Diversos problemas que vienen aquejando a los y las trabajadoras del país son fuente de conflicto desde hace más de tres años. La no discusión de convenciones colectivas principalmente en el sector público, la galopante inflación, la violación al ejercicio de la libertad sindical, los despidos injustificados, el no pago de deudas acumuladas y la crisis por la que atraviesan las industrias básicas de Guayana son algunas de las situaciones que generan descontento.
Marino Alvarado - PROVEA
En la creciente protesta social que hay en Venezuela el sector
laboral encabeza las acciones de exigibilidad de derechos. La
indignación ante las masivas y reiteradas violaciones se traduce paros,
huelgas, tomas de establecimientos, cierre de calle, concentraciones y
otras modalidades.
Durante todo el 2010 realizaron la cantidad de 1.121acciones de un
total de 3.114 realizadas en el país lo cual equivale al 36%. En el
primer semestre de 2011 de un total de 2.365 protestas, el sector
laboral protagonizó 989, es decir, el 41,82%, lo cual evidencia una
línea ascendente de descontento y disposición a reivindicar sus
derechos.
Particular malestar causa la no discusión de las convenciones
colectivas. Hay empresas del Estado con más de cinco años sin discusión.
Los trabajadores de la administración pública introdujeron el 07.08.07
ante la Inspectoría del Trabajo el proyecto de Convención y el Ejecutivo
Nacional se niega a discutirla.
El derecho a la convención colectiva en el sector público se violenta
igualmente cuando son incorporados como "contratados" un número
importante de trabajadores. Bajo dicha figura no quedan amparados por
las convenciones. Existe un creciente proceso de tercerización en el
sector público mediante el cual se mantiene a trabajadores por muchos
años con contratos anuales sin que puedan gozar de muchos beneficios.
En el sector privado la situación no es muy diferente.
Hay una constante violación a las convenciones colectivas y con
frecuencia se realizan despidos injustificados o se pone fin a las
relaciones laborales y no se paga las prestaciones sociales. Los
trabajadores de la planta Coca Cola Femsa, realizaron una huelga de 27
días para forzar la firma del contrato colectivo, que amparó a 1.200
trabajadores de esa compañía
Resalta igualmente los reiterados obstáculos que colocan patronos
públicos y privados al trabajo de los sindicalistas. Se complementa con
la judicialización del ejercicio de la libertad sindical abriendo
procesos penales a dirigentes sindicales por convocar paros y huelgas.
Uno de los casos más recientes es el de los trabajadores de
Sintracallao. La Fiscalía Quinta del Ministerio Público en la población
de Tumeremo, estado Bolívar, imputó a cuatro trabajadores por participar
en la paralización de la mina Isidora donde opera la empresa de capital
mixto Venrus.
Por todas estas razones diversas organizaciones sindicales están
convocando para el 20 de octubre a una Jornada Nacional de Protesta bajo
el lema Mil protestas en un día.
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