Los Teques: Chirino repudia detención de dirigente sindical de Sitssa

Por: Laclase.info

“Nuestra corriente sindical Ccura repudia enérgicamente la detención de que fuera objeto el secretario general del sindicato de Sitssa, Jairo Alcalá, en el marco de la discusión del contrato colectivo de esa empresa”, de esta manera se expreso Orlando Chirino, coordinador nacional de Ccura ante la acción ejecutada por el Sebin el pasado lunes.

El secretario general del sindicato de los trabajadores de Sitssa, Jairo Alcalá, fue detenido por el Sebin. El directivo sindical, junto a otros trabajadores, cerro el estacionamiento de los bomberos del estado Miranda en Los Teques, para evitar que 33 unidades de la empresa salieran a prestar el servicio, como parte de las acciones de protesta por la negativa del gobierno a avanzar en la discusión contractual.

Desde hace meses, los trabajadores de Sitssa vienen discutiendo el contrato colectivo de esa empresa. Es de destacar que es la primera vez en 7 años de existencia de Sitssa que se discute un contrato colectivo. Hasta este momento, los aumentos salariales y demás beneficios son otorgados de manera discrecional por el gobierno, propietario de la empresa.

Esta empresa esta bajo el control de directivos del Metro de Caracas, sin embargo, sus trabajadores están en condiciones precarias, sin los beneficios del contrato colectivo del Metro.

Bodas: Pdvsa no tiene papel higiénico, pero sí paga movilizaciones

Por: José Madrid (El Tiempo)

El secretario general de Futpv dijo que la estatal petrolera carece de insumos para realizar informes, y además 40% de los filtros de agua están dañados.

Barcelona.- El secretario general de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), José Bodas, denunció que Pdvsa continúa pagando cuantiosas sumas de dinero para actividades partidistas, en detrimento del personal.

“Pdvsa no tiene papel toalet, pero sí pagan movilizaciones”, cuestionó el dirigente, quien manifestó que la empresa carece de insumos para realizar informes, y además 40% de los filtros de agua están dañados.

Bodas cuestionó que la compañía use como argumento la caída de los precios del barril de petróleo, cuando al mismo tiempo asume los gastos de alquiler de autobuses, alimentación y camisas para el personal que es obligado a asistir a concentraciones que convoca el gobierno.

Deben responsabilizarse

El directivo de la Futpv insistió en que la estatal petrolera debe asumir que la muerte de dos trabajadores, ocurrida la semana pasada, fue un accidente industrial, ya que supuestamente se movilizaban por órdenes de sus jefes.

“Los familiares de los fallecidos deben recibir seguridad social. Además de la indemnización. Los responsables deben pagar con cárcel”.

Marea Socialista y la orientación represiva del gobierno

Por: Simón Rodríguez Porras (PSL)

La llamada “Operación Liberación y Protección del Pueblo” (OLP), es un conjunto de acciones de gran envergadura en las que participan centenares de agentes de todos los cuerpos represivos, militares y policiales, supuestamente dirigidas a enfrentar la delincuencia y la reventa de alimentos y productos básicos, denominada “bachaqueo” por el gobierno, actividad que ha crecido paralelamente al agravamiento de la escasez.

En el país ha habido un importante auge del crimen organizado, facilitado por la corrupción policial y judicial, la entrega de los centros penitenciarios a mafias, y la creación de zonas liberadas de presencia policial llamadas “zonas de paz”, todo ello en un contexto de creciente desigualdad y pobreza. Incluso gran parte de la clase media y de los sectores populares piden medidas represivas contra la delincuencia, al no ver medidas gubernamentales que le pongan freno a la criminalidad.

No obstante, desde el primer momento quedó en evidencia que la llamada OLP implicaba violaciones a los derechos humanos. Su método es el de sitiar barrios completos y detener a centenares de jóvenes al azar, de los cuales muy pocos son posteriormente imputados con algún delito. En cada operación, varias personas son asesinadas en supuestos enfrentamientos con los represores, sin que se presenten militares o policías fallecidos o heridos. Hasta la fecha hay alrededor de un centenar de muertos en estos operativos. Organizaciones de defensa de los derechos humanos recogieron denuncias de los pobladores de los barrios sitiados, referidas a detenciones arbitrarias y robos sufridos a manos de los policías y militares, ejecuciones extrajudiciales y desalojo de viviendas. El gobierno negó estos atropellos hasta que se hizo público el video de la ejecución de un joven en Maracay por parte de la policía de Aragua. Cinco agentes policiales fueron detenidos por esta ejecución, sin embargo el gobierno se niega a abrir investigaciones sobre los demás operativos de la OLP. El crimen de Maracay mostró en toda su brutalidad la política del gobierno de criminalizar la pobreza bajo la pantalla de atacar a las bandas delincuenciales.

Carta abierta a Aporrea a propósito de la campaña xenófoba y las violaciones de DDHH

Por: Laclase.info

Estamos inmersos en una tremenda crisis económica y social, ante la cual se viene aplicando un programa de ajuste y una serie de medidas que restringen las libertades democráticas.

Desde nuestra página, y ante la grave situación que atraviesa nuestro país, consideramos perentorio articular esfuerzos para hacerle frente desde la perspectiva de los derechos de los trabajadores y las mayorías populares.

El presidente Nicolás Maduro ha optado por aplicar medidas como las devaluaciones monetarias, el aumento del transporte y los servicios, los aumentos de los alimentos, y el congelamiento de salarios y contratos colectivos, lo cual aunado a la impresión desaforada de dinero por parte del BCV, y la amenaza de aumentar el precio de la gasolina, descargan sobre los hombros del pueblo trabajador las consecuencias más nefastas de la actual crisis.

A la par de este ajuste capitalista, se vienen instrumentando medidas como la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP), en cuyo marco se despliegan miles de efectivos policiales y militares, con el saldo de numerosas ejecuciones extrajudiciales y centenares de detenciones arbitrarias.

Esta orientación represiva dio un salto con la suspensión de las garantías constitucionales en el estado Táchira y la deportación de más de mil inmigrantes y refugiados colombianos, así como la demolición de sus viviendas. Mientras se atenaza al pueblo con las medidas económicas y la restricción de las libertades democráticas, se da vuelo a la más retrógrada y salvaje campaña xenofóbica, culpando a los inmigrantes y refugiados colombianos de la delincuencia y la escasez.

Los gobiernos europeos y la dictadura siria de Al Assad, son responsables de las muertes de miles de refugiados, como el niño Aylan Kurdi

Declaración de la UIT-CI (Unidad Internacional de Trabajadores-Cuarta Internacional) / 3 de setiembre de 2015

El mundo entero quedó consternado con la foto del niño sirio llamado Aylan Kurdi, de tan solo 3 años, el pequeño murió al lado de su hermano y de su madre, el único superviviente de la familia fue su padre. Ellos venían de la ciudad de Kobane y huían de las atrocidades del régimen de Bashar Al Assad de Siria, de los bombardeos de la OTAN y del reaccionario ISIS, que surgió como otra fuerza en Siria para destruir la lucha del pueblo sirio y kurdo.

La familia estaba intentando llegar a Canadá, donde tenían familiares. Habían intentado varias veces el asilo en este país, lo que le fue negado. Lo mismo ocurre con los gobiernos imperialistas de Europa. Lo ocurrido con el niño Aylan es parte del drama cotidiano de miles de inmigrantes y refugiados que mueren o arriesgan sus vidas cruzando el Mediterráneo. 

Los gobiernos europeos levantan muros, vallas y "blindan" sus fronteras con policías, militares, patrulleras, expulsiones y leyes de extranjería. Mientras dejan correr, de hecho, a la dictadura de Al Assad que es una de las causas de que miles de sirios escapen de sus bombardeos masivos y ataques químicos. El cinismo de los gobiernos de la Unión Europea(UE), de Merkel u Hollande, no tiene límites. Se acuerdan de la guerra cuando las consecuencias les llega a Europa. Son los mismos gobiernos de la OTAN que hoy cierran sus fronteras los que apoyan directa o indirectamente al dictador Bashar Al Assad y sus masacres que ya suman 300.000 víctimas. Los refugiados provienen de Siria y, en menor medida, de Afganistán, Irak, Eritrea y otros países africanos. Se tratan de miles y miles de jóvenes, trabajadores, familias que huyen de la violencia, la persecución o la miseria que le imponen la crisis económica y social del sistema capitalista-imperialista.

Delegados de prevención exigen medidas urgentes para garantizar seguridad en Ferrominera Orinoco

Por: Clavel A. Rangel Jiménez / crangel@correodelcaroni.com

A una semana del homicidio del trabajador Carlos Contreras pocas cosas han cambiado en Ferrominera Orinoco (FMO). Algunas mesas técnicas, convocatorias pero, lo que más preocupa al personal, es la impunidad y la intención de que todo quede en “pañitos caliente”.

Contreras murió el 23 de agosto, a los 51 años de edad, luego de que recibiese tres disparos cuando patrullaba la planta de Briquetas como parte de sus funciones en la gerencia de seguridad patrimonial.

Por el hecho fueron detenidos tres hombres de la etnia Warao, presuntamente parte de una banda dedicada al robo de equipos dentro de las empresas. Esta semana, según se han enterado los trabajadores, dos de los aprehendidos quedaron en libertad.

La noticia ha indignado a los delegados de prevención y seguridad, y por eso este domingo han vuelto al portón I de la procesadora de mineral de hierro a exigir justicia y medidas inmediatas para que hechos como los de Contreras no se repitan.

El delegado de prevención y parte del comité de seguridad, Hugo Perdomo, reclamó que la jueza no haya considerado “la gravedad” del delito cometido en Ferrominera. “Esta medida que hemos visto con indignación y asombro, bueno… todos nuestros compañeros, no estamos dispuestos a dejar pasar que se favorezca la impunidad en nuestro país”.

En busca de justicia están dispuestos a movilizarse y a comenzar una campaña, anunció Perdomo, porque “el sistema de justicia debe responder aplicando justicia y no favoreciendo la impunidad”.

A seis meses de la desaparición forzada de Alcedo Mora y los hermanos Vergel

 

Por: Ana Julia Valdez / Abogada Asistente del Programa de Exigibilidad – Provea

Exigibilidad.asist@derechos.org.ve / @anajuliavv

El pasado domingo 30 de Agosto fue el Día Internacional de las Victimas contra las Desapariciones Forzadas. La Organización de Naciones Unidas mediante la Resolución A/RES/65/209[1] decidió declarar esa fecha como oportunidad para visibilizar internacionalmente la gravedad de esta situación e instó a los Estados a ratificarla.

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas[2] define en su artículo 2 la Desaparición Forzada de la siguiente manera:

A los efectos de la presente Convención, se entenderá por “desaparición forzada” el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

La desaparición forzada es un delito y cuando se practica de forma generalizada o sistemática constituye un crimen de lesa humanidad. A la fecha (septiembre 2015), 87 Estados han ratificado la Convención. Venezuela no es uno de ellos.

Acusada por Ministerio Público, de saqueo en San Félix, afirma: “La GNB me dijo que ni en la cola puedo estar porque me persiguen”

Por: Clavel A. Rangel Jiménez / crangel@correodelcaroni.com

Decenas de parientes acuden a la comisaría de Guaiparo, donde más de 60 acusados de saqueos permanecen esperando la audiencia preliminar

Nalinle Ramos no piensa acercarse a una cola nunca más. Al menos no por ahora, mientras tiene régimen de presentación cada ocho días. El Ministerio Público la acusa de haber participado en los saqueos del 31 de julio, en la avenida Manuel Piar de San Félix, y por eso se abstiene de acercarse a una cola: el método tradicional para comprar alimentos regulados en Venezuela.

Ha pasado un mes y recuerda ese día como si fuese ayer. Estaba preparando el guiso para las empanadas, esas que vende en la avenida Manuel Piar desde hace cuatro años, cuando escuchó que a su hijo, Geany Cardozo, le habían disparado.

“Salí corriendo a buscarlo, dejé el guiso, y cuando lo veo la Guardia (GNB) lo tiene y me retiene con él”. Así fue como llegó a parar al Desur y allí estuvo durante ocho días con otras mujeres acusadas de saqueo. No recuerda ni siquiera qué delitos le imputan. Tampoco tiene abogado, pero sabe que son más de cuatro.

Su hijo, de 21 años, tiene tres disparos en la pierna que –según- no han sido tratados. “Eso lo tiene feísimo y solo lo han llevado una sola vez al hospital”.

Ahora Nalinle está en otra cola, no para comprar comida, sino para llevar comida a Geany en la comisaría de Guaiparo, una suerte de pequeña cárcel urbana que todos prefieren antes que el traslado al Internado Judicial de Ciudad Bolívar, en Vista Hermosa, o El Dorado.

El gobierno criminaliza la pobreza con las OLP y las deportaciones

  Por: 

Mérida, 31 de agosto.- Los candidatos del Partido Socialismo y Libertad (PSL) y Marea Socialista en el estado Mérida repudiaron las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el gobierno a través de las OLP cívico-militares y las deportaciones masivas de inmigrantes y refugiados colombianos residentes en el estado Táchira.

“El gobierno sabe que el pueblo rechaza la corrupción, el auge delictivo y el desastre económico generado por el saqueo de la boliburguesía y las transnacionales. Por eso Maduro y Diosdado adoptan medidas efectistas como las OLP, el cierre de la frontera y la campaña xenofóbica que culpa a nuestros hermanos colombianos por la inseguridad o la escasez. Con las OLP se vienen realizando detenciones indiscriminadas y ejecuciones extrajudiciales, y con la suspensión de garantías constitucionales en Táchira y las deportaciones de inmigrantes y refugiados colombianos volvemos a nefastas prácticas puntofijistas que violan los derechos democráticos de la población”, explicó Simón Rodríguez Porras, quien encabeza el voto lista por el PSL en el estado Mérida.

“Es falso que con las deportaciones de inmigrantes y la demolición de sus casas vaya a desaparecer la escasez y el bachaqueo, o que vaya a cesar el contrabando de gasolina y alimentos a través de las alcabalas militares en la frontera. Tampoco con ejecuciones extrajudiciales y ataques contra barrios enteros con las OLP se podrá superar el problema del crimen organizado, mientras campea la corrupción policial y judicial. Son medidas que no solucionan los problemas sino que los agravan y violan los derechos humanos”, explicó Maigualida Rojas, candidata de Marea Socialista en el voto lista del PSL.

Según Rodríguez, las medidas represivas del gobierno forman parte de un paquete económico y de restricción de las libertades democráticas. “Maduro y Diosdado saben que necesitan aplastar cualquier resquicio de rebeldía popular, como los recientes saqueos en el estado Bolívar y otras regiones, y por eso combinan sus acuerdos antipopulares con Fedecámaras para subir precios y flexibilizar las relaciones laborales facilitando despidos masivos, con la suspensión de garantías constitucionales, que ahora amenazan con extender a otros estados, y los ataques indiscriminados contra la población de los barrios más deprimidos, bajo la excusa del combate a la delincuencia”, concluyó.

Ante el vil asesinato de Geiverson Acosta perpetrado por la Policía Nacional

Por: Juventud de Marea Socialista

El martes 24 de agosto en horas de la tarde se confirmaron los rumores: en los alrededores de Bellas Artes en el corazón de la ciudad de Caracas, aproximadamente a las 5pm se había presentado una situación conflictiva entre la Policía Nacional y jóvenes que suelen frecuentar la Plaza de los Museos. Presuntamente la Policía Nacional estaba ¨limpiando la zona¨ para desarrollar las actividades de reinauguración del Eje del Buen Vivir, en la cual iban a participar algunos altos dirigentes del gobierno. Ante la resistencia de los presentes a desalojar la Plaza, la situación se tornó tensa, y en una escalada de enfrentamientos verbales y visos de resistencia, la policía primero tiro dos balas al aire, y luego apuntó a la multitud. Trascendió que uno de los policías apuntó directamente a Geiverson (quien había quedado alejado del grupo que retrocedía amenazado por la policía) y le disparó.

Geiverson, de 19 años, estudiante de ingeniera en Sistema de la Universidad Humbolt, murió al instante.

Como jóvenes que nos organizamos en Marea Socialista queremos ser contundentes y claros: no existe ninguna razón que justifique este vil asesinato.

Estamos conscientes de la compleja situación que desde hace un tiempo para acá, se reproduce en la zona de la Plaza de los Museos: micro tráfico, jibareo y consumo de alcohol y marihuana. Pero alertamos con mucha preocupación que este contexto no puede ser utilizado para justificar esta conducta policial. En primer lugar porque no hubo una respuesta armada, Geiverson estaba desarmado, y la escalada del enfrentamiento había llevado a algunos cuantos a agarrar piedras, pero piedras no son balas, las mismas solo vinieron del lado de la policía. En segundo lugar porque en nuestra constitución y las leyes (suponiendo que alguno estuviera delinquiendo) existe un procedimiento explícito: si algún joven estaba violentando flagrantemente la ley tenía que ser presentando ante tribunales y ser juzgado. Y lo más importante de todo, es que no fue una bala pérdida, ni un accidente, fue un asesinato a sangre fría, como lo han registrado varios medios de comunicación.

El miedo del poder

Por María Esperanza Hermida / exigibilidad@derechos.org.ve

También se atacó a Provea desde el poder en 1988, por el caso de la masacre de El Amparo y por defender al hoy Presidente Maduro, cuando era perseguido en el Metro de Caracas para despedirlo. Por cierto, uno de sus abogados fue Marino Alvarado

El activismo en defensa de derechos humanos es incómodo para el poder del Estado, sobre todo cuando su gobierno da la espalda a las declaraciones, pactos y convenios universales que consagran tales derechos. La molestia gubernamental es mayor si se denuncia el atropello con base a los testimonios y pruebas aportadas por las víctimas, pues desenmascaran sus políticas violatorias de derechos humanos. Para defender estos derechos, Provea usa la investigación y la denuncia, entre otras estrategias válidas. Por eso, el gobierno se irrita, nos amenaza y descalifica.

No es la primera vez que sucede, pero lamentablemente parece que por ahora continuarán los ataques. Un ejemplo lejano de la incomodidad que sufre el poder cuando se le señala fue la reacción de Chávez a la denuncia de Provea sobre ejecuciones en Vargas, durante el año 2000. Sin embargo, poco después el Presidente de entonces reconoció públicamente que se produjeron violaciones a los derechos humanos.

Recientemente, Provea fue demandada judicialmente junto con la Sociedad Homo et Natura. El Estado venezolano nos acusó de ser cómplices en la supuesta utilización de niños y niñas Yukpa como escudos humanos en la protesta indígena ante el Tribunal Supremo de Justicia, exigiendo la libertad del cacique Sabino Romero y de Alexander Fernández. El Tribunal que conoció del juicio desestimó la acción, pues el hecho en que sustentaba había dejado de existir.

Pero fallecido Chávez las agresiones desde el poder estatal contra Provea se agravaron. En 2013 el ministro de comunicaciones calificó a la organización como “retaguardia del fascismo”, por publicar una investigación que demostró la falsedad de la información gubernamental sobre la quema de varios Centros de Diagnóstico Integral (CDI) durante las protestas de abril de ese año.

(VIDEOS) Adultos mayores y activista por los derechos humanos rechazan nueva medida del Metro

No hay nuevas taquillas especiales para personas 

de la tercera edad

ADULTOS MAYORES RECHAZAN NUEVAS MEDIDAS

Por: aporrea tvi

TIBISAY MALDONADO ACTIVISTA POR LOS DERECHOS HUMANOS SE PRONUNCIA SOBRE LA NUEVA MEDIDA PARA ADULTOS MAYORES DEL METRO
Credito: aporrea tvi

Agosto 30 de 2015.-A raíz de la nueva medida del Metro de Caracas, de cambiar su política de puertas abiertas para los adultos mayores, y que de ahora en adelante deben pedir un pase para poder entrar, tomamos varias declaraciones de personas de la tercera edad que se han visto bastante afectadas por esta medida que viola los artículos 80 y 86 de la Constitución, donde las personas mayores deben ser protegidas por el Estado.

Por otro lado, la activista por los derechos humanos, Tibisay Maldonado, también se pronuncia en contra de esta medida que lesiona los derechos del adulto mayor.

A pesar de las declaraciones del ministro Haiman El Troudi, donde refiere que los adultos mayores no necesitan hacer colas, pues con sólo enseñar la cédula pueden recibir su pase en las taquillas y entrar a los vagones, pero lo cierto es que, la realidad indica otra cosa debido a la inmensa cantidad de usuarios que transitan por el Metro. Cómo se va a llevar a efecto esto, cuando en la mayoría de las estaciones, hay solo dos taquillas para atender a cientos de personas. Esto empeora la situación, pues se le añade más gente a las colas, con el agravante de ser adultos mayores con bastones, muletas o con el gran peso de la edad de algunos octogenarios y hasta nonagenarios.

Cuando se establece un tipo de medidas de tal índole, se debe planificar la mejora del servicio, lo que va a reemplazar o sustituir la eliminación del servicio anterior. En este caso, pareciera que prevalece el sentido mercantilista de la ganancia y no la comodidad del usuario mayor, quienes en sus declaraciones rechazan la nueva política donde son abiertamente afectados.

Latinoamérica: La crisis de los gobiernos “progresistas”

De izquierda a derecha: Evo Morales, Cristina Kirchner, José Mujica, Dilma Rousseff y Nicolás Maduro, los gobiernos del doble discurso.

Por: Miguel Lamas (El Socialista)

La crisis capitalista mundial afecta de lleno a Latinoamérica. Hubo huelgas generales en Uruguay y Ecuador. Protestas sociales en Bolivia, Perú, Chile y Brasil. Los gobiernos con discursos “progresistas” surgidos en los últimos años quedan al desnudo, al responder a la crisis con ajustes contra el pueblo y tratando de salvar las ganancias del gran capital nacional e imperialista.

La caída de precios del gas, petróleo, alimentos y minerales, tiene devastadoras consecuencias económicas para Latinoamérica. La economía capitalista latinoamericana depende de esos productos primarios de exportación. Ahora retorna el peso cada vez más insoportable de la deuda externa e interna con la banca multinacional. “Un estudio de perspectivas del Banco Morgan Stanley explica que las dificultades que enfrenta ya una abultada lista de países latinoamericanos convierten a la región en una de las más inestables de mundo” (Marcelo Cantelmi, Clarín, 9/8). Perú tiene caídas del 10% en sus exportaciones de minerales, 74% en producto de pesca, 45% en aceite y derivados y 20% en los agrícolas. Chile, debe afrontar la fuerte caída del precio del cobre. Bolivia bajó sus exportaciones un 30% respecto al año pasado, por la baja del precio del gas, que vende a Brasil y Argentina, y de minerales. Brasil, siendo la economía más grande, cayó más rápido y ya no puede afrontar los pagos de la deuda que se llevan la mitad de su presupuesto.

Bodas: Pdvsa deja a 2 mil trabajadores sin comida

Por: José Madrid (El Tiempo)

Dirigente sindical denunció que el mal estado de los alimentos también se está presentando en todos los comedores de la compañía petrolera

El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), José Bodas, denunció que unos 2 mil empleados que prestan servicio en los muelles de las empresas del sector están afectados por la falta de comida.

Señaló que los trabajadores de PDV Marina, que están ubicados en los remolcadores y lanchas, laboran en un esquema de guardias de tres días, y según la convención colectiva vigente, Petróleos de Venezuela debe suministrarles los tres alimentos, ya que no pueden moverse de estos puntos.

“La cooperativa dice que la empresa no le paga, y la empresa dice van a cancelar al precio regulado de los productos, pero no se consiguen a estos montos establecidos”.

Sindicatos critican a Pdvsa por falta de apoyo en tragedia

Por: Argel Fernández (El Tiempo)

Alan Figuera, directivo de Sutrapetrorinoco, pidió que no quieren que se politice la muerte de los dos trabajadores petroleros que murieron en un vuelco cuando iban a una marcha.

El Tigre, 30 de agosto de 2015.- Dirigentes sindicales y familiares de los dos supervisores de Pdvsa San Tomé, que murieron en el accidente de tránsito en Píritu, cuestionaron la falta de apoyo de la gerencia petrolera.

El pronunciamiento lo encabezaron Alan Figuera, directivo de Sutrapetrorinoco; Jorge Mendoza, vocero de la Asociación Sindical Nacional de Supervisores y Operadores Petroleros y sus Similares (Asinsuopet); Luis Flores, de Sinutrapetrol y Edgar Mata, del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gas (Stpg).