Conflicto tras conflicto

Por María Esperanza Hermida

A la manida excusa de enemigos externos en EEUU, Guyana y Colombia, se adicionó la supuesta lucha contra el enemigo interno y todo ello sirve de justificación al gobierno para sostener la declaratoria de estado de excepción en varios municipios fronterizos (en la proximidad de una campaña electoral parlamentaria). Este discurso justifica también la deportación masiva e indiscriminada de personas de nacionalidad colombiana, irrespetando pactos, convenios, tratados y demás instrumentos que establecen garantías para el respeto a los derechos humanos en el marco de la realización de estos procedimientos.

Pero como se ha venido documentando a lo largo de los últimos años, muchas de las principales vulneraciones las hallamos en el caso de los trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones gremiales y sindicales.Una prueba de esta aseveración lo constituye la práctica de negar la certificación de registro a los sindicatos, entorpeciendo el ejercicio de la sindicalización como parte del derecho a la libre asociación con fines lícitos. Esta práctica del Ministerio del Trabajo viola el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 95 de la Constitución.

Un sindicato desconocido por la autoridad del trabajo es un ente que de hecho, no existe y al cual no se le respeta. Se trata de una organización que, sin tal certificación, carece de cualidad para representar a su base afiliada y no puede discutir ni defender la contratación colectiva. Ni el Estado en su rol de empleador, ni la empresa privada reconocen a una organización sindical “no certificada”. Recordemos que el convenio 87 de la OIT establece el derecho a sindicalizarse sin más requisito que la sola voluntad de la gente para organizarse en pro de defender sus derechos.

En la condición de sindicatos “no certificados” podría estar más de la mitad de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras existentes en el país, si tomamos la cantidad de sindicatos que han efectuado su proceso electoral entre el año 2009 y 2014. Según la gaceta electoral del CNE, 1.687 sindicatos realizaron sus elecciones entre 2011 y 2014, de un total de 1.758 organizaciones que han efectuado sus comicios desde 2009. Ello significa que el Ministerio del Trabajo debió emitir tantas certificaciones como número de sindicatos están al día en materia electoral. Sin embargo las centrales sindicales del país han denunciado que el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales (RENOS) -dependencia responsable de la certificación-, no expide el documento de registro.

Si menos de la mitad de la población económicamente activa en 2014 contaba con un empleo fijo y a ello aplicamos la tasa de sindicalización determinada por la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), que era del 20%, tenemos que más de dos millones y medio de personas, especialmente en el sector público, no tienen acceso a los beneficios derivados de la actualización de la contratación colectiva porque el Estado impide a sus sindicatos la cualidad para representarles.

Definitivamente se trata de otra olla de presión que en tiempos de pobreza generalizada e incontrolable inflación, puede estallar en una espiral de conflictividad social con tinta sindical.