Levantemos un gran movimiento contra saqueo del Arco Minero del Orinoco

Armando Guerra

El 24 de febrero del 2016, Nicolás Maduro emitió el decreto 2.248, con el que crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, con una superficie de 111. 843 Km2. Comprende los territorios de las comunidades indígenas, Warao, E´Nepa, Hoti, Pumé, Mapoyo, Akawayo, Kariña, Piaroa, Pemón, Ye kwana y Sanemá. Por medio de este decreto se habilita la entrega de concesiones a transnacionales para explotar yacimientos de bauxita, coltán, diamantes, oro, hierro, cobre, caolín, dolomita, y tierras raras. Se trata de un territorio en el que cursan los ríos Cuchivero, Aro, Orinoco y Caroní y en el que existen extensos bosques y selvas tropicales. Es el 12% del territorio del país, y sobre él se pretende llevar a cabo minería a cielo abierto, en sintonía “con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación” y el "Plan de la Patria".

El discurso de la soberanía y el antimperialismo, en la boca de los funcionarios del gobierno es cínico y engañoso. En realidad el gobierno, con tal de sostener los pagos de servicios de deuda externa, está impulsando la conformación de empresas mixtas con transnacionales mineras canadienses y chinas, y de otros países para llevar a cabo un saqueo de enormes dimensiones. No sólo se está planificando la destrucción de un extenso territorio, con los problemas económicos que conllevará el deterioro de las fuentes de energía hidroeléctrica de la región y el deterioro ambiental, sino que además se brindan condiciones excepcionalmente ventajosas a los capitales saqueadores, con un régimen de exoneraciones tributarias totales o parciales del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, otorgado de manera exclusiva a las empresas mixtas en la exploración y explotación del oro.

El Seniat otorgará clasificaciones arancelarias únicas, para las importaciones de mercancías por parte de estas empresas, y ofrece celeridad de los trámites para el desaduanamiento de mercancías importadas por ellas. Así reza el decreto 2.248.

¿Por qué el gobierno recurre a este proyecto?

Los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro gozaron de altos ingresos económicos por concepto de renta del petróleo. Venezuela, recibió 850 mil millones de dólares durante quince años. Recursos, que fueron destinados a subsidiar a la banca privada y a la burguesía importadora, los cuales fueron dilapidados, robados y fugados a través de toda clase de negociados y actos de corrupción, sobre todo mediante la sobrefacturación de importaciones.
Al no haber cambios de fondo en el modelo capitalista semicolonial venezolano, a lo largo de los últimos 17 años, el país quedó vulnerable ante las caídas del precio del petróleo. El decreto 2.248 busca alcanzar recursos económicos de manera urgente para seguir pagando los vencimientos de deuda externa y de esa manera poder seguir accediendo a crédito externo, con lo cual seguirá creciendo el endeudamiento. Ello explica la premura y el secreto que guardan los representantes del gobierno en relación con esta política entreguista; la restricción y control de la información y la castración del debate público en esta materia, que por su importancia y magnitud debería ser consultada y del dominio de los venezolanos, sobre todo de las comunidades indígenas y los trabajadores.

El acuerdo con Gold Reserve: un modelo de saqueo imperialista

El 5 de agosto, en suelo norteamericano, el gobierno de Maduro pactó con la transnacional canadiense Gold Reserve un acuerdo que incluye el pago del laudo arbitral ("indemnización") otorgado a favor de la compañía por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la paralización del proyecto Las Brisas, años atrás. Adicionalmente, Venezuela ha pactado la adquisición de datos de minería de la compañía por $240 millones y las partes han llegado a un acuerdo para la formación de una empresa mixta, que tendrá concesiones para explotar el oro, el cobre y la plata en 18.000 hectáreas, en la zona comprendida como el Arco Minero del Orinoco, incluyendo los depósitos de Brisas-Cristinas.

El gobierno de Maduro, ha firmado en extremo secreto, un contrato lesivo a la soberanía, a los trabajadores y a los intereses nacionales, sólo difundido por medios internacionales. El contrato con la Gold Reserve, servirá de modelo a los otros acuerdos por firmar, con otras 150 empresas hasta el momento desconocidas. De hecho, ya la empresa ruso-canadiense Rusoro, que acaba de ser favorecida por una sentencia a su favor contra Venezuela en el Ciadi, manifestó su interés en llegar a un acuerdo similar al obtenido por Gold Reserve. Gordon Keep, director de dicha empresa, dijo a agencias internacionales que “la empresa buscará un acuerdo, similar al que obtuvo la canadiense Gold Reserve, que firmó a principios de mes un convenio para crear una empresa mixta con el Estado venezolano que aceptó pagarle 769 millones de dólares como indemnización por la nacionalización de sus activos”, (http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/empresas/ciadi-compensara-a-minera-rusoro-con--1-200-millon.aspx#ixzz4ISqXvepw).

El acuerdo de indemnizar a la empresa canadiense, asciende a los $769,6 millones, y constituirá el capital inicial para que esta ejecute sus operaciones en Venezuela, deberá ser cancelado en dos cuotas antes del 31 de Diciembre del 2016. Se exime a la empresa mixta de vender al BCV, el oro extraído, y estará autorizado para exportar y vender su concentrado y barras que contengan oro, cobre, plata y otros minerales estratégicos fuera de Venezuela y mantener los ingresos de tales ventas en una cuenta offshore; y solo pagará una regalía (net smelter return royalty) a Venezuela de 5% durante los primeros diez años de la producción comercial, 6% durante los siguientes diez años y el 7% en los años siguientes. Un escandaloso saqueo.

Clientelismo militar

A la Fanb se le reservan las tareas de salvaguardar, proteger, y mantener la continuidad de las operaciones en la zona que comprende el Arco Minero del Orinoco; y contará con dos herramientas legales. La primera, incluida en el mismo decreto 2.248, es el artículo que expresa la prevalencia del interés general por sobre el particular. “Ningún interés gremial, sindical, de asociación, o grupal, sus normativas, prevalecerá sobre el interés general”. De manera que en este territorio, el Estado, le garantiza a las trasnacionales libertad de acción sin conflictos laborales, y el resguardo de la Fanb, en las instalaciones. El derecho a huelga queda eliminado. Debemos entender por interés general el interés burgués, de adelantar un saqueo a gran escala.

Camimpeg, la empresa militar minera creada por decreto el 24 de febrero, es decir, el mismo día que el decreto 2.248, también intervendrá en el Arco Minero del Orinoco. De manera que la Fanb estará cuidando el desarrollo de los proyectos mineros y también tendrá una participación empresarial. En todo el país, y sobre todo en las zonas estratégicamente mineras, "Las Fanb, (…) tendrán la responsabilidad de salvaguardar, proteger y mantener la continuidad armoniosa de las operaciones y las actividades de las Industrias Estratégicas ubicadas en la zona de desarrollo del Arco Minero del Orinoco, de conformidad con lo dispuesto en todo el cuerpo de leyes diseñadas a ese fin".

La MUD no se opone al saqueo

La Asamblea Nacional emitió una resolución desconociendo el decreto 2.248, publicado en la Gaceta Oficial Nª 40.855. El desconocimiento al decreto 2.248, si bien es un hecho político que refleja el rechazo de gran parte de la población a la política gubernamental, no forma parte de una política para oponerse consecuentemente al saqueo del Arco Minero del Orinoco. Si la AN se pronunció por el desconocimiento del decreto 2.248, ¿por qué no denuncia los acuerdos firmados entre el gobierno y la Gold Reserve? Más aún, ¿cuál es la posición de la MUD ante el proyecto gubernamental? El diputado del estado Bolívar, Américo De Grazia, ha aclarado en varias entrevistas, que la MUD no se opone a la entrega de concesiones a las transnacionales, que su única objeción al modo en que está concebido el proyecto gubernamental es que no se da participación a los empresarios nacionales. En otras palabras, la MUD quiere una tajada para los capitalistas que representa, en el negocio del saqueo minero. Eso explica por qué no hay una posición frontal de denuncia a los planes de saqueo por parte de las transnacionales, y sólo un cuestionamiento formal al proyecto de Maduro.

Plan de la Patria: Plan de las trasnacionales

Muchos compañeros que aún reivindican a Chávez, pero cuestionan a Maduro, y se ubican dentro del llamando “chavismo crítico”, creen que Maduro está desviándose de los lineamientos de Chávez con la política de saqueo minero. Algunos incluso plantean que hay que reivindicar el "Plan de la Patria" de Chávez. Pero ese programa de Chávez es precisamente el que define la línea en la cual se enmarcan los planes del Arco Minero. Veamos lo planteado por el mismo:

"3.1.15.3. Duplicar las reservas minerales de bauxita, hierro, coltán (niobio y tantalita), níquel, roca fosfórica, feldespato y carbón con la certificación de los yacimientos ubicados en el Escudo de Guayana, Cordillera de los Andes, Sistema Montañoso del Caribe y la Sierra de Perijá.
3.1.15.4. Duplicar las reservas minerales oro y diamante con la certificación de los yacimientos ubicados en el Escudo de Guayana, siendo su rol para la construcción del socialismo su utilización como bienes transables para el fortalecimiento de las reservas internacionales.
3.1.15.8. Incrementar la producción de oro y diamante actualizando tecnológicamente las empresas estatales de oro existente, conformando empresas mixtas en las cuales la República Bolivariana de Venezuela tenga el control de sus decisiones y mantenga una participación mayor del 55 % y organizando la pequeña minería en unidades de producción.
3.1.15.9. Conformar empresas mixtas para la explotación y procesamiento de bauxita, hierro, coltán (niobio y tantalita), níquel, roca fosfórica, feldespato y carbón; en las cuales la República Bolivariana de Venezuela tenga el control de sus decisiones y mantenga una participación mayor del 55 %."
En realidad, la entrega del Arco Minero fue delineada por el mismo Hugo Chávez el 23 de agosto del 2011 en una alocución televisada. En dicha alocución Chávez plantea la necesidad de conformar un plan estratégico conjunto de la Faja Petrolera del Orinoco y el Arco Minero. Posteriormente esto fue refrendado de manera expresa en los artículos antes citados del Plan de la Patria.

Es falso que sea Maduro el único responsable de esta escandalosa entrega de nuestra soberanía. En rigor, el Presidente sólo le da continuidad a lo ya plateado por Chávez, hace exactamente 5 años atrás.

¡No al Arco Minero!

Debemos romper y develar la manipulación oficial y denunciar la estrategia de entrega y saqueo transnacional, impulsando la movilización para derrotar los planes del gobierno. Por eso debemos fortalecer la Plataforma Contra el Arco Minero del Orinoco, construyendo un gran movimiento nacional.

El decreto 2.248 busca profundizar el rol de Venezuela en el capitalismo mundial, como proveedor de materias primas. Recrudece su condición semicolonial al abrir más yacimientos mineros a la explotación por capitales transnacionales, tal como ya ocurre en la industria petrolera, en la que están enclavadas empresas como Chevron, Repsol, Total, ENI, y otras, a través de las empresas mixtas creadas por Chávez.

La superación de la crisis económica no pasa por profundizar el saqueo, sino por dejar de pagar la deuda externa, nacionalizar la industria petrolera para que sea 100% estatal, sin transnacionales, y desarrollar la producción agrícola mediante una reforma agraria. El desarrollo económico de la zona del Orinoco debe planificarse democráticamente, con la participación de los trabajadores y los pueblos indígenas.

Alentemos el debate con todos, especialmente los trabajadores petroleros, los eléctricos y de las empresas básicas; la juventud, los estudiantes, los pueblos indígenas. El debate iniciado en los salones universitarios debe seguir, pero hay que extenderlo y tomar las calles. 
Debemos levantar un gran movimiento social que se movilice y repudie esta basta acción de entrega.