jueves, 4 de enero de 2018
Exigimos la inmediata libertad de Rodney Álvarez
Por: Corriente Clasista, Unitaria,
Revolucionaria y Autónoma (C-cura)
Rodney Álvarez, trabajador de Ferrominera Orinoco (FMO), es un preso político obrero del gobierno de Chávez y Maduro. Lleva más de seis años de prisión como consecuencia de un montaje judicial urdido por el gobierno, sin que haya sido sentenciado en ese lapso de tiempo. Este vil ensañamiento de las más altas esferas políticas de la gobernación de Bolívar y del Psuv, tiene como único objeto ocultar la verdad y mantener en las calles al real responsable de los disparos y el asesinato de Renny Rojas trabajador de FMO, hecho acaecido el 9 de junio del año 2011.
Para la mañana de ese día, estaba convocada una asamblea de trabajadores de FMO, a fin de elegir la comisión electoral que regiría los comicios sindicales en la empresa. Entre 2009 y 2011 el secretario general del sindicato, Rubén González, había sido encarcelado por encabezar una huelga exigiendo el cumplimiento del contrato colectivo y el sindicato había sido intervenido por la burocracia sindical del PSUV. Habiendo logrado la libertad de González mediante la movilización, los trabajadores se disponían a recuperar la dirección del sindicato de FMO.
En su desesperación, las bandas armadas del PSUV atacan a los trabajadores para disolver la asamblea. En plena asamblea, ante la mirada de los asistentes y captado por las distintas cámaras del sistema de seguridad de la empresa, Héctor Maicán, uno de los secretarios del sindicato y militante del PSUV, realiza tres disparos a la multitud, hiriendo a Luis Quilarque. Al intentar huir, Maicán es detenido por efectivos de la GNB, quienes le decomisan el arma. Producto de estos disparos muere el trabajador Renny Rojas.
El 10 de junio la Fiscalía anunció que Maicán estaba detenido por su presunta responsabilidad en la muerte de Rojas. Dos días después afirmaron que las pruebas de balística no concordaron y se le liberó bajo régimen de presentación. El gobernador Francisco Rangel Gómez, estrechamente vinculado a las mafias sindicales del PSUV, salió a declarar en la radio que Maicán era inocente ya que “sus disparos fueron al aire”.
Maicán, fue imputado por lesiones leves causadas a Quilarque, el trabajador que resultó herido en la reyerta, pero no por el homicidio de Renny Rojas.
En Puerto Ordaz, en la audiencia de presentación, los fiscales 9° nacional y 4° del segundo circuito de esa jurisdicción, Deisy Bolívar y Wander Blanco, respectivamente, imputaron a Rodney Álvarez por la presunta comisión de delitos tipificados en el Código Penal. Álvarez, fue trasladado a la cárcel del Rodeo II, dando inicio al juicio en los tribunales en Caracas, a un día de viaje de Puerto Ordaz, lejos de sus hijos y familiares, compañeros de trabajo, de todos los que hicieron presencia en la asamblea del 9 de junio 2011, en FMO. El gobierno tenía la clara intención de aislarlo de la solidaridad de los trabajadores.
En el procedimiento que se le sigue a Álvarez nunca se ha determinado su vinculación con el ataque. Por el contrario los testigos y trabajadores de FMO, en distintas audiencias dieron cuenta de lo sucedido, demostrando su inocencia, ya que Álvarez se encontraba en la asamblea agredida por la banda armada del PSUV. Evidencias importantes, fueron los videos de seguridad de la empresa, en los que se muestra el lugar desde donde se realizan los disparos, distante de la ubicación de Álvarez y un grupo de trabajadores. También son evidencias el centenar de declaraciones en su defensa de trabajadores testigos presenciales.
El juicio ha estado colmado de vicios, con presiones a Álvarez para que declare su culpabilidad, retardo procesal, saltos y cambios de fechas en las audiencias, convocatorias sin el aviso expreso a los testigos y técnicos, hasta la ausencia de aviso de los GNB que dan captura a Maican. Esto se combina con violaciones a los derechos humanos de Álvarez al no suministrarle los medicamentos e insumos para el resguardo de su salud.
En los inicios del juicio en Caracas, se manifestó la activa solidaridad de trabajadores de FMO, llegando hasta las audiencias. Una o dos unidades de trabajadores viajaban desde Ciudad Piar y Puerto Ordaz a Caracas a apoyar la causa de Álvarez. El llamado a la solidaridad siempre se ha mantenido. En la medida que el gobierno impone un plan de austeridad y hambre a los trabajadores, la solidaridad ha mermado. El abogado defensor abandonó el caso producto de las presiones de las mafias gobierneras, ocupando su acción el defensor de derechos humanos Luis Aguilera.
El 17 abril del presente año se da a conocer que la Jueza 12ª de juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, María Eugenia Núñez, quien veía el caso, fue premiada con un ascenso a la Corte de Apelación del mismo Circuito Judicial Penal. La asignación de un nuevo juez es un castigo al imputado, ya que esto impone que se inicie de nuevo el juicio. Una nueva violación fragrante a los derechos de Rodney Álvarez.
Hoy ya hace nueve meses de que el abogado Jesús Arias Quintero, director Ejecutivo de la Magistratura, responsable del ascenso de la abogada María Eugenia Núñez y del nombramiento del nuevo juez ante el caso de Rodney Álvarez, no ha designado el juez de relevo en el caso.
Esta es una nueva demostración de las reales intenciones del gobierno al mantener a Rodney Álvarez como rehén de su política antiobrera. Desde sus inicios, un proceso plagado de arbitrariedades ahora sumido en el limbo jurídico. Un montaje judicial que ha arrebatado seis años de vida a Álvarez por un crimen que no cometió.
Nicolás Maduro, quien se hace llamar “presidente obrero” tiene por rehén a un trabajador de FMO mientras el asesino de Renny Rojas sigue en las calles. Un atropello antiobrero con la complicidad de la burocracia sindical de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores.
Rodney Álvarez, más que nunca depende de la consecuencia y solidaridad de clase. La lucha por su libertad ha recaído sobre sus familiares, algunas organizaciones sindicales y sitios Web, algunos medios y programas radiales y los propios ferromineros. Es lamentable que dirigentes sindicales ligados a la MUD que se suman a los llamados de libertad para Leopoldo López, guardan silencio en el caso de Rodney Álvarez.
La lucha por libertad de Rodney Álvarez, reclama de la real solidaridad de los trabajadores y dirigentes sindicales, a nivel nacional como internacional. Rodney Álvarez, es un preso político del gobierno que debe ser rescatado con la denuncia y movilización de los trabajadores.
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