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miércoles, 30 de noviembre de 2016

El PSL: Repudia asesinatos de trabajadores y jóvenes en Barlovento

Trafica difundida por las redes sociales, sobre masacre en Barlovento 
Si no nos matan de hambre, 
nos mata la OLP

Por: Partido Socialismo y Libertad (PSL)



El Partido Socialismo y Libertad repudia categóricamente el vil asesinato, de por lo menos 12 personas en Barlovento, por parte de efectivos de la Fuerza Armada Nacional.

El pasado 15 de octubre un grupo de 20 trabajadores y jóvenes, fueron detenidos por funcionarios militares en el marco de la OLP, en un operativo realizado en el sector La Peica en el municipio Acevedo (Caucagua).

De acuerdo a información suministrada por familiares de estas personas, habrían sido trasladados al comando militar ubicado en El Café, aunque en el mismo les aseguraron que no se encontraban allí.

De acuerdo a un comunicado hecho público recientemente por la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, ante la insistencia de los familiares por saber de sus hijos, el 18 de octubre en dicho comando, les indicaron que habían sido trasladados al Fuerte Chaguaramal, ubicado en Cúpira, estado Miranda. Al solicitar información allí, también se les dijo que no se encontraban en el lugar.


Tres días después de acudir a dicho fuerte, fueron liberados 8 de los jóvenes detenidos, los cuales, según informan sus familiares, habrían sido torturados y obligados a firmar documentos de manera forzosa.

Los familiares de los detenidos y luego desaparecidos, acudieron ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, haciendo las denuncias respectivas, todo esto con el acompañamiento de la Red de Apoyo.

Después de más de un mes de su desaparición, los cuerpos de Eliecer Ramírez, Anthony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Denny Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kendri González y Carlos Marchena Silva, fueron encontrados en fosas comunes en….

El pasado sábado 26 de noviembre el Ministerio Público informó que imputará penalmente a 11 militares por su presunta responsabilidad en la muerte de estas 12 personas, los funcionarios, que fueron degradados y expulsados de la FANB son: el ex Teniente coronel José Ángel Rojas, los sargentos primero Orlando Maceli Barrios, Rafael Ruiz, Luis Ramón Figuera, Francisco Rivas Salazar, Romi Antón Antón, el sargento mayor de tercera Miguel Francisco Rodríguez y el mayor Luis Eduardo Romero; además de los cabos segundo Arquímedes José Aguey y Luis Eduardo Machado; y el cabo primero Fabián de Jesús Rangel adscritos todos, al Batallón del ejército 323 Caribe “Coronel José Camacaro Rojas” con sede en la ciudad de Cumaná, estado Sucre, y destacados en Caucagua, en el sector El Café, estado Miranda.

Informaciones recientes de familiares, aseguraran que es posible que hayan más desaparecidos. Por otra parte, el Defensor del Pueblo aseguró recientemente que ninguna de las personas muertas tenía antecedentes penales.

El gobierno ahora quiere presentar los asesinatos como un hecho aislado. Esto es completamente falso. Esto se pone en evidencia en otras masacres como la de Cariaco, ocurrida el pasado 11 de noviembre, donde efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, asesinaron a 9 personas e hirieron a otras 3. O en los cientos de personas muertas por la OLP en supuestos enfrentamientos, donde no hay ni siquiera un efectivo policial o militar herido. Las víctimas siempre son de un solo lado.

En realidad, este es el método que permanentemente utilizan los organismos de seguridad del Estado. “Disparar primero, y averiguar después”, el mismo mecanismo utilizado en el pasado puntofijista.

Este no es un hecho excepcional. Nuestro partido ha venido denunciando reiteradamente que la OLP es un operativo de represión indiscriminada, mediante el cual se ha institucionalizado la pena de muerte.

Distintos organismos de derechos humanos, así como familiares de víctimas, han denunciado ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desalojos forzosos, y otras violaciones a los derechos humanos

La OLP es una expresión más de las constantes restricciones a las libertades democráticas llevadas a cabo por el actual gobierno de Nicolás Maduro.

Es un operativo de terror que se ejerce contra los sectores más pobres de la población, contra trabajadores y jóvenes, con el argumento falaz de la lucha contra la delincuencia, y que tiene como objetivo, intimidar e inhibir la protesta obrera y popular, en un país donde el gobierno aplica un brutal ajuste económico contra el pueblo trabajador.

Con el miedo causado por la violencia gubernamental, se persigue desestimular la protesta social en un país que se muere de hambre y a punto de ebullición.

El PSL exige que se suspenda definitivamente la aplicación de la OLP en todo el país, y que el Ministro de Defensa renuncie a su cargo, por ser el principal responsable de las acciones llevadas a cabo por los efectivos de la Fanb.

Llamamos a todas las organizaciones sindicales, organismos comunitarios y de derechos humanos, a pronunciarse contundentemente contra estos hechos y a exigir castigo para los responsables de los mismos.
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