Por: Simón Rodríguez Porras (*)
“Un trabajador me dijo que gana quincenal 200 mil (bolívares), ¿puede hacer un mercado con eso? No. Pero le llega su CLAP (caja de alimentos a precio subsidiado)”. Con estas palabras, Maduro admitía el 16 de febrero lo que todo venezolano sabe: que la mayoría de los salarios son de hambre. En realidad los bonos y alimentos subsidiados, distribuidos mediante mecanismos clientelares, escasamente palian la miseria salarial. El salario mínimo es de un dólar diario a la tasa oficial, o 12 centavos de dólar al tipo de cambio paralelo. Un régimen de trabajo semiesclavo. En lo que va de año comienzan a verse protestas obreras y los saqueos en los barrios populares indican que es posible un gran estallido social, superior a las protestas del año pasado.
El chavismo intenta encubrir la superexplotación y el ajuste inflacionario apelando a una supuesta “guerra económica”, atribuyendo la inflación y la contracción de la economía a una conspiración mundial. Mercenarios intelectuales como el asesor español Alfredo Serrano Mantilla (ligado a Podemos) se cuentan entre los voceros de esta propaganda. En realidad fue el gobierno quien recortó en un 80% las importaciones entre 2013 y 2017 para sostener el pago de más de 80 mil millones de dólares de deuda externa. Además, incrementó en proporciones dantescas la masa monetaria para cubrir un déficit fiscal de más del 70%, hundiendo al país en la hiperinflación. De acuerdo con las cifras oficiales, durante 2017 la liquidez monetaria se incrementó en 1.485%, y este crecimiento se ha acelerado mucho más en lo que va de 2018. De mantenerse las tendencias de enero, la inflación superaría el 150.000% este año.
Este ajuste criminal ha llevado a una contracción de la economía nacional en un 40% en los últimos tres años, empujando a millones de trabajadores a huir desesperadamente a través de las fronteras con Colombia y Brasil. Se ha comprometido incluso la producción petrolera, que ha caído a menos de millón y medio de barriles diarios, menos de la mitad de la producción de hace veinte años. El desastre operativo y la desinversión en la petrolera estatal PDVSA y las empresas mixtas con capitales imperialistas es tal que las operaciones se paran frecuentemente por no haber servicio de comedor. Miles de trabajadores petroleros han renunciado a sus puestos ante la miseria salarial. Sería necesario invertir unos dos mil millones de dólares para recuperar la producción en alrededor de un millón de barriles diarios, pero el gobierno prioriza el pago de la deuda externa y los subsidios a la burguesía con dólares para importaciones.
Mientras Maduro vocifera que existe un “bloqueo” contra Venezuela, el gobierno ha entregado el 12% del territorio nacional a transnacionales mineras, en el Arco Minero del Orinoco, ha impuesto una ley de promoción de inversiones extranjeras a través de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y ha generado un nuevo mecanismo de endeudamiento llamado “Petro”, bono respaldado con los yacimientos petroleros. Más saqueo semicolonial a nombre de un falso socialismo.
La farsa electoral
Maduro empleó los “diálogos” patrocinados por El Vaticano y EE.UU. con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a partir de 2016 para cooptar, dividir e inmovilizar al bloque opositor patronal. Aprovechando las capitulaciones de la MUD, el gobierno aplastó las protestas populares de 2017 y pasó a convocar tres procesos electorales fraudulentos y a comienzos de febrero fijó elecciones presidenciales anticipadas para abril. La mayoría de los partidos están proscritos electoralmente, incluyendo al Partido Socialismo y Libertad (PSL), única organización de la oposición de izquierda que había legalizado una tarjeta electoral. También la mayoría de los posibles candidatos presidenciales opositores están inhabilitados y persisten las condiciones fraudulentas.
En este marco, el gobierno ha iniciado la campaña electoral inflando la retórica patriotera y escalando las confrontaciones discursivas con los países vecinos, particularmente Guyana y Colombia. El gobierno ultraderechista de Trump, a través del Secretario de Estado Rex Tillerson, ha planteado que una posible salida a la crisis en Venezuela es un golpe de Estado y la aplicación de sanciones. Sin embargo, la American Fuel and Petrochemical Manufacturers, principal asociación de capitalistas de la refinación petrolera de EE.UU., recomendó a Trump en 2017 no aplicar sanciones petroleras a Venezuela, por ser el principal proveedor de petróleo de la costa oriental yanqui.
El PSL y la Oposición de Izquierda en Lucha han repudiado la injerencia imperialista, denunciando al mismo tiempo el falso antiimperialismo gubernamental y enfatizando la necesidad de coordinar y cohesionar la lucha fundamental que libra hoy el pueblo venezolano, expresada en más de cien saqueos en el mes de enero: la lucha contra el hambre.
(*) Partido Socialismo y Libertad
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