Militarización y salarios devaluados signan un año de bajo protagonismo de los trabajadores

En julio de 2014 dirigentes sindicales de todo el país reaccionaron
ante los señalamientos de “mafias” que hizo el presidente de la
Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Foto William Urdaneta / Archivo

Correo del Caroní

Clavel A. Rangel Jiménez 

21.12.2014 

La procedencia civil de Nicolás Maduro y su experiencia en la dirigencia sindical del metro de Caracas suponían, al inicio de este año, que el mandato del heredero político de Hugo Chávez podía entrever un mayor diálogo social y reducir la militarización de la sociedad. Ninguna de estas expectativas se cumplió y, por el contrario, el sector laboral en Guayana vivió un inédito proceso de descomposición institucional.

Por primera vez en 50 años de Guayana el sector laboral quedó en segundo plano ante las manifestaciones estudiantiles que comenzaron en febrero en todo el país, con fuerte acento en Bolívar, uno de los estados con mayor número de detenidos y heridos.

• 6,6 salarios mínimos se requieren para cubrir la Canasta Básica Familiar, calcula el Centro de Documentación y Análisis de la Federación de Maestros (Cendas).

• 75,7% de los hogares de San Félix no pueden adquirir la cesta de alimentos familiar, ya que reciben ingresos inferiores a la canasta alimentaria de la zona, que en julio se ubicó en 12.097 bolívares, de acuerdo con el estudio más reciente del Centro de Investigaciones para la Educación, la Productividad y la Vida (Ciepv) sobre la pobreza.

En el primer trimestre de 2014, el movimiento laboral quedó relegado de la agenda nacional, pese a que comenzaban las tensiones por la discusión de los contratos colectivos y reclamo de pasivos laborales en las empresas básicas.

Las tensiones políticas en el país, sin embargo, favorecieron algunos ámbitos de acuerdos que dieron pie al recibimiento de la Misión de Alto Nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y en lo sucesivo a un acercamiento tímido entre el movimiento de trabajadores y el Ejecutivo nacional.

Y aunque los frutos del diálogo entre el Gobierno y la oposición no arrojó los resultados de pacificación y acuerdo social, en lo laboral abrió la ventana para la revisión de algunos casos de medidas de régimen de presentación impuestas a trabajadores que, a posteriori, fueron flexibilizados como el expediente de Transporte Camila donde 14 trabajadores, entre ellos tres sidoristas, que esperan juicio desde hace siete años.

En general, la política de criminalización de la protesta se mantuvo incólume durante todo el año, que cerró con las detenciones a tres trabajadores de Sidor acusados de tráfico de armas y asociación para delinquir justo tres días después de que el Gobierno terminara a la fuerza la última huelga en la estatal.

Los espacios de diálogo sólo fueron concedidos acorde a la voluntad del funcionario de turno y, en ese sentido, se destacó los esfuerzos del ahora expresidente de la Corporación de Guayana (CVG), Carlos Osorio, en solventar la conflictividad en el sector aluminio al firmar las convenciones colectivas, al definir el pago de pasivos y al abrir un espacio de encuentro para la discusión del futuro productivo de la región.

Empero, el acento militarista quedó al descubierto con el caso Sidor, quizá el más relevante de 2014 por el período que ocupó en protestas, temores de una privatización, nuevos episodios de represión y descalificaciones a la dirigencia sindical.

Mientras en el sector aluminio, el Gobierno se ocupó de cumplir con los pagos acordados en el último trimestre de 2013, el caso Sidor dejó al descubierto la reticencia del Ejecutivo a la crítica cuando los trabajadores comenzaron a cuestionar los índices de productividad y el fracaso administrativo de las gerencias de turno.

La manifestación de los sidoristas obligó el traslado del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y al alto Gobierno que -por primera vez en 15 años de la “revolución”- se atrevió a cuestionar al movimiento sindical al calificarlos de “mafias” y hacerlos responsables de la baja productividad de la acería.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco, Rubén González, fue declarado inocente de los cuatro delitos imputados tras casi cinco años de proceso judicial y 13 audiencias. Foto cortesía Provea / Archivo

Renace el saboteo
La política represiva en Sidor, luego de seis años de ensayo gerencial con números en rojo, ha cerrado en diciembre con una denuncia interpuesta por los presidentes de las estatales, que solicitan investigar presunto “sabotaje”, tal como se hizo en 2009 con la explosión en Midrex.

Los militares han rescatado el argumento del saboteo para justificar la baja productividad. El mismo alegato ha sido usado en Corpoelec, en las empresas del aluminio y Ferrominera Orinoco cuando se produjo una explosión en los sótanos eléctricos de la planta de pellas, casi como una política de Estado; ninguno de esos eventos con investigaciones públicas.

El 26 de enero una Misión Especial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) visitó Venezuela por quinta vez y por primera vez en los últimos 15 años. Los sindicatos pidieron una comisión permanente que facilite diálogo. Foto cortesía Provea / Archivo

Fuera de ley
Mientras un sector del gobierno ha sido flexible a los consensos, el Ejecutivo también se ha mantenido al margen de legalizar las últimas convenciones colectivas y demás acuerdos contractuales.

Ni el sector aluminio, ni ferrosiderúrgico han podido consumar la homologación de los contratos y funcionarios como el presidente de Alcasa y directivo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Ángel Marcano, ha banalizado la importancia de la legalidad “¿qué más homologación que el reconocimiento? Ya el contrato tiene un año. Ya esto está homologado”, afirmó en una rueda de prensa a propósito de la productividad de la reductora.

En Sidor, el contrato colectivo aún no es conocido por todos los trabajadores, tampoco ha sido impresa una copia de la convención suscrita por un sector del sindicato Sutiss y la directiva de la estatal.

El 14 de junio el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Carbonorca, Emilio Campos, falleció en un accidente de tránsito. Su compromiso con la democracia, honradez y solidaridad hicieron de él un gran hombre. Foto William Urdaneta / Archivo

¿Hacia la unidad?
En el ámbito sindical, la visita de la misión de la OIT creó condiciones para el nacimiento de la Unidad de Acción Sindical (UAS), una confluencia plural de movimientos y sindicatos creada para hacer frente a las políticas del Gobierno.

Las amenazas a los trabajadores de Sidor creó, además, consensos entre sectores sindicales dispersos que se unieron para responder a las amenazas del Ejecutivo en contra del movimiento sindical.

Fue así como desde un mismo espacio se vio coincidir tanto a dirigentes sindicales militantes del PSUV como a disidentes del Gobierno que, en 15 años, se habían mantenido distanciados; empero, no hubo avances en la legitimación de ninguna de las centrales sindicales.

¿Un Gobierno de los trabajadores?
El presidente Nicolás Maduro intentó en el último semestre un acercamiento con el movimiento laboral al instalar el Consejo Presidencial del Poder Popular de la Clase Obrera que, explicó, “permitirá dar un salto hacia la conversión de la masa trabajadora del país en un poder político, que proponga y tome decisiones”.

“Ustedes van a convertirse en gobierno directo como clase obrera, desde el propio Palacio de Miraflores”, expresó el mandatario durante el acto de instalación en el Palacio de Gobierno.

En su organización ha participado sólo la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas que, como el resto de los proyectos de centrales, no ha convocado a elecciones por las bases y se comporta como una correa de transmisión del partido de Gobierno.