Por: Rafael Uzcátegui
Si uno es de otro lado y llega a Maracaibo, rápidamente se da cuenta que hay, para decirlo sin herir susceptibilidades, algo mal con los wayúus. Una situación que, terminología de derechos humanos, se calificaría como discriminación. Después de las tres de la tarde usted no consigue ningún transporte, desde el terminal de buses de la ciudad, que lo lleve a la Guajira, la tierra donde se concentra el que es, y de lejos, el mayor pueblo indígena de Venezuela. Después de esa hora, para cruzar el río Limón, debe ir hasta un sitio llamado “bomba Caribe”, conocido como “el terminal Guajiro”, en uno de los extremos de la capital zuliana, para tomar un transporte en un terreno baldío y rodeado de aguas negras, desprovisto de cualquier servicio. Con suerte, abordará una “perrera”, camionetas pickup con tablones en la parte de atrás, para estar en dos horas en Paraguaipoa. Esto era antes. Desde diciembre del año 2010, tras la creación de un distrito militar en el municipio, el viaje dura, debido a la cantidad de alcabalas por el camino, el doble. Las organizaciones indígenas de la zona han venido pidiendo la derogación de lo que califican como “militarización” de su territorio y “criminalización” del pueblo wayúu. Y es que el operativo bautizado como “Operación bachaqueo”, de combate al contrabando de extracción, es realizado por los uniformados verde-oliva.
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