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miércoles, 17 de febrero de 2016

El Consejo Nacional de Economía Productiva y el Decreto de Emergencia Económica: La burguesía y el gobierno raspan la olla



Por: Simón Rodríguez Porras (*)  

Con la participación de algunos pesos pesados de la gran burguesía venezolana, como Oswaldo Cisneros, Van Dam y Vollmer, el presidente Maduro lanzó a finales de enero un Consejo Nacional de Economía Productiva. Remedando el “Reimpulso Productivo” mediante el cual el presidente Chávez convocó a la gran burguesía a sumarse a la “construcción del socialismo” en el año 2008, y los llamados “cinco motores” mediante los cuales en el 2007 el gobierno decía adelantar la transformación política y económica del país, Maduro hizo una nueva convocatoria a la burguesía y lanzó un supuesto plan de diversificación económica basado esta vez en “nueve motores”. Dando por concluido el ciclo rentista e iniciado una nueva etapa de la economía venezolana. Sin embargo, estos anuncios nada bueno implican para la mayoría empobrecida del país.


Luego de 17 años de recorrer los trajinados caminos del clientelismo, la corrupción, y favorecer a banqueros y transnacionales al tiempo que decía avanzar hacia un supuesto “socialismo del siglo XXI”, ahora el gobierno, con una economía destruida y precios petroleros que rondan los $20 por barril, convoca a la burguesía nacional en busca de alianzas para recomponer el ciclo de acumulación de capital. Como parte del nuevo organismo “productivo”, la burocracia sindical del Psuv avala silenciosamente las maniobras.


La otra herramienta del gobierno para profundizar el ajuste y salvar a los sectores empresariales de la crisis, es el Decreto de Emergencia Económica, emitido por los mismos días de enero. Un nefasto instrumento, que según un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia del 11 de febrero entró en vigor pese al veto de la Asamblea Nacional, y cuyo principal objetivo es facultar al gobierno para evadir procedimientos legales a la hora de realizar importaciones y exportaciones, así como obviar requisitos legales para la adjudicación de divisas a empresas. También permite al gobierno realizar gasto y emitir endeudamiento no contemplado en el presupuesto sin pasar por la aprobación parlamentaria, y a tomar medidas tendientes a promover la inversión extranjera. El peligroso coctel de corrupción y entreguismo encubierto en dicho decreto, y las medidas antipopulares que prepara el Consejo Nacional de Economía Productiva, es la respuesta del gobierno a la profundización de la crisis.


(*) Partido Socialismo y Libertad  (PSL)

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