Por: Partido Socialismo y Libertad (PSL)
Poco duró el demagógico discurso oficial acerca del agotamiento del “modelo rentista”. El gobierno ha anunciado el 24 de febrero la profundización de la explotación minera bajo la modalidad semicolonial de enclaves de capitales extranjeros asociados al Estado venezolano en empresas mixtas. Dando continuidad al paquete de medidas antipopulares de ajuste con las que el gobierno pretende reflotar la decadente economía capitalista venezolana.
El presidente Maduro ha anunciado el plan entreguista de mayor alcance desde la Agenda Venezuela de Caldera y Petkoff, al firmar una serie de concesiones mineras que avalan un saqueo y destrucción sin precedentes en el llamado Arco del Orinoco, incluyendo el proyecto de la mayor mina aurífera a cielo abierto del continente.
Luego de aumentar el precio de la gasolina y de los alimentos, decretar un aumento del salario mínimo muy por debajo del índice inflacionario, y extender el cobro de Impuesto Sobre la Renta a trabajadores cuyos ingresos apenas superan el salario mínimo, el gobierno anunció la entrega de los yacimientos de oro, coltán y diamantes a empresas transnacionales. En las empresas mixtas acordadas, los capitales privados tendrán hasta un 45% de la participación accionaria. Los recursos obtenidos en primera instancia irán al pago de deuda externa. También se aumentó la participación del capital transnacional en empresas mixtas petroleras, como la rusa Rosneft, que compró acciones pertenecientes a Pdvsa para aumentar su participación de 16, 6% a 40% de las acciones de Petromonagas.
Para la certificación de las reservas mineras, se firmaron contratos con más de un centenar de empresas de más de treinta países. Se trata de un territorio de más de cien mil kilómetros cuadrados que sería sometido a la rapiña imperialista.
El gobierno viene tomando medidas como la sanción de la Ley para el Desarrollo Productivo Minero 2016-2018, aprobada el 30 de diciembre, a pocas horas de culminar el mandato de la Asamblea Nacional saliente, o más recientemente la creación de una compañía militar minera y petrolera, Camimpeg.
Los acuerdos son tan leoninos que la empresa canadiense Gold Reserve, que había demandado al Estado venezolano ante tribunales internacionales alegando incumplimientos contractuales y exigiendo el pago de 750 millones de dólares, depuso sus exigencias y aceptó un acuerdo de inversión que implica el desembolso de cinco mil millones de dólares, de los cuales dos mil millones corresponden a un crédito al Estado venezolano, dos mil millones como inversión en las minas y mil millones como pago de comisión por la adjudicación del contrato.
Estos ingresos, se dirigirán de manera prioritaria al pago de deuda externa. A menos de una semana del anuncio de los entreguistas acuerdos mineros, el gobierno de Maduro pagó 1.543 millones de dólares por concepto de intereses de deuda externa, llevando las reservas internacionales a su nivel más bajo desde el fin del sabotaje petrolero de 2002-2003, apenas 13.501 millones de dólares.
Demostrando un cinismo a toda prueba, el gobierno ha dicho que estos acuerdos representan la puesta en práctica de una supuesta doctrina “ecosocialista”, cuando en realidad son acuerdos que lesionan la soberanía, avalan el saqueo, violan los derechos territoriales de los pueblos indígenas y amenazan con una destrucción ambiental sin precedentes.
En realidad, se trata de uno de los más insólitos ataques contra el interés nacional en los últimos veinticinco años. Desesperado por obtener divisas para atender sus compromisos con acreedores internacionales, empresarios nacionales y la cúpula militar, el gobierno demuestra no tener el más mínimo escrúpulo.
Nuestro partido plantea que en lugar de acuerdos leoninos con transnacionales, lo que habría que hacer es expatriar los cuantiosos recursos que se encuentran en la banca de Andorra, en el banco suizo Hsbc, así como los miles de millones de dólares fugados a lo largo de 17 años, y además, no pagar la fraudulenta deuda externa.
Es urgente que las organizaciones obreras y populares, defensores de derechos humanos, ambientalistas, y activistas de izquierda, nos pronunciemos y emprendamos acciones contra los planes mineros del gobierno.
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