de incluir, la Ley de Reforma a la Ley Orgánica del Trabajo para devolver la Retroactividad de las Prestaciones Sociales, después del robo que hicieron el gobierno anterior, los patronos y la 

CTV. Reivindicación social que prometió rescatar cuando estuvo en campaña electoral.
A 3 años de gobierno de Chávez, a pesar del todo el apoyo popular y de contar desde el principio con enormes recursos económicos, gracias al precio del petróleo, su obra de gobierno ha sido un fraude. Crece el desempleo, la quiebra de empresas, la buhonería, la inseguridad personal, la fuga de divisas y la corrupción. Sigue proliferando los trámites burocráticos hasta para gestionarse el cambio de una cédula o placa de vehículo. Ya miles de honestos hombres y mujeres que le apoyaron entusiastamente han empezado a darse cuenta que Chávez habla mucha a favor del soberano pero, hace poca política económica y social para resolver los problemas de los trabajadores y pueblo. Por esa razón ha bajado la popularidad de Chávez y empieza crecer la desesperación de inmensa cantidades de venezolanos.
En medio de esa situación es que los poderosos sectores económicos y políticos que era dueño del régimen anterior, es que se han alborotado para tratar de recuperar la teta del estado del que tanto chuparon. Para generar más crisis y provocar una salida de Chávez, cuenta para eso con el apoyo del gobierno ultraderechista de Bush. Motivado a ello es que llamamos a los trabajadores y a los sectores populares a no dejarse manipular por esos sectores. Hay muy razón para criticar al gobierno y estar en contra de él, pero no hay ni una razón para estar con los patronos, el imperialismo y los sectores políticos que administraron y convivieron con el régimen anterior.
Creemos que hay que movilizarse y organizarse para reclamar los derechos de los trabajadores y el pueblo, hasta con huelga general, contra este y en contra cualquier gobierno, pero, no puede ser al lado de los responsables de la actual situación económica tal como lo son: Fedecámaras, CTV, AD, Copei y los nuevos partidos y personajes que han surgido de estos.
Nosotros no creemos que Chávez con este régimen militarista, estatista y burgués puedan resolver los problemas fundamentales que vivimos los trabajadores y el pueblo. Menos lo resolverán los que no lo resolvieron gobernando durante más de 40 años. Los problemas de los trabajadores y el pueblo lo resolverán los mismos trabajadores y sectores populares, tomando el poder y gobernando para beneficio de ellos.

Alcances y carácter del Paro del 10 de diciembre de 2001

Es difícil pensar que la oposición y el empresariado agrupado en Fedecámaras aspiraran a quebrar al gobierno con esta primera acción. La fecha escogida, y las vacilaciones de algunos sectores del comercio y de la pequeña y la mediana industria en coqueteo con el gobierno que a última hora decidieron no participar en el paro, restaron fuerza al paro. Pero más allá de los nulos resultados prácticos en el propósito de hacer retroceder al gobierno, el paro sí produjo el inicio del resquebrajamiento del equipo de gobierno, sustentado en la dupla Hugo Chávez-Luis Miquilena.

El paro del 10 de diciembre del 2001 contra las leyes sociales aprobadas en el marco de la Ley Habilitante otorgada al Presidente por la Asamblea Nacional, constituye por fuerza de los acontecimientos, un punto de inflexión en el proceso político venezolano. Desde 1999 hasta ese momento, se había producido una confrontación electoral mediática, básicamente de carácter discursivo y retórico a través de los medios de comunicación social, mientras que la convulsión social y la polarización a favor y en contra del gobierno, avanzaba subterráneamente. Con el paro del 10 de diciembre, se produjo un quiebre en esta primera etapa del proceso político venezolano, abriéndose una nueva fase de agudización de la conflictividad social que significó un salto cualitativo en la organización de los sectores de la oposición patronal para su batalla contra el gobierno.

Valga aclarar de paso, la equivocación conceptual cometida por los defensores del gobierno del Presidente Chávez, quienes catalogan este primer paro patronal como contrarrevolucionario. Consecuentes con su análisis de que Venezuela asistía a una revolución pacífica, lograda a través del triunfo de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 1998 y ratificada con la aprobación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente de un supuesto marco constitucional revolucionario, los apologistas no tienen más remedio que insistir en el carácter contrarrevolucionario de la acción patronal del 10 de diciembre.

El abuso de las categorías políticas es una constante en los ideólogos del chavismo, reflejando su pobreza analítica, a la vez que ponen en evidencia su tendencia a magnificar los hechos. Para ellos, lo sucedido en Venezuela no tiene parangón en la historia reciente de la humanidad, lo mismo que su “máximo líder”, quien según esta cofradía es el mejor estratega revolucionario de los últimos siglos. Por eso es bueno insistir en que Venezuela estaba inmersa en un proceso de transformaciones de carácter reformista. La revolución ni siquiera se asomaba a nivel gubernamental en donde los personeros de las clases sociales dominantes habían sido reemplazados en casi un 90%, con la llegada de Chávez a Miraflores. 

Mucho menos puede decirse del cuerpo político-institucional estatal. Así las cosas, el paro del 10 de diciembre no pasa de ser más que un primer ensayo político de carácter reactivo de los oligarcas del país, quienes apoyados en sectores de clase media y en menor medida en trabajadores descontentos con su situación, intentaban forzar al gobierno modificar las leyes aprobadas en el marco de la Ley Habilitante.

Los contendores apuntan a la cabeza

A partir del paro del 10 de diciembre, los clarines de la guerra sonaron y cada contendor hizo sus primeros movimientos intentando atacar los flancos débiles del oponente. La oposición logró arrastrar tras de sí a organizaciones provenientes de la izquierda tradicional, como el MAS, LCR, Bandera Roja y las corrientes sindicales que éstas representaban, mientras que el gobierno hizo lo propio con algunas cabezas visibles del mediano y pequeño empresariado, así como figuras claves del sector financiero, a quienes neutralizó para que no participaran en esta primera escaramuza.

Pasadas las fiestas decembrinas e iniciado el año 2002, los contendores se dispusieron a darle continuidad a la confrontación, estando claro en ambos bandos que ahora tenían que apuntar más arriba, directamente hacia la cabeza del oponente.

Las limitaciones políticas y programáticas del Presidente Chávez habían quedado en evidencia en la designación de los equipos de dirección de entidades claves como Pdvsa. En su inconsecuencia a la hora de recuperar el control estatal del principal recurso de nuestro país, el Presidente estaba convencido de que atribuyéndole carácter orgánico a la apertura petrolera que se venía desarrollando tras bastidores en los gobiernos anteriores, y si dejaba la puerta entreabierta para que las multinacionales siguiesen interviniendo en la esfera de la refinación de petróleo, podría sin ningún sobresalto nombrar a las personas encargadas de dirigir el complejo negocio petrolero.

Desgraciadamente para el país y para su soberanía, el presidente Chávez lejos estaba de comprender que la industria petrolera es el músculo, nervio y alma del Estado capitalista rentista venezolano y mucho menos estaba dispuesto a dar una batalla crucial para impedir que los estructuradores del viejo régimen del pacto de Punto Fijo la siguieran controlando.

Sólo que la realidad, mucho más tozuda que los torpes dirigentes del chavismo, les estalló en la cara y demostró a través de muchas señales, que en la batalla con el viejo orden político e institucional, el control de Pdvsa, para los fines que fueran, era fundamental. Por esa razón el gobierno del Presidente Chávez terminó apuntando a la dirección de Pdvsa, finalmente reconociendo que tenía que controlarla, so pena de fracasar en la gestión de su proyecto político, económico, social y militar.

Por su parte, la oposición se hizo más calculadora, unificando sus fuerzas y definiendo que los representantes de Fedecámaras y la CTV fueran sus voceros, tal como fue acordado con el auspicio de la cúpula de la Iglesia Católica, el 5 de marzo de 2002 en la reunión desarrollada en la Quinta de la Esmeralda. Del mismo modo identificó con claridad meridiana el significado de Pdvsa y la importancia de atrincherarse en su dirección, reclutando a un importante número de gerentes, tecnócratas, empleados y trabajadores de base, a quienes se había ganado política e ideológicamente, para resguardarse ante la eventualidad de que el gobierno quisiera deshacerse de la burocracia "meritocrática" que controlaba la industria.

Pero además, tuvo claridad sobre otro aspecto de suprema importancia, al que el gobierno en su ingenuidad política, soslayaba: ¿de qué lado estaba la lealtad de la cúpula de las fuerzas armadas? El Presidente Chávez las creía controladas por vía discursiva y se sentía seguro de ello por su pasado militar. No era así y la oposición sabía que contaba con la fidelidad de buena parte de la alta jerarquía del aparato represivo del Estado, a la cual podría recurrir en cualquier momento, para sus fines estratégicos de salir del Presidente Chávez y aplacar las exigencias económicas y políticas de la población por la vía represiva.

El período enero-abril, estuvo entonces caracterizado por enfrentamientos cada vez menos discursivos, y por una escalada cada vez más violenta. El gobierno apostó a controlar Pdvsa, mientras que la oposición de derecha se jugó a movilizar a la tecnocracia y sus huestes, a la clase media y a la burocracia sindical para defenderse, al tiempo que contraatacaba lanzándose en procura del control de la cúpula militar para colocar la balanza a su favor. Luego del primer pronunciamiento militar contra el gobierno, realizado por un oficial de la aviación el 6 de febrero, varios militares formados en la Escuela de las Américas y vinculados a los partidos políticos de la derecha declararon públicamente contra el gobierno, agitando a sus compañeros de armas para que apoyaran una salida golpista.

El gobierno, con su reiterada forma burocrática de actuar, se lanzó a descabezar a la gerencia tecnocrática sin apoyarse en los trabajadores de la industria petrolera, e incluso acompañando sus actos administrativos con provocaciones verbales a la dirigencia derechista, logrando como resultado una reacción en cadena de rechazo que fue utilizada por la oposición empresarial para movilizar a miles de personas de la clase media, empleados de la administración pública y estudiantes, embistiendo al gobierno y preparando las condiciones para un golpe reaccionario.

El paro del 9 y 10 de abril de 2002

Sobre esas definiciones globales, Pedro Carmona Estanga de Fedecámaras, con el respaldo de Carlos Ortega de la CTV, se lanzó a convocar a un paro de 48 horas para los días 9 y 10 de abril, que precipitaría la lucha cuerpo a cuerpo por el control del aparato del Estado.

Gonzalo Gómez, a la sazón impulsor del espacio político Asamblea Popular Revolucionaria, describió la situación pre-golpe de la siguiente forma:

Había un paro patronal y de la mafia sindicalera de la CTV, que se prolongaba con una gran marcha de los sectores sociales acomodados, de la clase media alta y del conjunto de la burguesía. Todo era impulsado con la más perversa manipulación mediática por parte de los dueños de la televisión, radio y prensa privada, con tácticas de guerra de IV generación, con la tesis de que había en el país una “dictadura fidelista” y había que recuperar la democracia. Era la coartada, para enmascarar un golpe militar con una movilización de masas que permitiera mostrarle al mundo la apariencia de que a Chávez lo tumbaba el pueblo.
El gobierno no tenía la orientación de llamar a movilizar, argumentaba que la situación estaba "controlada" y decía que había que evitar confrontaciones violentas o sangrientas. Pero la conspiración procedía también de adentro y allí no percibían bien lo que se veía venir. Por eso, se desmovilizó a la gente y se inhibió a la más potente herramienta de combate que podíamos tener: las masas populares en la calle.

La Fuerza Armada estaba en ese momento neutralizada por los mandos traidores al proceso y el pueblo era la única salvación. La superestructura política prefirió confiar en el propio aparato del Estado, que ya se encontraba minado, y ese fue un fatal error.

Y más adelante registra de la siguiente manera la actitud del gobierno frente al evento que estaba por desenvolverse el 11 de abril:

La Asamblea Popular Revolucionaria (APR) se venía reuniendo en el Patio de Los Leones de la Alcaldía de Caracas, en el Salón Andrés Eloy Blanco, frente a la Plaza Bolívar de Caracas. Se realizaban intensas jornadas de discusión y actividades para mantener al movimiento popular en estado de alerta en zonas claves.

Hubo desesperados contactos para persuadir al gobierno y que pusiera todos sus resortes al servicio de la movilización del pueblo en defensa del presidente Chávez, pero el criterio gubernamental era que debíamos mantenernos en calma y dejar las cosas en sus manos. La noche antes del golpe, el propio Ministro de Defensa, José Vicente Rangel, insistía en que permaneciésemos en nuestras casas, que no cayéramos en provocaciones, que todo estaba “normal”, mientras tenía a los golpistas pisándole los talones. (Subrayado nuestro)
Esa misma noche, la APR se mantuvo en vigilia, moviéndose activamente con sus comisiones de trabajo, electas en las sesiones de la Asamblea. En la madrugada del 11, con el golpe encima, los colectivos integrantes de la APR distribuimos cerca de 100 mil volantes en los barrios y se llamó por todas las vías posibles a que el pueblo se concentrara en Miraflores, con el objeto de interponer un “tapón popular” que impidiese el asalto de la sede del gobierno por la marcha opositora.

En una ecuación política en donde el gobierno era irresponsablemente inconsciente de la situación en que estaba metido y la mayoría de la población se encontraba completamente desorientada, la única resultante posible era la potenciación de la ofensiva de la oposición de derecha, ya con una clara agenda golpista. De allí a la coronación del triunfo contrarrevolucionario era sólo cuestión de horas.

Y efectivamente sucedió por dos acciones escrupulosamente predefinidas por la oposición política asesorada por el gobierno norteamericano desde su embajada en Caracas. La primera fue golpear el sitio más vulnerable del gobierno, que era su débil respaldo entre la alta oficialidad de las fuerzas armadas. Y en segundo lugar, atrincherarse en Pdvsa logrando el apoyo de la gerencia y de miles de empleados y trabajadores que sentían temor por la posible pérdida de sus privilegios o simplemente de su fuente de trabajo.

Hay que admitir entonces que la política golpista de la oposición fue mucho más consistente que la del gobierno, que en medio de grandes vacilaciones, naufragó en un sinfín de orientaciones políticas sin sentido, descoordinadas, y sobre todo contrarias a la movilización popular. Caso contrario el de la oposición que quebró la lealtad en la cúpula de las Fuerzas Armadas y mediante la convocatoria a un nuevo paro empresarial, se apuntaló en la movilización de miles de personas, a quienes instigó para marchar hacia Miraflores en la perspectiva de izar las viejas insignias de la Cuarta República y cerrar el ciclo histórico abierto con el Caracazo en 1989.

El 11 de abril se produjo un golpe contrarrevolucionario

A los cruentos enfrentamientos en la mañana y tarde del día 11 de abril que dejaron decenas de víctimas, les siguieron casi 8 horas de incertidumbre provocada en gran medida por el silencio de los voceros más importantes del chavismo. Dos o tres personeros atribulados de la tendencia política del gobierno poco o nada pudieron decir ante los medios de comunicación, minimizando la crisis y la gravedad de los hechos, con ello generando más confusión en la población que respaldaba al Presidente Chávez. Quedaba al desnudo la profunda incapacidad política de esos supuestos líderes revolucionarios de hilvanar una orientación política en una situación extrema.

Los militares golpistas tomaron el control de Fuerte Tiuna, el aeropuerto de La Carlota, y otras instalaciones militares. El ministro de la Defensa, General Lucas Rincón Romero, anunció en horas de la madrugada del 12 de abril que “los miembros del Alto Mando Militar de la República Bolivariana de Venezuela deploran los lamentables acontecimientos sucedidos en la ciudad capital en el día de ayer. Ante tales hechos, se le solicitó al señor Presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Los integrantes del Alto Mando ponen sus cargos a la orden los cuales entregaremos a los oficiales que sean designados por las nuevas autoridades”.

Sin intentar hacer una movilización de resistencia por su cuenta, el Presidente Chávez y sus figuras más cercanas, renunciaron a dar una batalla consecuente para mantenerse en pie. Al confiar únicamente en el aparato militar, sin apostar nada a la movilización, fueron incapaces de hacer una proclama llamando al levantamiento popular para resistir el golpe, mucho menos estuvieron dispuestos a entregar armas a los miles de luchadores y pobladores de las barriadas urbanas que estaban dispuestos a defenderlos. En ese sentido, el 12 de abril quedará registrado en la historia, como el momento en que Chávez y la cúpula de su movimiento político como conductores políticos de las amplias mayorías del país, no sobrepasaron la prueba de los acontecimientos, se doblegaron y dócilmente cedieron el gobierno a la oposición sin dar la batalla a los golpistas nativos y sus asesores internacionales atrincherados en la embajada de los Estados Unidos en Caracas. Chávez llegó al extremo de negociar con los golpistas la entrega del poder a cambio de la garantía de su traslado a Cuba, tal y como reseña el periodista Ernesto Villegas en su libro “Abril, golpe adentro”.

Esa fue la causa fundamental por la cual la oposición patronal obtuvo el triunfo político en la madrugada del 12 de abril, el cual perfeccionarían dieciséis horas más tarde al juramentar a Pedro Carmona como nuevo Presidente de la República, apoyado por el gran empresariado local e internacional, la Iglesia Católica, los poderosos medios de comunicación y la burocracia sindical de la CTV, guiados políticamente por la embajada norteamericana que en todo momento les asesoró en la ejecución del plan preconcebido.

Sin embargo, la unidad de mando de los triunfadores no estaba garantizada, en tanto que los intereses particulares y los voraces apetitos políticos y económicos de muchos de los participantes, impidieron concertar un acuerdo global para encaminar el retorno planificado del país hacia el viejo modelo político bipartidista del pacto de Punto Fijo.
Pedro Carmona y su sector terminó imponiendo las condiciones y seguros de su triunfo no dudaron en desconocer de un plumazo la Constitución y las leyes promulgadas en tres años y medio de gestión. Tan convencidos estaban de su triunfo y de su legitimidad que no les tembló el pulso para disolver la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, gobernadores, alcaldes y concejales, la remoción del Fiscal General, del Contralor, y del Defensor del Pueblo, los embajadores, cónsules y vicecónsules como también de las Misiones Permanentes Diplomáticas, así como la eliminación de las 48 leyes habilitantes, y el cambio de la Constitución, restituyendo el nombre de República de Venezuela.

En rigor, el sector más reaccionario de la oposición terminó imponiéndose mediante un auténtico golpe contrarrevolucionario en el campo político. Decimos contrarrevolucionario no sólo porque emitió un decreto que liquidó la institucionalidad que se venía erigiendo y articulando a partir de las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente y los decretos dictados por el Presidente Chávez al amparo de la Ley Habilitante concedida por la Asamblea Nacional, sino porque en su interés de retrotraer al país a las condiciones políticas, jurídicas e institucionales anteriores a 1998, establecieron un nuevo régimen político que se sustentaba en la eliminación de las libertades democráticas, la proscripción al partido que hasta ese momento estaba en el gobierno, así como el más desenfrenado ataque a los activistas y luchadores populares que se mostraran solidarios con el gobierno del Presidente Chávez. De esta fanática política totalitaria no se salvó ni la embajada de Cuba en Caracas ni sus funcionarios, sitiados y amenazados por los grupos de choque del golpismo.

Un año después, los jerarcas del Tribunal Supremo de Justicia, fieles a un Luis Miquilena sumado al golpismo, y amparados en las incapacidades, incongruencias y complicidades políticas de las cabezas visibles del chavismo como Lucas Rincón, José Vicente Rangel y Diosdado Cabello, terminaron eximiendo a varios de los responsables político-militares del golpe y hasta les atribuyeron supuestas buenas intenciones de contribuir a cerrar la situación de vacío de poder generada por la renuncia del presidente Chávez anunciada por su ministro de Defensa. Un adefesio legal monstruoso. El gobierno, por su parte, desarrolló la orientación de pactar y desmovilizar dictada por aquel Chávez que en gesto suplicante pidió perdón a los golpistas con un crucifijo entre las manos, aquella madrugada del 14 de abril. Ello explica que el gobierno dejara que Carmona Estanga y otros jefes del golpe se asilaran en embajadas extranjeras y obtuvieran salvoconductos para salir del país. Nunca hubo voluntad política para castigar los crímenes del golpe: luego del asesinato del fiscal Danilo Anderson por medio de un atentado con bomba, las causas judiciales relacionadas con el golpe fueron congeladas, y finalmente en diciembre de 2007, el propio presidente Chávez selló la impunidad al decretar una amnistía que benefició a la gran mayoría de los criminales que atentaron contra los derechos democráticos de la población. También quedaron en la impunidad prácticamente todas las muertes violentas del 11, 12, 13 y 14 de abril.

13 de abril: una revolución contra los golpistas y el imperialismo

Todo fue vertiginoso. En menos de 72 horas los golpistas coronaron con éxito su labor, derrocando a Chávez e instaurando la dictadura de Pedro Carmona. Pero con mayor velocidad y decisión, una insurrección de profundo contenido popular que colmó las calles de las principales ciudades del país, acompañada de una rebelión de la oficialidad media y la tropa, derrotó a los golpistas y a los gobiernos de las potencias económicas internacionales que los apoyaban, restituyendo las libertades democráticas conculcadas por la breve dictadura y permitiendo el retorno de Chávez a su cargo de Presidente de la República.

Bien dijo Chávez en la madrugada del 14 de abril de 2002, que mucho habría que escribir para reseñar esta gesta heroica del pueblo venezolano, que en menos de 48 horas pasó de una situación de contrarrevolución a otra que él mismo calificó de contra-contrarrevolución. O más simplificadamente para nosotros, de revolución democrática triunfante; aunque de todas maneras, el triunfo popular no significó una derrota aplastante de los golpistas, debido a las políticas conciliadoras de Chávez, quien se jugó a desmovilizar al pueblo que derrotó al golpe, y le permitió a los golpistas reorganizarse y proseguir su actuación conspiradora.

Una revolución democrática triunfante

De manera contraria a como actuó el gobierno del presidente Chávez, los sectores más empobrecidos de la sociedad y gruesos sectores de la clase trabajadora que no estaban maniatados por la dirección de la CTV ni los partidos políticos de la derecha o la Iglesia Católica, salieron de los populosos barrios y bajaron de los cerros de Caracas, haciendo por su cuenta y riesgo lo que les correspondía. En esta insurrección popular se destacaron las nuevas organizaciones surgidas al calor de los primeros avances democráticos de carácter reformista liderados por el gobierno del presidente Chávez, entre ellas las Asambleas Populares Revolucionarias que aglutinaban a los activistas y militantes de las organizaciones políticas de vanguardia, así como los Círculos Bolivarianos, organismos de base creados por el gobierno para discutir los problemas de su comunidad y canalizarlos a través de los organismos competentes para buscarles pronta solución.

Otro tanto debemos decir de la oficialidad media y la tropa de varias guarniciones, como la de los Paracaidistas de Maracay y un pequeño núcleo de la cúpula militar, que pasaron de la parálisis inicial a reubicarse contra el golpe al calor de la movilización que tomó las principales ciudades del país. No sólo se alarmaron ante los primeros actos brutales del gobierno de facto y percibieron la precariedad y las divisiones en la dictadura carmonista, sino que sobre todo muchos militares de los rangos medios cedieron a la presión de la movilización popular y tomaron posición contra el golpe, llegando a constituirse en un importante baluarte de la rebelión anti-golpista.

En defensa de las conquistas democráticas logradas al cabo de la caída del régimen bipartidista adeco-copeyano y puestas en grave peligro por la naciente dictadura, el pueblo se levantó al igual que en El Caracazo, sin ninguna dirección política reconocida al frente. Millares de venezolanas y venezolanos colmaron las calles, enfrentaron a los golpistas en los alrededores de Miraflores, rodearon los cuarteles y motivaron la insubordinación de las tropas, retomaron el canal de televisión estatal y pusieron en funcionamiento rudimentarios pero efectivos sistemas de intercomunicación. Además de apelar a la solidaridad internacional y denunciando la mano criminal del gobierno de los Estados Unidos.

En la tarde del 13 de abril, un sector de la cúpula militar golpista, representada por el general Vásquez Velasco, avizoró el peligro real que representaban las masas movilizadas y la insubordinación de las tropas en los cuarteles, y trató de recular solicitándole públicamente a Pedro Carmona que echara para atrás la medida de disolución de la Asamblea Nacional y que diera continuidad a los programas sociales del gobierno chavista, pero ya era demasiado tarde. Las masas populares habían abierto una herida profunda y de muerte a la recién instalada dictadura, generado con ello una crisis revolucionaria, que combinada con la inexistencia de una dirección revolucionaria alternativa al chavismo, sólo podía ser cerrada con el retorno de Chávez a ocupar su cargo en el Palacio de Miraflores.

Por ello decimos que fue esencialmente una poderosa revolución, de carácter democrático (Revoluciones del Siglo XX, pág 20. Nahuel Moreno) la que permitió recuperar las libertades suprimidas por los golpistas y restablecer el orden institucional inaugurado por el gobierno de Chávez. En cosa de horas la Asamblea Nacional recuperó su lugar, y su presidente fue el encargado de reponer la en la primera magistratura a Chávez. Los cuarteles fueron puestos bajo control de la oficialidad y tropa anti-golpista. Los decretos de emergencia, reaccionarios y subordinados a los intereses del gobierno norteamericano que firmó en sus breves horas de dictador Pedro Carmona, fueron a parar a la basura. En un abrir y cerrar de ojos, el pueblo movilizado garantizó que la pesadilla dictatorial finalizara.

Una revolución con un profundo contenido anti-imperialista

Es imposible desentrañar las reales causas que motivaron a los golpistas nativos a emprender su acción, sin relacionarlos con los intereses que guían la política exterior del gobierno norteamericano. El golpe dictatorial promovido por Fedecámaras, los generales, la CTV y la cúpula de la Iglesia Católica se explica en gran medida por los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos, en esos momentos presidido por George Bush, por revertir a su favor una correlación de fuerzas que a nivel internacional le era adversa en esa coyuntura. Recordemos que a principios de Siglo XXI se agudizaba la crítica situación económica internacional y ella a su vez provocaba y generalizaba estallidos sociales en diversos países, especialmente en América Latina, siendo epicentros Argentina y Bolivia. En ese difícil trance, el gobierno norteamericano necesitaba revalidar su condición de gendarme mundial de la contrarrevolución y ello lo obligaba a arreciar sus ataques en contra de los pueblos que se opusieran a sus planes.

En el caso de Venezuela, a pesar de que el gobierno de Chávez se mantenía en los marcos del sistema capitalista, cedía a los patronos, continuaba pagando la deuda externa y aplicando planes de ajuste al estilo de los recetados por el FMI y el Banco Mundial, ello no era suficiente para el imperialismo. La Casa Blanca y la oligarquía venezolana no aceptaban las medias tintas, necesitaban un gobierno títere que cumplieran sin objetar sus órdenes, como lo hacían en su momento Fox, Duhalde, Pastrana y la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos.
En ese sentido sería parcial el análisis, si no completáramos la definición de lo sucedido durante la noche de 13 y la madrugada del día 14 de abril, diciendo que la revolución tuvo un profundo contenido antiimperialista, en la medida en que se derrotó a los gobiernos de Estados Unidos y España, principales instigadores y patrocinadores del golpe, además de ser sus defensores en el terreno diplomático. Triunfo que limitó la injerencia política de Estados Unidos sobre Venezuela en los años subsiguientes y potenció el conjunto de luchas que se desarrollaban en el continente americano.

¿Revolución cívico-militar?

Luego de su restitución, el Presidente Hugo Chávez y la totalidad de los teóricos de su movimiento insistieron, y aún lo siguen haciendo, en el carácter "cívico-militar" del levantamiento del 13, que dio al traste con la corta dictadura de Carmona. Para Chávez y su movimiento esta definición es de suma importancia, porque ella alimenta la tesis del supuesto carácter revolucionario de las fuerzas armadas, el contenido patriótico de la insurrección del 13 de abril y le resta importancia al papel trascendental de la movilización revolucionaria.

Eva Golinger, en su libro “El Código Chávez”, es quien mejor sintetiza esta visión. De diez renglones dedicados al episodio del 13 de abril, en dos de ellos sumariamente señala que “Millones de seguidores de Chávez tomaron las calles el 13 de abril y exigían su reinstauración”, mientras que a la acción militar le dedica seis líneas, afirmando que “La Guardia Presidencial, junto con otras facciones del Ejército que se habían mantenido leales a Chávez, detuvieron rápidamente a Carmona y sus asesores y devolvieron el Palacio a los miembros del Gabinete de Chávez, quienes se dieron a la tarea de rescatar a su presidente constitucional”.

Quien lea este párrafo, puede erróneamente sacar la conclusión de que hubo un desarrollo simultáneo de la movilización de millones en la calle y la insubordinación de las tropas leales al Presidente Chávez. Y en segundo lugar, que los militares tuvieron la iniciativa de detener a Carmona, entregar el Palacio de Miraflores a los ministros chavistas y que éstos últimos fueron los encargados de rescatar a Chávez.

No se trata de demeritar el inmenso rol progresivo cumplido por una parte de la oficialidad y la tropa el 13 de abril, pero definitivamente no fue así como sucedieron los hechos. Lo sucedido en un primer momento cuando se produce el golpe, es el quiebre de la cúpula militar que se pasa al lado de los promotores del golpe y una honda situación de indecisión de las capas medias de la oficialidad y las tropas, que no saben hacia dónde dirigirse. Hasta personajes como García Carneiro, luego presentados como héroes por el gobierno chavista, se retrataron con los golpistas en las primeras horas de la caída de Chávez. En términos cronológicos y políticos, el segundo y definitivo hecho lo constituye la poderosa movilización de masas que avanzan hacia las partes céntricas de las ciudades más importantes del país y hacia las guarniciones militares a exigirle a esa oficialidad media que desobedezca a la cúpula militar pro-golpista.

Quienes tuvieron la oportunidad de participar en la concentración que decenas de miles hicieron en la 42 Brigada Militar de Maracay, pueden certificar que el general Raúl Isaías Baduel, uno de los pocos que desconocieron al gobierno usurpador de Pedro Carmona, sólo atinaba a pedirle a los manifestantes que movilizaran la mayor cantidad de personas hacia el cuartel, de tal forma que se pudiera impactar y ayudar a decantar a la oficialidad media y a las tropas hacia la defensa de la institucionalidad. Lo mismo sucedió con la Guardia Presidencial que sólo actuó cuando constató que millares rodeaban el Fuerte Tiuna y los alrededores del Palacio de Gobierno.

Sin duda alguna lo decisivo fue la movilización revolucionaria del pueblo y los trabajadores, que arrinconó a la cúpula golpista y presionó a los sectores medios y de base de las Fuerzas Armadas a oponerse a la acción dictatorial. Los procedimientos de capturar a Carmona, recuperar Miraflores y devolver a Caracas al Presidente Chávez, fueron trámites resultantes del triunfo popular.

El rol de la clase trabajadora el 13 de abril

El golpe dictatorial y la revolución triunfante de abril de 2002, encontraron a la clase trabajadora en un estado de división y polarización extrema. En un extremo estaba la burocracia sindical de la CTV, que desde tiempo atrás había claudicado totalmente a la dirigencia empresarial y se había colocado como furgón de cola de Fedecámaras, que en esas condiciones participó en el paro del 10 de abril, promovido por los patronos. En el otro extremo estaban tanto los trabajadores que se identificaban políticamente con el chavismo, como aquellas corrientes sindicales clasistas e independientes, que se venían consolidando desde los inicios del gobierno del Presidente Chávez, y se distinguían por su combatividad y la defensa de la autonomía sindical.

Frente a la convocatoria del paro empresarial para el 9 de abril, como era de esperarse, la división y polarización en las filas de la clase trabajadora se agudizó. Pero a diferencia del paro del 10 de diciembre de 2001, que contó con una proporción importante de trabajadores que no asistieron a sus puestos de trabajo motivados por la promesa de que se les reconocería su salario; en esta ocasión los trabajadores organizados sindicalmente percibieron con más claridad los peligros existentes en la convocatoria al paro y a las movilizaciones programadas para esos días.

La resultante de la pulseada entre la burocracia promotora del paro y los trabajadores que se oponían fue contundente. El paro fue un fracaso porque los trabajadores acudieron a sus puestos de trabajo. En las instalaciones petroleras, donde los golpistas tenían cifradas sus esperanzas, éstos fueron repudiados y vieron cómo los petroleros y los sectores populares se enfrentaban en los alrededores de las refinerías a las bandas armadas financiadas por la plana ejecutiva de Pdvsa que quería a toda costa garantizar el lockout patronal.

No sólo se trataba de una respuesta de fuerza de los trabajadores. También era ideológica, política y programática. Así lo entendieron los medios de comunicación escritos en manos privadas en el Estado Carabobo, que colocaron su grito en el cielo y denunciaron como "trotskismo jurásico y trasnochado" el boletín expedido por el Bloque Sindical Clasista y Democrático en ese estado, en el que llamaban a los trabajadores a oponerse al paro patronal y expropiar a las empresas involucradas.

Y el propio 13 de abril, aunque sin jugar un papel dirigente, la clase trabajadora fue parte de los ríos de gente que salieron desde los barrios a enfrentar el golpe y exigir la restitución del Presidente Chávez. Es claro entonces que el papel cumplido por la clase trabajadora en el triunfo revolucionario del 13 de abril fue definitivo, porque logró impedir el paro de la producción, blindar las instalaciones petroleras de los ataques de las fuerzas opositoras que desarrollaban el guión golpista y fue parte del torrente revolucionario que inmovilizó y derrotó a los golpistas.

El papel cumplido por la clase trabajadora se hizo evidente tres semanas después, cuando se realizó la jornada conmemorativa del Primero de Mayo. Ese día cientos de miles de trabajadores, provenientes de todas partes del país junto con los pobladores de la Gran Caracas, realizaron una de las más grandes movilizaciones que se recuerden en la historia moderna de Venezuela. Con un recorrido de más de 15 kilómetros, iniciando en El Poliedro y finalizando en cercanías del Palacio de Miraflores, los participantes exigieron cárcel y castigo a los promotores del paro y los responsables de los asesinatos, ninguna negociación ni concesión a los golpistas, rechazo a la injerencia norteamericana, reclamaron nacionalización de los medios de comunicación en manos privadas, todo ello a pesar de que el gobierno proponía no realizar la movilización para evitar provocaciones y enfrentamientos.

Como colofón, podemos decir que nítidamente quedó planteada para el sindicalismo venezolano la tarea de sacarse de encima la dirección de Carlos Ortega y su séquito de burócratas e iniciar el proceso de refundación del movimiento sindical sobre bases clasistas, democráticas, con plena independencia y autonomía frente al gobierno del Presidente Chávez, por una central solidaria con las luchas y apoyada en el método de la movilización para defender en forma consecuente los derechos de los trabajadores.

A partir de ese momento, las tendencias sindicales con asiento en Carabobo y Aragua que se identificaban con esos planteamientos, aceleraron su crecimiento, ganándose el respeto y aprecio de la nueva capa de activistas y luchadores sindicales que hicieron sus primeras armas en este episodio revolucionario de abril de 2002.

A manera de conclusión podemos extraer como enseñanza de los acontecimientos abril de 2002, que no fue suficiente que los gobiernos de George Bush de Estados Unidos, Aznar de España y Andrés Pastrana de Colombia reconocieran al nuevo gobierno de facto. No alcanzó que la mayoría de la cúpula militar se pasara al bando de los golpistas o que los medios de comunicación, cumplieran un eficiente rol de “formadores de opinión” favorable a los golpistas. Como tampoco fue bastante que los empresarios y los banqueros respaldaran e identificaran como suya la dictadura de Carmona. Ninguna dictadura, por más fuerte que ella parezca y a pesar de que cuente con el apoyo de gobiernos foráneos, puede subsistir por mucho tiempo ante la presión de cientos de miles en las calles. No fueron las inconsecuencias o los errores cometidos por el “breve dictador”; como tampoco fueron las dudas de la cúpula militar sobre el papel que deben cumplir las fuerzas armadas nacionales; ni fueron presuntos problemas circunstanciales, los que en definitiva ocasionaron la caída de la dictadura. Ella cayó víctima de una poderosa movilización popular que metió miedo a la oligarquía, al empresariado y al movimiento semifascista que había colmado las calles durante el golpe; una movilización que alentó la insubordinación de las tropas y la oficialidad media. Fue esa movilización de millones la que terminó restituyendo a Chávez y recuperando las libertades democráticas suprimidas por el decreto dictatorial de Carmona "el Breve".

* Dirigente nacional del Partido Socialismo y Libertad (PSL)y la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura).
** Secretario General del Partido Socialismo y Libertad.

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