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sábado, 27 de agosto de 2016

El video que manchó (más) a la Policía de Bolívar

Analítica 
26.08.2016
Marcos David Valverde
@marcosdavidv

En varias de sus comisarías, la Policía del Estado Bolívar (PEB) exhibe un eslogan: “Nacimos para ser ejemplo nacional”. Lo del verbo nacer no puede tomarse en sentido literal, sino como signo de institución durante la gestión de Francisco Rangel Gómez como gobernador.

Para Rangel Gómez, lo de “nacimos para ser ejemplo nacional” es una separación entre el antes y el después de la policía regional: el antes, el cuerpo represivo y corrupto que, a juzgar por lo que dice públicamente, se ensañaba en contra del pueblo; el después, la institución remozada que trabaja por y para la gente. El antes, las gestiones que le antecedieron. El después, él.


Pero los hechos suelen demoler eslóganes, por bienintencionados que estos sean. Las últimas dos semanas, primero en el estado y, luego, en todo Venezuela, uno de esos hechos derribó -terminó de derribar- aquello de que la PEB nació para ser ejemplo nacional. Se develó mediante un caso de extorsión, de violación a las normas y autoridades y con funcionarios que actúan como hampones, los hampones que ellos mismos deberían combatir.

De película

El video dura un minuto con 50 segundos. Quien graba es funcionario de la Policía del Estado Bolívar. Hay una calle, una comisaría y otros funcionarios de la PEB que se confunden con los del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), de la Guardia Nacional. La voz de quien graba no deja espacios para la concordia: “No pueden llegarse así de malotes, malditos, asesinos. Tiene que enfrentarse de uno a uno, tiro a tiro”.

Entre la confusión, hay un diálogo:

-¿Por qué es el beta?-pregunta quien graba.
-Extorsión-, responde otra voz.
-¿Extorsión de qué?-insiste el policía.
-Extorsión-, recalca el del Conas.

Lo registrado en el video ocurrió en la tarde del martes 9 de agosto. Todo comenzó porque seis policías extorsionaron al dueño de una moto: se la quitaron y le dieron que debía pagarles para recuperarla. Pero la víctima denunció, y cuando fue a la comisaría Simón Bolívar (en San Félix, Ciudad Guayana), iba acompañado por una comisión del Conas.

En el momento, capturaron a tres de los implicados en flagrancia. Por eso, no hubo orden de captura. Cuando sus compañeros se percataron de lo que ocurría, acudieron a rescatarlos. Allí comienza el video, que termina cuando los policías tirotean los cauchos de la patrulla del Conas en la que se llevaban a los tres uniformados.

En el ámbito noticioso regional, el caso no tuvo repercusiones inmediatas: simplemente, un choque entre fuerzas de seguridad. Una semana después, despegó.

En entredicho

El lunes 15 de agosto, la agenda de Francisco Rangel Gómez estuvo ocupada: ese día, el buró político nacional de su tolda, el Partido Socialista Unido de Venezuela, visitó Ciudad Bolívar, capital del estado, para una reunión y, luego, un mitin de calle.

Hasta ese momento, ni él ni funcionario alguno de su gobierno habían asomado lo ocurrido en la comisaría Simón Bolívar. Pero mientras el gobernador, en La Sabanita, arengaba masas junto con Diosdado Cabello, Aristóbulo Istúriz y Héctor Rodríguez, el video se difundía en internet y el caso alcanzaba notoriedad nacional.

Rangel Gómez, entonces, se vio en la obligación de hablar al respecto. El martes 16 en la mañana, durante su programa de radio, dijo que no permitiría hechos bochornosos en sus instituciones y que facilitaría la investigación del caso “salga quien salga”.

El mismo martes, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz designó una comisión nacional para investigar. Igualmente, el miércoles hubo una reunión con los representantes de la Región Estratégica de Defensa Integral para Guayana, brazo del Ejército, en la que, se suponía, debía estar el gobernador. Pero solo hubo su ausencia.

Contra Gerardo Freire, Erick Gómez, Junior Martínez, Luis Carrera, Clarisse Delsine y Douglas Ramos, los funcionarios implicados en el caso, hubo órdenes de captura emitidas por el Ministerio Público. Todos están ahora detenidos y se suman a la lista de los miembros de la policía que están implicados en delitos: en 2015, hubo 33 en la región.

“Estamos recabando todos los videos para determinar las responsabilidades. Pero, al menos, por los momentos ahí hay el delito de fuga porque estos ciudadanos ya estaban dentro de la unidad del Conas, estaban aprehendidos en flagrancia”, declaró la semana pasada Carlos Almarza, director contra secuestro del Ministerio Público.

El “ejemplo nacional” para el cual nació la PEB, ahora, más que nunca, está en entredicho. Todo por un video que uno de ellos mismo grabó y difundió.



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