Por: Laclase.info
Las organizaciones que conforman la Plataforma del Pueblo en Lucha y del Chavismo Crítico, están convocando a los trabajadores, jóvenes y habitantes de nuestras comunidades populares a concentrase el próximo jueves 4 de agosto en la Defensoría del Pueblo, a partir de las 10 a.m., para exigir que este organismo se pronuncie ante la grave escasez de alimentos.
El objetivo es entregar un documento en la Defensoría donde se plantea la terrible situación que padece el pueblo; la arbitrariedad y discriminación de los llamados Clap, supuestamente encargados de distribuir la comida, y a que dicho ente fije posición pública a favor del pueblo trabajador, y rechace las medidas gubernamentales de ajuste, así como también frente a loa abusos especulativos de empresarios y comerciantes, los cuales en acuerdo con el gobierno hacen recaer la crisis sobre los más pobres.
El objetivo de la Plataforma es impulsar la movilización y el enfrentamiento en la calle al paquetazo de ajuste que aplica el gobierno.
A la concentración están convocados colectivos populares de Caracas, sindicatos, organizaciones políticas, culturales y estudiantiles.
A continuación el texto completo del documento que acompaña la convocatoria.
¿Quién defiende los derechos del pueblo venezolano?
La Plataforma del Pueblo en Lucha y del Chavismo Crítico se pronuncia contra el hambre del pueblo trabajador
Lo que vivimos actualmente, como pueblo trabajador, es hambre, angustia y desesperación ante la situación cada vez más crítica a la que nos tienen sometidos el gobierno y las cúpulas políticas y económicas de nuestro país.
La dificultad cada vez mayor en conseguir la comida y la especulación en los precios de los productos de primera necesidad convierten la vida cotidiana de los millones de venezolanos que vivimos de nuestros ínfimos ingresos en un verdadero calvario.
Lo más intolerable de todo es que nadie se hace responsable de esta situación y todos los actores políticos y económicos se lavan las manos: la oposición política le echa la culpa al gobierno del descalabro económico, cuando todos sabemos que las élites adeco-copeyanas saquearon a nuestra patria durante 40 años; el gobierno le echa cínicamente la culpa a los empresarios cuando él mismo, en su sistemática política de conciliación de clases, es el primer responsable del paquete económico planificado junto al empresariado privado mediante el Consejo Nacional de Economía Productiva, así como del desmantelamiento de las empresas nacionalizadas y de las misiones alimentarias, de la corrupción ilimitada dentro de las instituciones del Estado y de la ineficiencia administrativa; y los empresarios privados le echan la culpa al gobierno cuando todos sabemos que son tan responsables como el gobierno de la asfixia de nuestra economía. Pero quienes realmente pagamos los platos rotos de esta pelea de víboras somos el pueblo trabajador. Mientras ellos se disputan a muerte el control de la renta petrolera, nosotros somos los que pasamos hambre y trabajo.
Como Plataforma del Pueblo en Lucha y del Chavismo Crítico, le preguntamos hoy a la Defensoría del Pueblo: ¿Quién vela por nuestros derechos? ¿Quién nos defiende ante tantos atropellos y ante este juego macabro de las cúpulas, que nos ponen a pagar el precio de la crisis, mientras ellas comen a sus anchas sin importarles el hambre del pueblo? ¿Quién da la cara por los millones de niños y niñas que pasan hambre diariamente por falta de comida y que padecen enfermedades por falta de medicina o de atención médica?
Le exigimos a la Defensoría que se pronuncie a favor del pueblo, exigiéndole al gobierno que responda por las empresas nacionalizadas desmanteladas, por los hechos de corrupción en la Corporación Venezolana de Alimentos (Cval) y en la Red de Abastos Bicentenario, por la inoperancia, en plena crisis alimentaria, de la burocracia dentro de las empresas del Estado encargadas de nuestra alimentación, como Lácteos los Andes, empresa Diana y la Corporación Venezolana del Café, entre otras empresas.
Que le exija al gobierno que responda por la ineficiencia de la Superintendencia de Precios Justos (Sundee), que no controla ningún precio, por la corrupción de los cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, quienes amparan y se benefician descaradamente del “bachaqueo” y el contrabando, así como por la inoperancia de los Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), los cuales no cubren las necesidades ni de la mitad de la población y que distribuyen los productos de forma totalmente arbitraria y en función de criterios puramente oportunistas y clientelares. También exigimos que la Defensoría se pronuncie en relación con la última farsa anunciada, que lleva ahora el nombre de “Gran Misión Abastecimiento Seguro” y que representa un reconocimiento tácito del fracaso de todos los anteriores intentos por enfrentar la crisis y que significa una peligrosa profundización de la militarización de la sociedad.
Que responda por la fuga de al menos 300 mil millones de dólares entregados por el Ejecutivo a empresas de maletín y empresas reales que desfalcaron a la Nación con importaciones fraudulentas.
Que responda por la entrega gubernamental del Arco Minero del Orinoco a las transnacionales y por su desfachatez al señalar que existe una “campaña imperialista” para impedir la explotación del mismo, como lo declaró el Presidente Maduro el día 11 de julio en cadena nacional.
Que responda por la cínica e inmoral versión gubernamental según la cual la escasez de comida y medicinas es producto de la caída de los precios del petróleo, cuando sabemos que en esta crisis influyen la corrupción y la incapacidad de muchos burócratas gubernamentales, ya que durante años el barril de petróleo estuvo por encima de 100 dólares y esto no se tradujo en bienestar para el pueblo trabajador.
Que responda por el deterioro intolerable de los sueldos del pueblo trabajador, que no alcanza ni para sobrevivir cinco días, y por la vergonzosa liberación de precios decretada por el Gobierno, que significa un aumento de hasta 1000 % de los productos de primera necesidad, así como por el aumento de las tarifas a las operaciones bancarias que benefician brutalmente a los banqueros en detrimento del pueblo y que develan el carácter burgués de este gobierno.
También le exigimos a la Defensoría del Pueblo que condene públicamente y tome acciones contra las empresas privadas y los comerciantes que le causan un daño criminal al pueblo, especulando hasta niveles jamás vistos, aumentando los precios de forma grosera, contrabandeando descaradamente y aplicando el acaparamiento y la distribución a cuenta gotas para luego exigirle al gobierno que aumente los precios, cuestión que es aceptada por éste y concretada en el Consejo Nacional de Economía Productiva en acuerdo con los empresarios.
Llamamos a todos los activistas populares de nuestras comunidades urbanas, a los dirigentes campesinos, a los activistas y luchadores obreros, a los indígenas, a los estudiantes y jóvenes luchadores comprometidos con el pueblo a reagruparnos en un gran frente de lucha, plenamente autónomo de las cúpulas del Psuv y de la MUD, que se movilice organizadamente en las calles del país, en las comunidades, en nuestros sitios de trabajo y estudio, contra el paquetazo de ajuste que aplica el gobierno en acuerdo con el sector privado. ¡Es urgente construir una alternativa política a la polarización burguesa y burocrática encarnada por el gobierno del Psuv y la MUD!
¡Salgamos a la calle a exigir respeto! ¡Si la Defensoría del Pueblo no se pronuncia ni le responde al pueblo tomando acciones contundentes en contra de las mafias, se vuelve cómplice de ellas! ¡Y si mañana estalla la rebelión popular, no salgan los burócratas y empresarios a criminalizar al pueblo! ¡No hay pueblo vencido! ¡Ni burocracia ni capital!
Julio / Agosto de 2016
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