Mas allá de los planteamientos que en este articulo se expresan, consideramos importante mantener abierto el debate sobre el Arco Minero del Orinoco y la necesidad de crear un movimiento social que haga resistencia a esta política del gobierno y las trasnacionales. Sirva éste para seguir en el debate, la denuncia y en la creación de respuestas sociales necesaria para detener su avance.
La devastación de Venezuela es también ecológica. El régimen de Nicolás Maduro, siguiendo los pasos de su predecesor Hugo Chávez, quien ya lo había anunciado en 2011, abrió las compuertas al apocalipsis ambiental cuando puso en marcha en 2016 el llamado Arco Minero del Orinoco: una vasta extensión de 111 mil 846 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 12,2 % del territorio venezolano, que atraviesa selvas del sur como la sierra de Imataca, La Paragua y El Caura y las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní, todos sistemas ecológicos frágiles, habitados por comunidades indígenas.
La voracidad del gobierno chavista, escaso de divisas petroleras debido a su propia incapacidad y corrupción en el manejo de PDVSA, ha hecho que Maduro y sus cómplices se vuelquen hacia la explotación de recursos mineros. El Arco cuenta con grandes reservas de coltán (mineral codiciado por la industria de la electrónica), bauxita, diamantes y oro que algunos cálculos valoran en unos 2 trillones de dólares. Bajo un esquema de asociaciones estratégicas, el gobierno venezolano ha dado concesiones de explotación minera a diversas empresas chinas, rusas, canadienses, surafricanas, australianas y de otros países. Una de las empresas concesionarias es la llamada Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), la porción del “pastel” que le ha tocado a la casta militar, soporte principal del régimen.
