Por Laclase.info
Caracas, 9 de octubre de 2020.- Ayer, la inconsulta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la llamada ley antibloqueo del gobierno de Nicolás Maduro, pero sin unanimidad y en medio de cuestionamientos de miembros de ese órgano impuesto en el año 2017 para supuestamente legislar una nueva Constitución Nacional.
En su cuenta Twitter, la constituyente María Alejandra Díaz expuso su voto salvado en la ANC, denunciando que “siendo que hasta esta hora no hemos tenido acceso al texto, desconociendo por tanto su contenido, lo cual cercena nuestro derecho a conocer de antemano leyes que serán sometidas a nuestra votación”, y concluyendo que “declaro que salvo mi voto por diferir de esos mecanismos inadecuados y en razón de que desconozco el fondo y contenido de la misma y si está, colide o no con nuestra Constitución vigente”.
Igual, el constituyente Telémaco Figueroa y Regulo Reina han denunciado que no les permitieron trasladarse a la ciudad de Caracas para la sesión de la ANC porque se oponían a la llamada ley antibloqueo, no le facilitaron transporte y tampoco le vendieron gasolina para sus vehículos. Demostrando el carácter autoritario del régimen político del Estado venezolano.
La aprobación de la llamada ley antibloqueo, ocurrió a pesar de las críticas efectuadas incluso por organizaciones chavistas como las integradas en la denominada Alternativa Popular Revolucionaria (APR) e intelectuales chavistas como Luis Britto García, Carlos Mendoza Potella y Pascualina Curcio.
Además, esa ley aprobada por un órgano inconsulto y sin competencias parlamentarias como la ANC, ha sido rechazada por organizaciones de la oposición de izquierda como el Partido Socialismo y Libertad (PSL), la Liga de los Trabajadores por el Socialismo (LTS) y Marea Socialista (MS), porque tiene como objetivo crear las condiciones jurídicas para ejecutar un plan general de privatización de empresas estatales y bienes comunes del país en beneficio del capital transnacional y local.
Aunque la llamada ley antibloqueo del gobierno de Nicolás Maduro fue aprobada, organizaciones de la oposición de izquierda y el chavismo crítico siguen planteando la realización de una campaña de movilización y denuncia en contra de su aplicación y exigiendo que esa norma jurídica sea ratificada en un referendo popular.
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