El presidente Nicolás Maduro ha llevado los ataques del gobierno contra las organizaciones de defensa de los derechos humanos a un nuevo nivel. En cadena nacional de radio y televisión, Maduro acusó al Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), de ser un partido político financiado por el gobierno de los EEUU, y aseguró que quien fuera su Coordinador General hasta hace poco, Marino Alvarado, era un “infiltrado” de los cuerpos policiales en la izquierda durante los 80. Acusaciones extremadamente graves que pueden servir para preparar agresiones legales o incluso físicas contra sus miembros.
No es la primera vez que el gobierno ataca en sus discursos y con acciones represivas a defensores de derechos humanos. Es pertinente recordar algunos casos, como la arremetida militar contra un grupo de defensores de derechos humanos y activistas de medios comunitarios que intentó visitar la comunidad indígena yukpa de Chaktapa en agosto del año 2008, que entonces era sitiada por los militares bolivarianos, con un saldo de varios heridos y detenidos. Los ataques del gobierno contra Provea a propósito de la denuncia de abusos militares y policiales en el marco del desastre de Vargas en 1999, aunque luego se admitió oficialmente la existencia de abusos y ello llevó a la renuncia del jefe de la policía política. O las acusaciones del entonces ministro Ernesto Villegas contra Provea en el año 2013, cuando planteó que la organización era una “retaguardia del fascismo”, por haber publicado un informe que demostraba que el gobierno había mentido sobre la quema de varios Centros de Diagnóstico Integral (CDI). Provea demostró que si bien algunos centros asistenciales habían sufrido ataques, presuntamente por parte de activistas pro-MUD, ningún CDI había sido quemado. Provea también fue demandada junto con otra organización de defensa de los derechos humanos, la Sociedad Homo et Natura, por haber prestado colaboración a una protesta de indígenas yukpa ante el Tribunal Supremo de Justicia por la liberación del cacique Sabino Romero y Alexander Fernández, presos políticos a los que el gobierno quería obligar a abandonar la lucha por su territorio. Según el gobierno, las familias yukpa que protestaban en julio de 2010 habían utilizado a niños como “escudos humanos” ante las posibles medidas represivas de las autoridades, y las organizaciones que habían colaborado con la protesta eran sus cómplices.
El contexto de la nueva arremetida del gobierno contra Provea es la campaña xenófoba impulsada por Maduro bajo la forma de la suspensión de garantías constitucionales en el estado Táchira, la realización hasta el momento de más de mil deportaciones de ciudadanos colombianos en menos de 72 horas, y la demolición de más de seiscientas viviendas. Maduro no solo culpa a la población colombiana de ser responsable de la escasez de alimentos y productos básicos, acusándola de contrabandear, sino que incluso ha dicho que la criminalidad violenta que azota al país tiene entre sus causas la llegada de delincuentes del vecino país. Tal y como hace pocas semanas el gobierno trataba de desviar la atención de los problemas internos avivando un diferendo territorial con Guyana, ahora remueve las pantanosas aguas del nacionalismo xenófobo para ganar respaldos. La desesperación del gobierno crece a medida que se acercan las elecciones parlamentarias y desciende su base social de apoyo, de ahí que sus iniciativas sean cada vez más peligrosas.
Para que esta campaña gubernamental tenga algún éxito, Maduro quiere silenciar a quienes llaman a las cosas por su nombre y desenmascaran el discurso anticolombiano de Maduro. Si bien Provea, como muchas ONG incluyendo las ligadas al chavismo, recibe financiamiento multilateral, es falso que reciba dinero de agencias yanquis. En realidad, la acusación de Maduro puede estar en parte motivada por el hecho de que Provea viene denunciando la vinculación de militares del alto gobierno con la Escuela de las Américas, incluyendo al ministro del Interior y Justicia, Gustavo González, quien recibió cursos en Fort Benning en 1991. La revelación de esta verdad incómoda, que una parte del alto gobierno que se hace llamar “socialista” y “antiimperialista” se haya formado en una escuela de torturadores y genocidas creada para tal fin por el imperialismo yanqui, hace que Maduro huya hacia adelante con calumnias y amenazas.
También molesta al gobierno que Marino Alvarado, quien fue un preso político de izquierda durante los años de la brutal represión puntofijista, haya defendido legalmente a perseguidos políticos vascos y colombianos a quienes las autoridades chavistas pretendían deportar ilegalmente, como el caso de Iñaki Etxebarria en 2009. Que se haya denunciado la participación del diputado del Psuv Roger Cordero Lara en la Masacre de Cantaura. O que se hayan puesto en evidencia las ejecuciones extrajudiciales en el marco de los despliegues militares y policiales llamados OLP. Estos son los verdaderos motivos de la persecución gubernamental en contra de Provea, la cual se produce en un marco general de criminalizacion de la protesta social y restricción de las libertades democráticas. Por ello repudiamos de manera contundente estos ataques y llamamos a todas las organizaciones obreras y populares a pronunciarse en el mismo sentido.
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