Esperanza Hermida
Provea
Desde abril 2014, Datanálisis advierte que la principal preocupación de la población es el desabastecimiento, tema que superó por primera vez a la inseguridad, como angustia nacional en los últimos años
En un contexto de crisis económica, la realización plena de los DDHH pasa necesariamente por exigirle al gobierno la adopción urgente de medidas efectivas (no efectistas), orientadas a resolver las causas estructurales que dispararon el desabastecimiento y la inflación. Esas son las razones que empujan a los más pobres a manifestar porque no encuentra comida, ni salud, salarios dignos o agua. No hay ni elementales autopartes de vehículos.
Desde abril 2014, Datanálisis advierte que la principal preocupación de la población es el desabastecimiento, tema que superó por primera vez a la inseguridad, como angustia nacional en los últimos años. En mayo, el INE señaló que la pobreza subió 6,1% y el CENDAS de la FVM, informó que en el mes de junio la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) llegó a Bs. 11.956,76, mientras el salario mínimo es de Bs. 4.251,40.
Esta situación venía agudizándose desde 2013, pero el gobierno no la resolvió sino que anunció la creación de las "Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral", el "Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía" (para garantizar la seguridad alimentaria), y el "Estado Mayor Fronterizo Cívico Militar" (para atacar el contrabando).
Ante la corrupción, el 19.11.2013 la AN sancionó una Ley Habilitante dotando al Presidente de poderes especiales. Este año, el gobierno creó la "Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos" (Ley de Precios Justos), el "Estado Mayor Especial para el Abastecimiento de Alimentos", y el "Estado Mayor de Desarrollo Económico".
Ninguno ha funcionado. Amén de que sus nombres evocan un lenguaje militarista que en nada ayuda. Para colmo, hace apenas semanas, uno de los principales artífices de la política económica nacional desde el primer gobierno de Hugo Chávez, el exministro Giordani, levantó su voz para decir que se habían cometido una serie de errores.
Lo cierto es que frente a un deterioro creciente del salario real, que según estudios del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), se ubica en el 51,7%, una inflación que bordea 60% y un desabastecimiento crónico que va desde comida hasta medicinas y bombillos, se esfuma la posibilidad de garantizar el acceso a los bienes y servicios básicos indispensables para una vida digna. A ello se suma la corrupción en buena parte de las esferas gubernamentales.
Una de sus causas, señaladas por el presidente Maduro, se encuentra en los mecanismos diseñados para sostener el control de cambios. Por ello, desde Provea insistimos en demandar la instrumentación eficaz de políticas económicas garantes de derechos a los más pobres, mientras contabilizamos protestas de profundo carácter social.
En un contexto de crisis económica, la realización plena de los DDHH pasa necesariamente por exigirle al gobierno la adopción urgente de medidas efectivas (no efectistas), orientadas a resolver las causas estructurales que dispararon el desabastecimiento y la inflación. Esas son las razones que empujan a los más pobres a manifestar porque no encuentra comida, ni salud, salarios dignos o agua. No hay ni elementales autopartes de vehículos.
Desde abril 2014, Datanálisis advierte que la principal preocupación de la población es el desabastecimiento, tema que superó por primera vez a la inseguridad, como angustia nacional en los últimos años. En mayo, el INE señaló que la pobreza subió 6,1% y el CENDAS de la FVM, informó que en el mes de junio la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) llegó a Bs. 11.956,76, mientras el salario mínimo es de Bs. 4.251,40.
Esta situación venía agudizándose desde 2013, pero el gobierno no la resolvió sino que anunció la creación de las "Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral", el "Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía" (para garantizar la seguridad alimentaria), y el "Estado Mayor Fronterizo Cívico Militar" (para atacar el contrabando).
Ante la corrupción, el 19.11.2013 la AN sancionó una Ley Habilitante dotando al Presidente de poderes especiales. Este año, el gobierno creó la "Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos" (Ley de Precios Justos), el "Estado Mayor Especial para el Abastecimiento de Alimentos", y el "Estado Mayor de Desarrollo Económico".
Ninguno ha funcionado. Amén de que sus nombres evocan un lenguaje militarista que en nada ayuda. Para colmo, hace apenas semanas, uno de los principales artífices de la política económica nacional desde el primer gobierno de Hugo Chávez, el exministro Giordani, levantó su voz para decir que se habían cometido una serie de errores.
Lo cierto es que frente a un deterioro creciente del salario real, que según estudios del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), se ubica en el 51,7%, una inflación que bordea 60% y un desabastecimiento crónico que va desde comida hasta medicinas y bombillos, se esfuma la posibilidad de garantizar el acceso a los bienes y servicios básicos indispensables para una vida digna. A ello se suma la corrupción en buena parte de las esferas gubernamentales.
Una de sus causas, señaladas por el presidente Maduro, se encuentra en los mecanismos diseñados para sostener el control de cambios. Por ello, desde Provea insistimos en demandar la instrumentación eficaz de políticas económicas garantes de derechos a los más pobres, mientras contabilizamos protestas de profundo carácter social.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por compartir con todos tus comentarios y opiones