Se evidencian contradicciones entre
la defensoría del pueblo y el gobernador de Bolívar
Por Armando Guerra. (*)
En la región sur del país, cerca de Tumeremo, existen varias minas de oro, que son el escenario geográfico de lo que recientemente se ha dado a conocer como la “Guerra por el oro”. El control de estos espacios es fundamental, para realizar la acción extractiva y las variadas actividades conexas que significan para quienes las ejecutan, grandes sumas de dinero. En estas áreas, Jamilton Andrés Ulloa Suárez, denominado el Topo, ejerce su control en la mina las Atenas. En las minas del Callao, es el Chingo quien dirige la escena y en Las Claritas y sectores de Santa Elena de Guairén, el Juancho. Cada uno goza del respaldo de ciertos funcionarios de entes del Estado, o como se afirma en la zona, de “oficiales de alta graduación”. En un primer momento las noticias daban fe de que el Sebin y el Cicpc, formaron parte del apoyo al operativo dirigido por el Topo. En las sucesivas noticias, este argumento no continuó. Es de esperar que esto se aclare en los próximos días.
Los recientes hallazgos de parte de los cuerpos de los mineros desaparecidos en la mina las Atenas evidencian en un primer momento la ligereza o copa estima con la que el gobernador -máxima autoridad- del estado Bolívar asume su responsabilidad y jefatura, y en un segundo lugar, evidentes contradicciones entre funcionarios del Estado, que se hace necesario mencionar. Hasta los momentos en las minas Nuevo Callao, se han encontrado en una fosa de cuatro metros de profundidad, por seis de ancho; 17 cuerpos -15 hombres y 2 damas- y se habla de testimonios de familiares que dan fe de 25 desaparecidos.
