Que le corten la cabeza

Osmary Escalona, despedida del Hospital Pastor Oropeza, Edo Lara

Esperanza Hermida

La frase utilizada por la reina de corazones del conocido cuento infantil, permite simbolizar una política de Estado en Venezuela: la persecución contra la gente que defiende derechos. Este mecanismo –históricamente inútil- apenas si llega a acallar temporalmente las demandas sociales, ya que no resuelve el problema. Un ejemplo de ello es la salud pública.

Frente a la crisis del sector, las denuncias de la población usuaria y de quienes laboran en centros de salud, el Estado niega la realidad al tiempo que implementa el despido o la “jubilación" del personal y la criminalización de sindicalistas. Lo acertado y responsable sería investigar, adoptar los correctivos y no atacar al mensajero.

Hay varios casos de violación al derecho al trabajo, a exigir derechos y a la libertad sindical, en el sector salud. Uno es el del médico Huníades Urbina, jefe de servicios de urgencia del emblemático Hospital JM de Los Ríos, en Caracas. El otro es el de la trabajadora y sindicalista Osmary Escalona, quien laboraba en el Hospital Pastor Oropeza de Barquisimeto.

Urbina fue jubilado antes de tiempo, ya que no reúne el requisito de la edad cronológica. La resolución del Ministerio de Salud que jubila al médico pediatra desde el 1º de julio, le excluye de laborar en un centro de salud cuyo déficits está en el orden de los 70 especialistas. El médico dirigía el posgrado de Medicina Crítica y había denunciado aguas negras en el área de emergencia del Hospital.

Mientras tanto, organizaciones como Cecodap y Provea, esperamos las resultas del proceso iniciado ante la administración de justicia, buscando amparo y garantía al derecho a la salud de la población destinataria de los servicios de este centro de salud, compuesta por niños, niñas y adolescentes en su mayoría pobres y pobres en extremo.

Osmary Escalona, es una humilde camarera, madre de familia, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del IVSS del estado Lara. Ella exigió a las autoridades del Hospital de Barquisimeto y al Presidente del IVSS, el cumplimiento de los estándares de almacenamiento de un lote de cajas con soluciones fisiológicas, que indebida y negligentemente habían sido dejadas a la intemperie. En vista del silencio frente a su solicitud, hizo pública a través de la prensa, la denuncia del riesgo que implicaba la situación para la salud de la población.

La respuesta del Estado a Osmary Escalona fue la declaratoria con lugar de una calificación de despido solicitada en su contra por la Directora del Hospital. Así, la Inspectoría del Trabajo de Barquisimeto, convalidó el despido de la sindicalista, que deja tras de sí 13 años de servicios, y una estela de acciones de lucha a favor de las personas que representaba en su organización. Ahora ella deberá asumir un largo proceso de reclamo de su reenganche.

Cortando cabezas, violando derechos y reprimiendo protestas, no se resuelven crisis. Menos en el sector salud venezolano: el Clínico Universitario de Caracas lo prueba.