Por: Clavel A. Rangel Jiménez / crangel@correodelcaroni.com
Contreras murió el 23 de agosto, a los 51 años de edad, luego de que recibiese tres disparos cuando patrullaba la planta de Briquetas como parte de sus funciones en la gerencia de seguridad patrimonial.
Por el hecho fueron detenidos tres hombres de la etnia Warao, presuntamente parte de una banda dedicada al robo de equipos dentro de las empresas. Esta semana, según se han enterado los trabajadores, dos de los aprehendidos quedaron en libertad.
La noticia ha indignado a los delegados de prevención y seguridad, y por eso este domingo han vuelto al portón I de la procesadora de mineral de hierro a exigir justicia y medidas inmediatas para que hechos como los de Contreras no se repitan.
El delegado de prevención y parte del comité de seguridad, Hugo Perdomo, reclamó que la jueza no haya considerado “la gravedad” del delito cometido en Ferrominera. “Esta medida que hemos visto con indignación y asombro, bueno… todos nuestros compañeros, no estamos dispuestos a dejar pasar que se favorezca la impunidad en nuestro país”.
En busca de justicia están dispuestos a movilizarse y a comenzar una campaña, anunció Perdomo, porque “el sistema de justicia debe responder aplicando justicia y no favoreciendo la impunidad”.
Criminalización vs seguridad
Reclamaron que el Gobierno sea diligente para castigar y despedir a delegados de prevención y no para garantizar la seguridad en la empresa que, además, es parte de las zonas de seguridad contempladas en la Ley de Seguridad de la Nación, promulgada en 2002.
Apenas se están conformando las mesas técnicas, indicó Perdomo, “pero deseamos que esto no sean medidas circunstanciales, provisionales, sino que sean permanentes y a tal efecto, todas las demandas que tenemos desde hace ocho años pues no hemos sido indiferentes”.
El delegado Daniel Flores recordó que hace dos años entregaron un informe sobre las condiciones de todos los puestos de protección y servicio, el cual aún no ha sido respondido. Ese documento, indicó, lo entregaron también hace un mes al comité de seguridad y salud sin que haya respuesta.
“Estas son las consecuencias (la muerte de Carlos Contreras) de esa irresponsable decisión de no acatar lo que está establecido en la ley”.
Recriminó que mientras la empresa guarda silencio, sí son diligentes para sancionar y colocar calificaciones de despido a los delegados de prevención. Flores se refirió a dos inspectores que fueron suspendidos durante tres meses porque se negaron a trabajar en la escuela de Palúa en el turno nocturno sin un punto de servicio, y a otros dos delegados que están calificados de despido.
“Aquí nos sentimos solos, no vemos a la dirigencia sindical. Nuestros representantes no están con nosotros, estamos solos. Con Dios, pero ahí vamos y confiamos en la justicia divina”.
Zonas rojas
Los delegados describieron que no hay equipos, ni vehículos para movilizarse. De hecho, recordaron que el trabajador Contreras ya había sido víctima del hampa cuando unos delincuentes intentaron robar camionetas.
Exigen que la permanencia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) sea constante, así como la entrega de vehículos para el patrullaje por el territorio amplio.
“Necesitamos que se iluminen las áreas, que se cubran algunos perímetros más críticos, el desmalezamiento de las áreas, la dotación de equipos de protección personal, así como el equipamiento de los sistemas de control de acceso y monitoreo que son muy frágiles”, destacó Perdomo.
El delegado de seguridad patrimonial, Efraín Guerra, indicó que Ferrominera Orinoco “está vulnerable por donde lo busques, puedes entrar por el río, por la zona boscosa, no hay cercas perimétricas que puedan disuadir esa intención. El personal de Ferrocarril a diario reporta personas dentro de las instalaciones”.
En Planta de Pellas, por ejemplo, los trabajadores de seguridad patrimonial decidieron parar el patrullaje si no están acompañados de efectivos de la GNB. “La iluminación es prácticamente nula, la maleza es alta y los trabajos de desmalezamiento solo se hacen cuando hay un reclamo porque si no, no se cumpliera, y en pellas está completamente vulnerable y no hay casetas para puestos de servicio”, explicó el delegado Lenin Rodríguez.
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