Grandes deudas con la Constitución,
económico venezolano: contaminación,
militarización, atropellos y guerrilla Por Oscar Medina
La explotación de oro y diamantes ha movilizado a grupos armados a territorio nacional (Cortesía)
El Universal
11.01.2015
Petróleo y gas. Oro y diamante. Coltán, carbón, hierro, bauxita, cobre. La economía venezolana es extractiva: sacar de la tierra y vender. Cada vez más. El Plan de la Patria 2013-2019, promete duplicar la producción de petróleo y gas. Más extracción, más minería. Y más tierras afectadas, más ecosistemas en riesgo. ¿Se ha preguntado por qué no se escucha casi nada sobre las consecuencias ambientales y sociales de estas actividades? ¿Por qué los ambientalistas no hacen ruido como antes? ¿Por qué en Venezuela, a diferencia de buena parte de Latinoamérica, esto no es objeto de discusión?
Preguntas como esas se hicieron Rafael Uzcátegui y Lexys Rendón, de la organización civil Laboratorio de Paz: "Al mirar el mapa de conflictos actuales en América Latina la resistencia a proyectos de gran minería está en primer orden", explica Uzcátegui: "Todas las comunidades indígenas y los ambientalistas están en esa lucha. Pero aquí no. ¿Cómo es posible que no sea así en un país petrolero y de vocación extractivista?".
No se trata de que las cosas en minería y explotación de hidrocarburos se estén haciendo de forma tan correcta que no generen preocupación alguna. Se trata de algo más delicado y menos deseable.
"Se debe, en primer lugar, al proceso de institucionalización y cooptación de los movimientos indígenas y ambientalistas que ha tenido como consecuencia que estas organizaciones pierdan su agenda o asuman los argumentos de la agenda polarizada del país", señala Uzcátegui: "Y en segundo lugar, al hecho de que los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro han mitificado a la extracción minera y petrolera con el argumento de que gracias a ellas se pagan las misiones y la lucha contra la pobreza".
El equipo de Laboratorio de Paz recorrió zonas clave y recogió de primera mano testimonios de comunidades indígenas que, pese a sus inclinaciones políticas hacia el oficialismo, no dudan en tratar de denunciar lo que les afecta: "En general esas organizaciones indígenas se atreven más a alzar la voz aunque se identifiquen con el chavismo porque viven el problema y lo entienden con claridad", apunta Uzcátegui. Ese trabajo en campo identifica puntos importantes: el extractivismo constituye el centro de la economía y esto genera problemas ambientales y sociales que no se atienden. El extractivismo, además, ha venido violentando mandatos de la Constitución. "Y esto no solo no se discute, sino que no se protesta", advierte.
Por encima de todo
"Las actividades de exploración y comercialización de recursos minerales y energéticos son realizadas por el Estado venezolano", puntualiza el informe sobre extractivismo hecho por Laboratorio de Paz. La fórmula que abre la participación de capitales privados o foráneos es la de empresas mixtas. Esto, que ya es sabido, se recalca por algo importante: el gran explotador de los recursos es el Estado y es al mismo Estado al que le toca velar porque las cosas se hagan dentro de las normas.
"En la década los noventa se denunciaba la 'ofensiva' neoliberal en la zona", recuerda Uzcátegui: "Pero estamos en un momento diferente. Desde 2005 la explotación se hace a través de empresas mixtas y es el Estado el responsable de atraer inversiones y también de la explotación y la contaminación que genera la actividad. Por eso se habla de un neoextractivismo en el que los Estados promocionan territorios para explotar los recursos naturales".
El informe señala que el Estado falla. Tanto la explotación de nuevos yacimientos de petróleo y gas como la conformación de empresas mixtas se hacen violando normas de la Constitución: "En primer lugar la no realización y difusión de los estudios de impacto ambiental, tal como se encuentra expresado en el artículo 129 de la CRBV: Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural. Un segundo precepto incumplido es el relativo a la obligatoriedad de realizar procesos de consulta previa, libre e informada, a los pueblos y comunidades indígenas, tal como lo expresa el artículo 120 de la CRBV: El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitat indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas".
"Ambas obligaciones han sido sistemáticamente incumplidas por el Estado", asegura Uzcátegui.
El informe destaca otra información recogida en las visitas: "En opinión de las organizaciones defensoras de los pueblos indígenas otro derecho afectado por la expansión de la economía extractivista ha sido la demarcación y entrega de títulos colectivos de tierras indígenas, como lo expresa el artículo 119 de la CRBV. El propio texto constitucional, en su disposición transitoria decimosegunda, estableció un plazo de 2 años para la demarcación de hábitat indígena, sin embargo, 15 años después apenas se ha demarcado menos del 5% del total de territorios indígenas en el país".
Carbón y verdes
En diciembre del año 2010 el Gobierno anunció la creación de "distritos militares" con el objetivo de "garantizar la defensa integral de la nación".
El distrito militar número 1 se instaló en el Municipio Guajira, Zulia, con la misión de atender una emergencia por lluvias e inundaciones en territorio wayúu. Para su creación fueron notificados los consejos comunales en lugar de consultar a las organizaciones tradicionales indígenas. De acuerdo al informe, les dijeron "que la presencia militar en el territorio sería para la construcción de infraestructura y la gestión de programas sociales y de desarrollo en beneficio de las comunidades".
El documento explica: "4 años después las organizaciones indígenas denuncian que la presencia de los militares no ha traído los beneficios prometidos a la población y que la verdadera razón de es generar condiciones favorables de desplazamiento de comunidades para la construcción de infraestructura portuaria y vial destinada a actividades extractivas".
Citan también a un líder wayúu: "El Estado no está gobernando militarmente por una razón: Pararú, que es parte de un puerto de aguas profundas con el que se gastará menos para el transporte y embarque de carbón".
A lo que se refiere es al proyecto Puerto América, un complejo de grandes obras que incluye dragado de ríos y canales de navegación para sacar carbón en función de un aumento de la producción -estimado por la Gobernación de Zulia- de 7 millones de toneladas a 12 millones para el año 2016. La meta a largo plazo es producir 22 millones de toneladas de carbón.
Sí, carbón.
"Organizaciones ambientalistas han denunciado las consecuencias ambientales y sociales de la construcción de este puerto cuya finalidad es rellenar playas en las islas San Bernardo, San Carlos, Pájaro y Zapara para construir, mar adentro, muelles carboníferos y patios petroleros. Alrededor de 20 mil personas directa e indirectamente, subsisten por la pesca artesanal por lo que quedarían arruinadas y el impacto ambiental de un dragado y el depósito de enormes cantidades de sedimentos y metales en el fondo del Golfo, sería de proporciones considerables y desconocidas ante la ausencia de un estudio de impacto ambiental", detalla el informe.
La ocupación castrense ha disparado problemas de convivencia: "Desde el inicio del distrito militar en territorio wayúu, el Comité de DDHH de la Guajira contabiliza 13 presuntos ajusticiamientos, 15 casos de tortura y 60 allanamientos ilegales practicados por efectivos militares. Además, las organizaciones regionales señalaron a Laboratorio de Paz que 760 indígenas wayúu están siendo procesados en tribunales, acusados de 'contrabandistas'".
Este es el punto álgido: la práctica del "bachaqueo" parece haberse convertido en un estigma para todo el pueblo wayúu.
Explica Uzcátegui que los uniformados están obstaculizando prácticas ancestrales como el velorio wayúu: "La familia del fallecido debe recibir a un numeroso grupo de personas, pueden ser 200 o 300 y tienen que disponer de comida para ofrecerles durante varios días. Pero los militares impiden que lleven los alimentos a los lugares de velorios y esto, que es parte de la cultura wayúu, ahora no lo pueden seguir haciendo porque los acusan de contrabando".
¿También las Farc?
El 31 de octubre la Defensoría del Pueblo del estado Bolívar recibió una denuncia sobre la presencia de guerrilleros de las Farc en territorio indígena. Cuatro personas armadas y vestidas de camuflaje pasaron por las comunidades Eñepa y Jodi, en el sector Ma¿tura.
La denuncia, hecha por jefes, consejeros y miembros de las poblaciones Eñepa y Jodi, fue divulgada por organización Provea: "El testimonio afirma que los 4 presuntos irregulares fueron recogidos por una avioneta de las Fuerzas Armadas, los cuales serían trasladados a Ciudad Bolívar. El diálogo entre los miembros del ejército y los indígenas, como se describe, no deja de ser curioso: 'Nosotros le preguntamos al comandante de los militares si ellos tenían algún problema con los guerrilleros, a lo que respondió el comandante: Que no se preocuparan, que eran conocidos y amigos y que también eran revolucionarios bolivarianos, siempre estamos en contacto con su jefe'".
El informe de Laboratorio de Paz reporta problemas similares en otras regiones: "La COIAM, Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Venezolana, ha denunciado que "garimpeiros" ilegales provenientes de Brasil, junto a grupos irregulares de la guerrilla colombiana así como venezolanos, practican la minería ilegal destruyendo una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo en busca de oro, diamantes y coltán. Survival International, calcula que hasta 4.000 mineros ilegales -o garimpeiros- actúan en la zona. El Gobernador del estado indígena de la etnia Baniva afirmó: 'La explotación ilegal de oro se hace de alguna manera con el beneplácito de las Fuerzas Armadas. Cuando los indígenas se quejan, inmediatamente son reprimidos'. La deforestación a causa de la minería ilegal en la amazonia venezolana se estima en 1.100 km2 al año".
Otras organizaciones también suman quejas: Horonami alerta sobre el reclutamiento de yanomamis como mano de obra barata en explotaciones mineras en la selva amazónica. Y Oipus, grupo Wottuja Piaroa, "denunció la presencia de grupos ilegales armados, que restringen el paso a sus espacios sagrados y el aumento de la minería trayendo como consecuencias, enfermedades, drogadicción y prostitución". A esto se suma la contaminación de ríos y las alteraciones en los patrones culturales. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Ninguna. Pese a que esto se ha denunciado de manera formal.
Aunque sí, hubo una: en marzo se decidió aumentar la explotación de oro y diamantes al Sur del Orinoco. Y otra vez sin consultas ni estudios de impacto ambiental.
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