La Razón,
15-6-2014
La promulgación de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI), impulsada por Carlos Genatios en los inicios de la década pasada tenía, entre otros objetivos, la creación de un mecanismo que obligara a las empresas a destinar recursos financieros para llevar adelante sus propios proyectos de investigación e innovación, que les permitieran mejorar su productividad, la calidad de su producción y por ende su competitividad en el mercado. De esta forma, el Estado no tendría que dedicar recursos a estos fines y podría dedicarse a financiar proyectos de investigación en universidades y otros centros, dirigidos a satisfacer necesidades nacionales, regionales y locales, a aspectos relacionados con desarrollos sectoriales, actividades de formación del talento requerido y financiamientos varios relacionados. Nunca se pensó que estas obligaciones desaparecerían con la instrumentación de la ley, aunque de hecho así ocurrió más adelante.



















