Por: Miguel
Ángel Hernández*
Atalaya
Revolucionaria
Tomado de laclase.info
A Carlos
Andrés Pérez hay que recordarlo exactamente por lo que fue: un corrupto,
asesino, proimperialista, que estuvo preso por peculado; expulsado del poder
por la propia burguesía venezolana para tratar de salvar al régimen
puntofijista en decadencia; que aplicó un plan de ajuste neoliberal salvaje,
hecho a la medida de los intereses del Fondo Monetario Internacional. Su talante
corrupto se evidenció en su primer gobierno cuando fue absuelto milagrosamente
de ser condenado políticamente por el caso Sierra Nevada, gracias al voto de
José Vicente Rangel, hoy oráculo del gobierno de Chávez.
Este
personaje nefasto de la historia contemporánea de Venezuela, siendo ministro de
Relaciones Interiores en la década de los sesenta, fue quien puso en práctica
la tristemente célebre frase de Rómulo Betancourt, presidente a la sazón del
país: “dispare primero y averigüe después”. Fue quien junto a las Fuerzas
Armadas conformó los Teatros de Operaciones donde se torturó a mansalva a miles
de activistas y luchadores sociales de izquierda en los años de la guerrilla,
aplicando con rigor y eficiencia los manuales de contrainsurgencia elaborados por
el Pentágono y el Departamento de Estado.
En la década
de los setenta, en su primer gobierno, favoreció el surgimiento de una nueva
fracción de la burguesía, que el grupo editor de la revista Proceso Político
denominara “burguesía emergente”, la cual se desarrolló al amparo de los
cuantiosos recursos que ingresaron al país gracias al aumento extraordinario de
los precios del petróleo. Uno de los sectores que más creció en esa época fue
el Grupo Cisneros, que con el apoyo de CAP se convirtió en el conglomerado
empresarial más poderoso del país. Este proceso guarda parentesco con la
conformación de la llamada “boliburguesía”, que ha surgido y ganado fuerza en
la última década en Venezuela de la mano del gobierno de Chávez y los altos
precios petroleros.
En su
segundo gobierno CAP solicitó financiamiento al FMI, y se acogió, al igual que
otros mandatarios latinoamericanos, a los programas de ajuste de orientación
neoliberal, en boga en aquella época, a través de los cuales los organismos
financieros internacionales y la banca acreedora procuraban recuperar los
préstamos que solicitaron en los años 70 los gobiernos del continente.
Ese plan de
choque antipopular, aplicado sin mediaciones ni consulta, tenía entre sus metas
liberar las tasas de interés, eliminar el control de cambios, liberar los
precios de los productos de primera necesidad, incrementar el precio de la
gasolina y las tarifas de los servicios públicos, eliminar restricciones a la
importación y congelar los cargos en la administración pública, todo lo cual se
complementaba con un miserable aumento de los salarios.
El
levantamiento popular espontáneo que siguió al incremento de la gasolina y a
las tarifas del transporte público, conocido popularmente como “Sacudón” o
“Caracazo”, fue reprimido brutalmente, produciéndose una masacre como nunca
antes se había experimentado en el país. Más de 3.000 muertos y un número aún
más elevado de heridos, fue el saldo de la actuación desmedida del ejército
puesta en práctica por CAP, a través de la aplicación del Plan Avila, y
ejecutada con saña por el ministro de la Defensa gral. Italo del Valle
Alliegro, verdadero carnicero de la población de Caracas.
Desde
entonces se produjo una vorágine represiva en la que se persiguió y encarceló a
centenares de luchadores sociales, activistas de izquierda y dirigentes
estudiantiles. En el truncado segundo gobierno de CAP fueron asesinados más de
30 estudiantes, en el marco de la lucha por el pasaje preferencial estudiantil.
El
“Caracazo” y los golpes de Estado de febrero y noviembre de 1992, generaron una
severa crisis en el seno del establecimiento político del régimen bipartidista.
Las políticas de ajuste que beneficiaban a la banca y al sector más
transnacionalizado de la burguesía nacional en detrimento de los sectores acostumbrados
a los subsidios estatales y a la importación, produjeron un fuerte remezón en
la economía nacional, en momentos en que el régimen puntofijista mostraba
evidentes signos de agotamiento.
Esta crisis
política tuvo su desenlace a partir de marzo de 1993 cuando el Fiscal General
de la República, Ramón Escovar Salom, quien había sido ministro de Relaciones
Exteriores de CAP en su primer gobierno, solicitó un antejuicio de mérito en
contra del Presidente por los delitos de peculado doloso y malversación de 17
millones de dólares de aquella época. Este procedimiento condujo a su
destitución el 20 de mayo, y a su reclusión en el retén judicial de El Junquito
y en su residencia. Fue condenado el 30 de mayo de 1996 a 2 años y 4 meses de
prisión domiciliaria por malversación agravada de fondos públicos. En 1999 huyó
del país para evadir la justicia en el caso de corrupción más importante por el
que fue procesado, el de las millonarias cuentas mancomunadas que mantenía en
los EE.UU. con Cecilia Matos.
La enemistad
personal de Escovar Salom, quien había sido destituido deshonrosamente de la
cancillería mientras se dirigía a cumplir una misión oficial en el exterior,
sirvió de chispa para detonar la defenestración de CAP, como una salida
procurada por la burguesía venezolana para descomprimir el ambiente social
tremendamente convulsionado por cacerolazos y movilizaciones populares.
El pasado
jueves CAP fue finalmente enterrado en el país después de 9 meses de
controversia entre sus familias de Miami y Caracas. Este evento sirvió para que
AD y los demás partidos de la MUD intentaran convertir su cadáver insepulto en
un símbolo de la democracia burguesa, precisamente los mismos que le dieron la
espalda y lo expulsaron de AD en 1997. Más de uno, de buena o de mala fe, comenzó
a buscar supuestas bondades personales en el político adeco. Otros se
atrevieron a invocar a la historia, la cual supuestamente lo colocaría en un
sitial de honor.
Nosotros
creemos que el desastre del actual gobierno, que intenta presentarse como “revolucionario”
y alternativa al puntofijismo, no puede hacernos olvidar el pasado reciente,
aún fresco en la memoria de miles de familias que fueron víctimas de la
represión ejercida por los gobiernos adeco-copeyanos. CAP es el símbolo de un
régimen corrupto, represivo y entregado de pies y manos al imperialismo y a la
burguesía. El mismo que avalaron en su oportunidad los partidos de la MUD que
ahora intentan presentarse como alternativa a la estafa chavista. No podemos
olvidar las masacres del Caracazo, Cantaura, Yumare, ni los Teatros de
Operaciones. Los innumerables casos de corrupción del puntofijismo, ni muchos
menos la entrega descarada del país y sus recursos naturales a las
transnacionales.
El gobierno
del presidente Chávez ha mantenido en la impunidad estos crímenes, pero miles
de venezolanos estamos convencidos que para esos criminales no habrá olvido ni
perdón.
En
definitiva, ni el PSUV ni los adecos viejos y nuevos de la MUD son alternativa
para el pueblo venezolano.
*Secretario
general de la Unidad Socialista de Izquierda
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por compartir con todos tus comentarios y opiones