La historia pareciera ser la misma. A mi todavía lúcida memoria vienen los recuerdos de los sucesos ocurridos luego del 18 de febrero de 1983, el famoso viernes negro, durante el gobierno de Herrera Campíns, consecuencia de la malversación de la riqueza generada por los precios altos del petróleo en el mercado internacional. Fue una vorágine de muchos años de inflación, devaluación monetaria, cambio múltiple, quiebras financieras, corrupción indetenible, deterioro salarial, detrimento de la infraestructura del país, insuficiencias presupuestarias, incremento enorme de la deuda externa, disminución de las reservas internacionales, protestas sociales e inestabilidad política del modelo bipartidista.
Tenemos mucha experiencia en relación con lo que sucede y las medidas que tomará el Gobierno supuestamente a favor del pueblo. Fuimos testigos de las propuestas y medidas tomadas en el pasado bipartidista, pero no testigos mudos ni simples espectadores, sino muy activos en nuestras denuncias, en descubrir las causas de lo sucedido, en desenmascarar a todos los actores y responsables de la situación, pero, por sobre todo, en no permitir que se engañara a los venezolanos pobres. Enfrentamos la actitud complaciente de Fidel Castro en reunión en un hotel capitalino, quien trató de justificar la necesidad del presidente Carlos Andrés Pérez de aplicar un paquete de medidas económicas, que colocaba los sacrificios en la gente y no en los responsables.
Muchísimos de quienes están en el Gobierno y fueron adalides de las luchas sociales y políticas contra el paquete de Pérez, la apertura petrolera, el cambio múltiple, contra el endeudamiento externo, la corrupción general y la de RECADI; por mayor presupuesto para las universidades y exigían elevar sustancialmente todos los sueldos y salarios, terminar con la represión de las manifestaciones públicas, por el derecho de huelga, entre otros, hoy, con sus caras muy lavadas, en forma totalmente desvergonzada, apoyan las mismas medidas que rechazaron en el pasado. Ayer eran estudiantes, profesores y líderes sociales y políticos agredidos, detenidos y muertos, hoy agreden, asesinan y detienen a estudiantes, docentes y activistas sociales, pero esas detenciones, a diferencia de las de ayer, son parte de un proceso judicial inconstitucional interminable y de sentencias contrarias al derecho.
¿Las medidas del Gobierno? Nada nuevo bajo el sol. Descansarán sobre los hombros de la gente y contra los intereses estratégicos de la nación venezolana. No importa lo popular que el Gobierno se declare ni el amor por los pobres y la justicia social. Elevarán la gasolina, las tarifas eléctricas, los precios de los pasajes urbanos e interurbanos; habrá un impacto sobre los precios de los alimentos y otros productos de primera necesidad, cuyo transporte es terrestre, en perjuicio principalmente de quienes menos tienen. Los salarios se rezagarán todavía más de lo que están, bajo el argumento de que su aumento es inflacionario y el cinismo siempre presente de que “todos tenemos que poner de nuestra parte”. Ellos malgastaron y se robaron 1,3 billones de dólares ($ 1 x 1012) y la gente tiene que apretarse el cinturón.
Pero no basta lo sucedido. Para nuestra dirección política Venezuela no importa, la “revolución” tiene que mantenerse en el poder “como sea” y se requieren unos miles de millones de dólares para seguir gobernando hasta 2019 y, además, ganar las elecciones en ese momento. Y es aquí donde los sociólogos expertos en economía aparecen y nos repiten las recetas del pasado: “Hipotequemos las reservas petroleras no comprometidas de la Faja del Orinoco”, lo que nos daría unos 200 mil millones de dólares. “Hipotequemos las reservas auríferas”, recomienda el mismo experto, y obtendremos otros 100 mil millones de dólares. “Podemos guaralear” hasta 2019, recomendó otro de los intelectuales del Gobierno, y me imagino que con 300 mil millones de dólares pueden hacerlo. Proponen, nada más y nada menos, hipotecar nuestros activos petroleros y de oro, terminar con lo que queda.
Se trata de hipotecar el petróleo y el oro que nuestros hijos y nietos podrían utilizar como palanca de desarrollo del país, una vez aprendida la lección de que no podemos seguir vendiendo materia prima, combustible fósil, petróleo crudo, sino que tenemos que desarrollar la industria petroquímica y de químicos orgánicos, la ciencia y la tecnología y la educación y capacitación de la población venezolana. El chavecismo, esta revolución falsa, este gobierno demagógico, derrochador, incapaz, indolente y deshonesto, quiere empeñar nuestros activos con lo que compromete aún más nuestro futuro. No le ha bastado haber acabado con nuestro pasado inmediato y nuestro presente, también hay que destruir el futuro. Esto es peor que la apertura petrolera de finales del siglo pasado, que combatimos duramente y que Chávez terminó instrumentando, en la cual los activos son explotados juntamente con empresas extranjeras. Hoy, además, se quiere poner la propiedad de lo que aún no se ha explotado, de lo que está en el subsuelo, en manos de unos compradores de bonos.
Quienes ayer objetamos la apertura petrolera, quienes siempre hemos luchado por el desarrollo nacional independiente, quienes defendemos la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y protegemos nuestros recursos naturales; quienes tenemos como bien supremo los intereses de la nación venezolana y no adherimos posiciones pseudoideológicas, rechazamos con todas nuestras fuerzas este nuevo despojo que se pretende hacer de las riquezas patrias, que además en nada servirá para mejorar el muy deteriorado nivel de vida de nuestra población. ¡Alerta ante el nuevo saqueo!
La Razón, pp A-6, 31-1-2016, Caracas
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