Por: Simón Rodríguez Porras (PSL)
El 20 de mayo será la farsa de elección presidencial, a la que la mayoría de la población ha dado la espalda. Mientras el país colapsa, el régimen chavista ha impuesto condiciones laborales de semiesclavitud a millones de asalariados, apoyándose en la represión de las fuerzas armadas.
El 30 de abril, Maduro anunció un aumento del salario mínimo del 155%. Así, el salario mínimo pasaría de unos 5,6 dólares a 14,2 dólares mensuales, según la tasa de cambio oficial actual. En el mercado paralelo, el salario mínimo quedaría luego del aumento en 1,25 dólares, el equivalente a medio kilo de queso, más 2 dólares de un bono alimentario sin incidencia en las prestaciones sociales. Sectores de la oposición patronal denuncian que los míseros aumentos salariales son inflacionarios, pero es la política brutal de ajuste del gobierno la que ha generado la hiperinflación.
El gobierno redujo en más de un 80% las importaciones en cuatro años para sostener los pagos de la deuda externa, generando una vertiginosa caída del PIB, superior al 40%. Hasta la producción petrolera, en manos de empresas mixtas con transnacionales, ha caído por debajo de 1,5 millones de barriles diarios, su punto más bajo en 65 años. Para cubrir el déficit fiscal de más del 70% el gobierno ha emitido masa monetaria a ritmos desquiciados. En lo que va de año la liquidez monetaria ha crecido en promedio 4,7 billones de bolívares diarios.
Desde el agravamiento de la crisis económica en 2016, los salarios han sido pulverizados como parte del ajuste. Esta dinámica se agravó luego la caída en la hiperinflación en octubre de 2017, a tal punto que la enorme mayoría de los trabajadores no pueden cubrir gastos de alimentación con sus ingresos, en algunos casos ni siquiera pueden pagar los gastos de transporte para ir y venir del lugar de trabajo. Hay una regresión en las relaciones laborales de más de un siglo, con este régimen de semiesclavitud y un movimiento obrero prácticamente destruido.
El vicepresidente Tareck El Aissami se jactaba durante el acto de creación del Fondo Industrial y Económico de Inversión, el 27 de abril, de que los empresarios no solo podían contar con los 510 millones de dólares de ese fondo para préstamos, sino además con condiciones favorables para los negocios, entre ellas servicios a bajo costo y “mano de obra barata”. Un eufemismo cínico para hablar de los salarios más bajos del hemisferio occidental.
El colapso se ha generalizado. El transporte es cada vez más precario, hay constantes apagones y cortes en el suministro de agua, lo cual ha generado grandes protestas populares en la ciudad noroccidental de Maracaibo, brutalmente reprimidas, y hasta en la capital, frente al Palacio de Miraflores. En ese marco el gobierno realiza campaña, ante la indiferencia popular generalizada, hacia unas elecciones presidenciales boicoteadas por casi todo el arco opositor, con la excepción del ex gobernador de Lara, Henri Falcón, y algunos candidatos cuasi folklóricos como un pastor evangélico que figuró en los Papeles de Panamá y es señalado por tráfico de combustibles.
La debacle sigue empujando a miles de trabajadores a salir del país a través de las fronteras con Brasil y Colombia, y por mar en rudimentarias embarcaciones hacia las colonias holandesas en el Caribe. El fenómeno de la emigración se ha instalado como parte del debate político y de la disputa económica. Maduro hace algunas semanas arremetió contra los emigrantes que “van a lavar baños en Miami” y dijo que quienes amaban a su patria debían quedarse en Venezuela. Como parte de la disputa entre la burguesía emergente y la burguesía tradicional del sistema financiero por el control de las remesas que envían los trabajadores desde el exterior, fue intervenido el principal banco privado, Banesco, uno de los que hizo mayores fortunas con sus negociados durante dos décadas de gobierno chavista.
El resultado de las elecciones presidenciales del 20 de mayo está decidido de antemano por un sistema fraudulento, controlado férreamente por el régimen cívico-militar. El Partido Socialismo y Libertad, junto a otras organizaciones y sindicatos que integran la Oposición de Izquierda en Lucha, llama a la abstención y a la movilización. La asfixiante situación económica y social no tardará en generar nuevos escenarios en los cuales los trabajadores y los sectores populares se rebelen contra este estado de cosas.
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