Detenida la capitana del ‘Sea-Watch 3’ en el puerto de Lampedusa

La capitana del ‘Sea-Watch 3’, Carola Rackete,
durante su detención, este sábado. REUTERS / ATLAS

La Policía italiana ha detenido este sábado a Carola Rackete, la alemana al frente del barco de rescate de migrantes, poco después de que atracase el buque en la isla

Por: DANIEL VERDÚ / Tomado del portal noticioso internacional "El País"

La historia ha terminado y, seguramente, de la peor manera para la capitana Carola Rackete, de 31 años. Esta madrugada, alrededor de la 1.30, la embarcación humanitaria Sea-Watch 3 levó anclas y se dirigió hacia al puerto de Lampedusa, frente al que llevaba atracada 48 horas con 40 migrantes a bordo. Rackete desoyó de nuevo la prohibición de la Guardia di Finanza (una fuerza especial de la policía italiana similar al Servicio de Vigilancia Aduanera español), que incluso trató de interponerse con sus embarcaciones, y atracó la nave en el puerto comercial de Lampedusa. La capitana, convertida en símbolo de la lucha contra la política migratoria de Matteo Salvini, fue recibida con aplausos de decenas de personas que la esperaban, pero fue detenida y trasladada a dependencias policiales acusada de "resistencia o violencia contra un buque de guerra", delito que implica una sentencia de tres a diez años.

¡No a las deportaciones masivas y el estado de excepción!

Por: Partido Socialismo y Libertad

La reciente declaratoria del “Estado de Excepción” en cinco municipios de Táchira, estado fronterizo con Colombia, pone en evidencia los desesperados esfuerzos del gobierno del presidente Maduro por adelantar acciones efectistas, con fuerte contenido antidemocrático y reaccionario, con las cuales desviar la atención de los problemas centrales que aquejan a los trabajadores y al conjunto de la población venezolana, precisamente en año electoral.

Amparándose en acciones repudiables desde todo punto de vista, como el atentado criminal contra varios funcionarios militares, así como el paramilitarismo y contrabando existente en la zona desde hace muchos años, el gobierno asesta un fuerte golpe a la población fronteriza al restringirle sus derechos democráticos al libre tránsito, reunión, protesta, respeto a sus bienes personales y la inviolabilidad de sus domicilios; a la par que adelanta una brutal cacería de brujas contra inmigrantes colombianos asentados en la zona, generando una grave crisis humanitaria.

Todo esto se produce en el contexto de una profundización de la restricción a las libertades democráticas, a través del Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), puesto en practica en todo el país, con el argumento de la lucha contra la delincuencia y el paramilitarismo.

La brutal arremetida contra inmigrantes colombianos asentados desde hace muchos años en la zona, es utilizada para seguir exacerbando los ánimos nacionalistas y xenófobos, que lamentablemente anidan en un sector de la población, contra inmigrantes a quienes se les acusan injustamente de ser los responsables de los males que tienen sumida en una profunda crisis económica, política y social al país, cuando todos sabemos que no es así.

En el pasado puntofijista, los gobiernos adeco-copeyanos utilizaban este expediente en momentos de crisis para ocultar los problemas que atravesaba la población. Lo cual repite hoy un gobierno que se autotitula falsamente “socialista” y “humanista”.

Las imágenes del desalojo de sus humildes viviendas y la entrega a las autoridades colombianas de más de mil inmigrantes, la demolición de centenares de viviendas, las restricciones a las personas que estudian o trabajan del otro lado de la frontera, quienes tienen que obtener un permiso de la alcaldía de San Antonio para cruzar el puente, los atropellos a mujeres, niños y ancianos humildes, atestiguan que se trata de la más aberrante humillación contra hermanos colombianos, cuyo único delito es ser pobres y trabajadores, que en su deseo por sobrevivir a la violencia en Colombia se asentaron en una zona que les permitiera tener acceso a trabajo e ingresos para la subsistencia de sus familias.

Opinión: La xenofobia a la orden del día

Por: Ybelice Briceño L.

Cuando estudiaba en el liceo era frecuente leer en las calles de Caracas pintas como estas: “Mata a un colombiano y vive un día Pepsi” o “Gracias Armero por matar tanta mierda junta” (en macabra alusión a la trágica erupción del volcán de Armero). El sentimiento anticolombiano estaba a la orden del día; era frecuente en los chistes, el bulling y otras formas de violencia simbólica así como formas de violencia física e institucional (como las redadas policiales para detener “indocumentados”, por ejemplo). Con la llegada de socialismo del siglo XXI en la última década, pensé que el sentimiento xenófobo anticolombiano era algo relativamente superado o al menos difícil de profesar y defender abiertamente en el espacio público. Ahora, no salgo de mi asombro cuando veo que es promovido y alentado por miembros del propio gobierno, que es reproducido por militantes de izquierda y practicado por compañeros con formación política o que hacen trabajo comunitario.

¿En qué momento el pueblo colombiano dejó de parecernos un pueblo hermano (objeto de políticas represivas excluyentes en su país) para ser un pueblo de maleantes y paramilitares, un enemigo externo que vive entre nosotros, al que hay que vigilar y denunciar? ¿Cuándo los inmigrantes colombianos residentes en el país dejaron de ser merecedores de una vida digna con sus derechos cubiertos (como el derecho a tener identificación y así poder votar en las elecciones por nuestro proyecto) para a ser un contingente de “paracos” y “bachaqueros” que en el mejor de los casos debe ser deportado? ¿Cuántos chivos expiatorios se necesitan para intentar tapar los fracasos u omisiones de nuestras políticas públicas? ¿Cuál es el límite ético de la instrumentación política de nuestros problemas con fines electorales?