Por: Clavel A Rangel Jiménez (Correo del Caroní)
Esperaron estoicos por 10 meses una decisión de la Inspectoría del Trabajo, pero este lunes se les agotó la paciencia cuando los hijos, de uno de los trabajadores, fueron retirados de la escuela por morosos.
Los ocho trabajadores despedidos de Ferrominera Orinoco (FMO) no cobran salario ni tienen derecho a ninguno de los beneficios de ley desde julio de 2011, un mes después del homicidio del trabajador Renny Rojas en el portón industrial.
Los contratiempos económicos son múltiples y tan graves como la garantía de educación para sus hijos.
Quedaron en la calle sin un proceso legal y, en este período, la Inspectoría del Trabajo no se ha pronunciado por tratarse de un “problema político”.
Los despedidos tienen en común sus más de 20 años de antigüedad, su respaldo al secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, y su participación en el portón de la empresa, cuando la violencia impidió hace más de un año escoger a la comisión electoral.
Han ido a todas las instancias, solicitado dos amparos e, incluso, José Khan -cuando era ministro de Industrias Básicas y Minería- se comprometió a ayudarles.
Una semana después de entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras (Lottt), el personal tiene más razones para protestar debido a las garantías a la estabilidad que se establecen en el nuevo marco legal.
Ayer decidieron encadenarse a la cerca que bordea la locomotora de la procesadora de mineral de hierro de manera indefinida frente a la empresa. La protesta logró llamar la atención de la Defensoría del Pueblo y del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescente (Cdmna).
Años de dedicación
La defensa de los trabajadores se sustenta en sus años de servicio. No comprenden cómo es que después de 22 y hasta 33 años de antigüedad la empresa alega actos inmorales y falta gravísima para despedirlos.
José López, con 23 años como técnico conductor de trenes, tuvo que trabajar de taxi para sostener a su familia. A causa de este oficio sufrió un accidente y se quedó sin vehículo.
A José Ortega, quien ha laborado por 33 años como técnico ferroviario, lo despidieron cuando su hija tenía dos meses de nacida y ayer les sacaron a sus hijos de la escuela por morosidad. Su hija menor debe ser operada y no tiene cómo pagar la intervención.
Su esposa, Dulys Fernández, atribuye su reciente aborto al “trajín” al que han estado sometidos.
Eric Flores fue notificado de la medida luego de pasar nueve días laborando después de un descarrilamiento. Por esta guardia acumuló más de 80 horas de sobretiempo que tampoco ha cobrado.
“Nos botaron como unos perros, negándonos nuestros derechos. Nosotros queremos salir jubilados por la puerta grande y con la frente en alto, como el resto de nuestros compañeros”, exige Jesús Pérez, técnico instrumentista en el Hospital Américo Babó.
Política de terror
El secretario general, Rubén González, mantiene su tesis de que este grupo de trabajadores ha sido seleccionado para amedrentar al resto de los trabajadores activos, como parte de una política de “terrorismo laboral”.
“Esta acción de Spooner (Alfredo Spooner, secretario de organización de Sintraferrominera) y su grupo, porque fue Spooner quien los mandó a botar, crearon eso para amedrentar a los trabajadores que están adentro y sembrarles el terrorismo laboral”, reiteró González en las inmediaciones de la empresa.
Dicen que los ferromineros tienen miedo. Ángel Saldiña, otro de los despedidos con 21 años laborando en locomotoras, asegura que la empresa amenaza a los trabajadores y cita el caso como ejemplo.
“Alfredo Spooner tiene poder porque está comandado por Francisco Rangel Gómez (gobernador del estado Bolívar), y Francisco Rangel tiene al lado a José Ramón Rivero y él es cuñado de Spooner, por eso la conexión”, comenta el técnico quien, además, cree que el interés de la Gobernación en FMO está relacionado con los casos de corrupción “de la empresa estratégica”.
- ¿Por qué es estratégica Ferrominera Orinoco?
- Por el poder del sindicato y porque, estando el sindicato con la empresa, por ese muelle van a seguir sucediendo cosas y por el fondo de la empresa están sucediendo cosas que el sindicato está avalando.
¿Cuál justicia?
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de CVG Carbonorca (Sutracarbonorca), Emilio Campos, alegó que, de acuerdo a la nueva Lottt, tanto el presidente de FMO, Radwan Sabbagh y el de Carbonorca, Juan José Méndez, estarían presos por desacatar la ley.
“¿O es que van a hacer lo mismo que con la Constitución? Hay una escritura y una práctica cotidiana que va en contra de los trabajadores (…) Esas desviaciones dejan en evidencia el crimen político que están cometiendo ellos (el Gobierno)”, dijo.
Campos aseveró que por los muelles de la operadora de mineral de hierro están sucediendo “cosas muy oscuras”.
Por los despidos injustificados, la Unión Nacional de Trabajadores (Unete) introducirá una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), informó el trabajador Benjamín Moreno.
Los despedidos
Evaldo Castillo. 23 años de servicio. Analista de costos de la gerencia de seguridad patrimonial
José López. 23 años de servicio. Técnico conductor de trenes
Jesús Pérez. 23 años de servicio. Técnico instrumentista del Hospital Américo Babó
José Ortega. 33 años de antigüedad. Técnico ferroviario
Ángel Saldiña. 21 años de servicio, como trabajador de locomotoras
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