Por: Laclase.info
Caracas, 20 de mayo.- El presidente Maduro anunció el 13 de mayo una segunda prórroga, por 60 días, del decreto de emergencia económica dictado en enero de este año. El gobierno se ha apoyado para el decreto original y sus prórrogas en una resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que en un recurso de interpretación de la Constitución anula la competencia legal del parlamento para vetar este tipo de decretos. En esta ocasión, el decreto No. 2.323 incluye la declaratoria de un Estado de excepción que limita derechos democráticos y amplía las competencias de los militares para intervenir en la represión de protestas, bajo la figura del “resguardo” del orden público, así como en tareas de distribución de alimentos.
La declaratoria de emergencia económica, con el supuesto objetivo de lograr una mayor eficiencia en la distribución de alimentos y bienes de primera necesidad, faculta al gobierno para eximir a empresas públicas y privadas de trámites para la importación y exportación de mercancías. En los más de cuatro meses de aplicación de dichas medidas, la situación no ha dejado de empeorar. La escasez ha aumentado en virtud de la decisión del gobierno de disminuir las importaciones para garantizar los pagos de servicios de la deuda externa.
El decreto autoriza la emisión de deuda y la realización de gastos por fuera de las previsiones presupuestarias y sin la aprobación de la Asamblea Nacional (AN). De igual forma anula la facultad de la AN para interpelar y emitir votos de censura contra ministros del área económica.
El gobierno emplea en el texto del decreto expresiones como “inflación inducida”, “colas inducidas”, y “bachaqueo” (reventa de productos), y atribuye su generación a “ciertos agentes económicos que hacen vida en el país, auspiciados por intereses extranjeros”, sin precisar cuáles serían esos agentes. De igual forma acusa a la AN de tener “la intención de derrocar el Gobierno legítimamente constituido”.
Con el estado de excepción se profundizan las facultades represivas de los militares, ya implicados en la llamada “Operación Liberación del Pueblo” (OLP), una serie de operativos en los que se realizan desde hace más de un año detenciones masivas y ejecuciones extrajudiciales en zonas populares. Se atribuye a organizaciones semi estatales como los consejos comunales y los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP) tareas de resguardo del orden público, facultando el uso parapolicial de estas organizaciones por parte del gobierno.
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