Sábado, 27
de agosto de 2011 – 7:21 PM
El Fiscal
Centésimo Sexto del Ministerio Público Abogado RAMÓN LISCANO introdujo una
demanda contra la Sociedad Homo et Natura de ACCIÓN DE PROTECCIÓN por los
intereses y resguardo de los derechos de 48 niños, niñas y adolescentes Yukpa.
La Boleta de
Notificación aclara que en un término de diez días de su notificación debe
introducir un escrito con pruebas ante el Circuito Judicial de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional. Tribunal Octavo
de Primera Instancia de Medición, Sustanciación y Ejecución. Caracas, 18 de
febrero de 2011. El número de expediente es: AP51-V-2011-012603*.
El documento
expresa el error de considerar al abogado Dr. Ricardo Colmenares como nuestro
representante. Aún no sabemos cual persona o institución del Estado venezolano
ha introducido tal demanda contra la organización Sociedad Homo et Natura ante
el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de
Adopción Internacional; consideramos que esta demanda ha sido introducida por
unos de los organismos del Estado que durante los primeros tres días en horas
de la madrugada hacían levantar a todos los niños y adultos de las comunidades
indígenas Yukpa de la Sierra de Perijá Chaktapa, Kuse y Guamopamocha y
dirigentes sociales que acompañábamos la permanecían de los indígenas en unas
de las puertas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) entre el 21 y 30 de julio
de 2010 cuando exigían el pronunciamiento relacionado a si el máximo tribunal
admitía o no el Amparo Constitucional a favor de la aplicación de la justicia
indígena en Venezuela introducida hacía 4 meses.
Para aquel
entonces más de 100 personas entre niños, niñas, adolescentes y adultos
indígenas y representantes de una decenas de organizaciones sociales se
agruparon en tres oportunidades en las madrugadas alrededor de unos
funcionarios de la Dirección del Consejo de Protección del Niño, Niña y del Adolescente
de la Alcaldía de Caracas (CDENA), entre otros organismos afines, para discutir
que esta no era la manera ni la hora para manifestar su particular preocupación
por los niños indígenas ni para conocer los mandatos a que estaban obligados a
cumplir por la Ley Orgánica para la protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Ante la
testaruda posición de los funcionarios apoyados por policías y Guardia Nacional
Bolivariana de llevarse en la madrugada a los niños, niñas y adolescentes a un
lugar más apropiado, varias veces se les explicó que los niños, niñas y
adolescentes no se iban a enfermar porque dormían bajo el cielo con sus padres
en esteras de palma o cartones en el suelo frente al TSJ, ya que desde siempre
los Yukpa acostumbran a dormir de tal manera, y que ya estaban acostumbrado al
clima caraqueño porque desde hace varias décadas acostumbraban vivir en la
ciudad de Caracas y en otras ciudades del interior del país donde sus padres se
trasladan por temporadas a vender artesanía. Sólo que muchas veces son
reprimidos y trasladados a la Sierra de Perijá porque afean la ciudad, hoy
bicentenaria.
Esta plan de
llevarse a los menores de edad y separarlos del resto de los familiares fue la
primera fase del plan represivo coordinado por el Ministro Tareck El Aissami
paras romper la concentración de más de 100 indígenas Yukpa frente al TSJ por
espacio de diez días.
Diez días de
resistencia indígena y revolucionaria que superó airosamente dicho cerco
represivo militar policial que consistía en fotografiar en horas de la
madrugada cuando dormíamos en el suelo a todos los dirigentes indígenas y
sociales, niños, hombres y mujeres indígenas por veloces funcionarios de la DIM
y SEBIN con sofisticadas cámaras de video y fotográficas, colocación de antenas
capaces de grabar todas las conversaciones telefónicas que entraban y salían de
ese espacio de protesta frente al TSJ, la negación de llevar agua potable y un
baño portátil, un cerco mediático por parte de los medios de comunicación en
manos del Estado gobierno, la prohibición a los funcionarios de las
instituciones y organismos principalmente de cultura, educación, juvenil del
Estado, a no acercarse por el lugar, argumentaban que esta concentración
mantenía vínculos con el narcotráfico que se mueve en la frontera del Zulia,
cerco permanente por parte de todos los organismos represivos del Estado que en
los últimos días de la concentración ya mantenían una posición agresiva y
provocadora.
¿Porque se
le demanda a la organización Sociedad Homo et Natura? ¿Acaso por poner en
riesgo a estos indígenas menores de edad? si ellos fueron trasladados por sus
propios padres y familiares, como tantas veces a pleno pulmón lo manifestaron
sus padres a dichos funcionarios ya sean en Caracas cuando estaban frente al
TSJ o frente a la Asamblea Nacional cuando acompañaron desde el 18 al 25 de
octubre de 2009 al Hermano Jesuita José María Korta en su huelga de hambre
exigiendo la libertad de los yukpa, o frente al Circuito Judicial de Trujillo
donde la Sala Penal que presidía el Magistrado Eladio Aponte Aponte trasladó el
juicio que se le seguía a sus familiares Sabino Romero Izarra, Alexander
Fernández Fernández y Olegario Romero Romero.
Estaban allí
no por culpa de la Sociedad Homo et Natura, estaban allí porque sus caciques
estaban presos, porque estaban exigiendo junto a sus padres la libertad para
sus caciques, por la defensa de su derecho a ser juzgados por sus propias
leyes, para que la Sala Constitucional presidida por la propia Presidenta
Magistrada Dra. Luisa Estella Morales Lamuño se pronunciara a favor o en contra
de la aplicación en Venezuela de la jurisdicción indígena exigida en un recurso
de Amparo Constitucional introducido desde hacía cuatro meses por los abogados
de Sabino y Alexander, los Doctores Ricardo Colmenares y Leonel Galindo. Porque
se le acusa exclusivamente a la Sociedad Homo et Natura, si nuestra
organización era una más de tantas organizaciones presentes en el apoyo activo
y solidario a Sabino y a los otros presos Yukpa.
Será acaso
que el Gobierno o sectores del Gobierno le está pasando factura por haber
estado y seguir presente junto con otras organizaciones sociales y
personalidades en apoyo a las comunidades Yukpa, barí, japreria y wayuu que
luchan por la defensa de sus territorios, y demás derechos constitucionales,
por haber conseguido el retiro de las concesiones de carbón en los territorios
barí y Yukpa por parte del Corpozulia y demás empresas mineras multinacionales,
por seguir en resistencia con los wayuu de Mara contra la apertura de la Mina
Socuy de Carbozulia – Corpozulia y la de la compañía irlandesa Caño Seco, por
acompañar a los pueblos Barí y Yukpa desde 1985 en su lucha por el reconocimiento por parte del Gobierno de su derecho a poseer un territorio único, amplio y suficiente para gozar de una vida buena, así como el pago de las bienhechurías de las haciendas y parcelas que han quedado dentro de sus territorios autodemarcados.
acompañar a los pueblos Barí y Yukpa desde 1985 en su lucha por el reconocimiento por parte del Gobierno de su derecho a poseer un territorio único, amplio y suficiente para gozar de una vida buena, así como el pago de las bienhechurías de las haciendas y parcelas que han quedado dentro de sus territorios autodemarcados.
O por haber
sido un factor importante en la libertad de Sabino y Alexander, y en cierta
manera de Olegario. Será acaso que no les gusta a ministras y ministros que
denunciemos y al mismo tiempo busquemos salida al deterioro de la salud de
varias familias de comunidades de los pueblos barí, Yukpa y wayuu del Socuy.
Que sigamos denunciado los planes imperiales de la IIRSA en los territorios de
dichos pueblos indígenas.
En
septiembre cuando regresen los tribunales de vacaciones iremos a Caracas
defendernos, y en caso que vayamos a juicio, lo derrotaremos nuevamente.
No podrán
comprobar que somos un factor etnocida, son ellos, el Estado y factores del
Gobierno, los únicos violadores de los derechos humanos y de la vida de estos
compatriotas, no podrán nunca demostrar nada, así como no han podido demostrar
que somos escuálidos, representantes de empresas transnacionales mineras
inglesas, agentes de la CIA, paramilitares o narcotraficantes.
Somos, como
muchos otros compañeros, activistas revolucionarios practicantes ecologistas y
defensores de los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas y
de la ética de la solidaridad. Somos muchos.
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