El miedo del poder

Por María Esperanza Hermida / exigibilidad@derechos.org.ve

También se atacó a Provea desde el poder en 1988, por el caso de la masacre de El Amparo y por defender al hoy Presidente Maduro, cuando era perseguido en el Metro de Caracas para despedirlo. Por cierto, uno de sus abogados fue Marino Alvarado

El activismo en defensa de derechos humanos es incómodo para el poder del Estado, sobre todo cuando su gobierno da la espalda a las declaraciones, pactos y convenios universales que consagran tales derechos. La molestia gubernamental es mayor si se denuncia el atropello con base a los testimonios y pruebas aportadas por las víctimas, pues desenmascaran sus políticas violatorias de derechos humanos. Para defender estos derechos, Provea usa la investigación y la denuncia, entre otras estrategias válidas. Por eso, el gobierno se irrita, nos amenaza y descalifica.

No es la primera vez que sucede, pero lamentablemente parece que por ahora continuarán los ataques. Un ejemplo lejano de la incomodidad que sufre el poder cuando se le señala fue la reacción de Chávez a la denuncia de Provea sobre ejecuciones en Vargas, durante el año 2000. Sin embargo, poco después el Presidente de entonces reconoció públicamente que se produjeron violaciones a los derechos humanos.

Recientemente, Provea fue demandada judicialmente junto con la Sociedad Homo et Natura. El Estado venezolano nos acusó de ser cómplices en la supuesta utilización de niños y niñas Yukpa como escudos humanos en la protesta indígena ante el Tribunal Supremo de Justicia, exigiendo la libertad del cacique Sabino Romero y de Alexander Fernández. El Tribunal que conoció del juicio desestimó la acción, pues el hecho en que sustentaba había dejado de existir.

Pero fallecido Chávez las agresiones desde el poder estatal contra Provea se agravaron. En 2013 el ministro de comunicaciones calificó a la organización como “retaguardia del fascismo”, por publicar una investigación que demostró la falsedad de la información gubernamental sobre la quema de varios Centros de Diagnóstico Integral (CDI) durante las protestas de abril de ese año.

En 2014 los ataques fueron escalando al punto que en el canal del Estado se mencionó en 4 oportunidades a su ex Coordinador General, Marino Alvarado, como ejecutor de acciones lesivas a la gestión gubernamental, presuntamente instrumentadas a través de Provea. La verdad es que el año pasado fueron múltiples las agresiones documentadas por Provea y otras por organizaciones de derechos humanos. Tales atropellos se produjeron en el contexto de la represión del Estado contra las manifestaciones y protestas realizadas a lo largo y ancho de la geografía nacional, durante varios meses del año 2014.

La criminalización que el gobierno ha decidido hacer de la labor de Provea y sus miembros, ha proseguido este año. A través del programa transmitido por el canal del Estado los miércoles en la noche, se desarrolla un guión orientado a estigmatizar las lícitas, regulares y constitucionales actividades realizadas por Provea, como acudir a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cuya sede está en Washington), participar en la Cumbre de las Américas organizada por la EOA (Panamá), asistir al examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (Ginebra), participar en las reuniones de las instancias de Derechos Humanos de MERCOSUR (Chile o Brasil), y efectuar reuniones de seguimiento a casos o desarrollar programas de formación en derechos humanos en Venezuela, dirigidos a sindicalistas, dirigentes comunitarios, periodistas, líderes o militantes de partidos políticos.

Con el objetivo de criminalizar al activismo en derechos humanos, se genera la reacción desproporcionada del Presidente Maduro en cadena nacional el pasado viernes 21 de agosto, calificando a Provea como un partido de derecha financiado por la CIA. A ello responden las amenazas contra Marino Alvarado.

También se atacó a Provea desde el poder en 1988, por el caso de la masacre de El Amparo y por defender al hoy Presidente Maduro, cuando era perseguido en el Metro de Caracas para despedirlo. Por cierto, uno de sus abogados fue Marino Alvarado.