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miércoles, 25 de febrero de 2015

Una devaluación con represión




Esperanza Hermida
Provea

Mientras el gobierno habla de las mil y una guerras, el salario se pulverizó con la modificación del sistema cambiario. En paralelo, la inseguridad cobra cada día nuevas víctimas entre los más pobres. Las fuerzas del Estado aseguran la patria...

Con una operación matemática básica, si calculamos el valor del salario mínimo a la tasa SIMADI, concluimos que su descenso es dramático.

El salario mínimo no se puede calcular a tasa preferencial de Bs. 6,30 por dólar, ya que ese tipo de cambio lo tiene reservado el gobierno para operaciones de importación de medicamentos y alimentos.

Tampoco se puede medir a la tasa de Bs. 12 por dólar, pues ese patrón cambiario es exclusivo de las transacciones para viajar al exterior, incluyendo consumos de personas naturales.


El poder adquisitivo del salario debe medirse conforme al dólar ofertado a través de las casas de cambio y sistema bancario. Eso equivale a dividir el monto del salario mínimo entre Bs. 171 o 170 por dólar (tasa SIMADI).

Esta reducción drástica de la remuneración pasó casi desapercibida en términos de reacción política y social, gracias al aumento de la represión y especialmente la semana pasada, producto de la detención del Alcalde Ledezma.

En un país donde aumenta la inflación, la escasez de medicamentos y comida, la inseguridad y la corrupción, la verdad es que los más pobres viven un indiscutible y creciente retroceso en su calidad de vida, que no es resuelto eficazmente.

El gobierno, lejos de afrontar esta situación, relanzó el guión del enemigo externo e interno, incluyendo vuelos de Tucano y despertando al fantasma del golpe, con el claro objetivo de ahogar cualquier rechazo popular que pueda expresarse contra sus políticas.

Así, medio de un concierto de decretos leyes que fortalecen oscuros esquemas represivos y que se erigen contra las posibilidades de ejercer el derecho democrático a la manifestación pacífica del descontento, el gobierno impuso un intempestivo decreto de días no laborables y suspensión de las clases, extendiendo el asueto de carnaval.

Mientras tanto, entró en vigencia la Resolución 008610 que autoriza el uso de armas de fuego en las manifestaciones. Además, se decretó el Sistema de Protección para la Paz, que conmina a las personas a delatar a otras personas, por la suposición de realizar actos contrarios a la seguridad de la patria. También, el TSJ suspendió las elecciones de SUTISS y las inspectorias del trabajo autorizan despidos que evaden la inamovilidad laboral.

Un deportista adolescente tricampeón nacional, fue muerto la semana pasada a manos de la delincuencia en Carapita, Caracas. La razón? no tener celular. Se trata de otro hijo asesinado en una barriada pobre. Otro luto que se suma al de las miles de familias que sobreviven con ese salario mínimo, hoy devaluado. La fuerza pública ese día y en el momento de su agresión, estaba defendiendo a una patria cada vez más difusa.



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